El gobierno de Alfredo Cornejo promulgó este martes la Ley 9706, una normativa que regula en Mendoza la recolección, transporte, descarga y disposición final de efluentes cloacales e industriales.
La normativa crea un registro obligatorio, incorpora controles satelitales y fija sanciones para transportistas y operadores.
La iniciativa contempla monitoreo satelital, registro obligatorio y sanciones económicas para infractores.
Foto:
El gobierno de Alfredo Cornejo promulgó este martes la Ley 9706, una normativa que regula en Mendoza la recolección, transporte, descarga y disposición final de efluentes cloacales e industriales.
La iniciativa establece un nuevo régimen de control para camiones atmosféricos, empresas transportistas y operadores de plantas de tratamiento, bajo la órbita del Departamento General de Irrigación (DGI).
La ley fue publicada en el Boletín Oficial y tiene como objetivo ordenar y fiscalizar toda la actividad vinculada al traslado de líquidos cloacales e industriales, incorporando mecanismos de trazabilidad, controles y sanciones para quienes incumplan la normativa.
Entre las definiciones incorporadas por la norma, se establece qué se entiende por efluentes cloacales e industriales, quiénes serán considerados generadores y operadores, y qué requisitos deberán cumplir los camiones atmosféricos encargados del transporte.
También se crea el “Manifiesto de Carga”, un documento obligatorio que deberá acompañar cada traslado y que tendrá carácter de declaración jurada.
La ley determina que el Departamento General de Irrigación será la autoridad encargada de administrar y fiscalizar el nuevo sistema.
Entre sus funciones estarán la habilitación y control de empresas transportistas y vehículos, la implementación del sistema de manifiestos de carga, la autorización de puntos de descarga y la aplicación de sanciones.
Además, Irrigación deberá elaborar informes periódicos con la nómina de empresas habilitadas, suspendidas o sancionadas, garantizando el acceso público a esa información.
También podrá coordinar operativos con organismos provinciales, municipales y nacionales para reforzar controles y prevenir riesgos ambientales.
La normativa crea el Registro Provincial de Transportistas de Efluentes Cloacales e Industriales, en el que deberán inscribirse todas las personas humanas o jurídicas que realicen tareas de recolección y transporte mediante camiones atmosféricos.
Solo podrán operar quienes cuenten con habilitación vigente otorgada por Irrigación. Asimismo, las empresas deberán abonar un canon destinado a sostener los operativos de control para la preservación del recurso hídrico.
La ley también establece responsabilidades diferenciadas para los generadores y transportistas. El generador será responsable de la naturaleza y características de la carga, mientras que el transportista deberá garantizar el correcto traslado y descarga en sitios habilitados.
En el caso de efluentes industriales, será obligatorio que cuenten con un sistema de pretratamiento antes de su transporte.
Uno de los puntos centrales de la normativa es la incorporación de sistemas de monitoreo y geolocalización satelital para los vehículos habilitados.
Según el texto, el objetivo es asegurar la trazabilidad de los efluentes transportados y utilizar esa información como prueba válida en procedimientos administrativos o judiciales vinculados a infracciones.
La ley también prohíbe mezclar distintos efluentes en una misma carga, almacenar líquidos por más de 48 horas, transportar residuos incompatibles o descargar fuera de los sitios autorizados.
El régimen prevé sanciones para generadores, transportistas y operadores que incumplan la normativa. Las penalidades incluyen apercibimientos, multas de entre 100 y 100.000 Unidades Fiscales de Agua (UFA), suspensión de habilitaciones, clausuras y decomisos.
La reglamentación deberá dictarse en un plazo de 90 días desde la promulgación de la ley. Además, los operadores y transportistas que ya se encuentren en actividad tendrán 180 días para adecuarse a las nuevas exigencias y formalizar su inscripción en el registro provincial.