A pesar de la histórica sentencia contra Walter Bento, el Ministerio Público Fiscal elevó un recurso ante la Cámara Federal de Casación sobre prescripciones y absoluciones.
El fiscal Dante Vega lideró la acusación contra el condenado exjuez federal Walter Bento
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Ramiro Gómez / Los Andes Sobre el límite del plazo de presentaciones, el Ministerio Público Fiscal (MPF) elevó un extenso recurso de casación contra la histórica sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza contra Walter Bento y 16 personas más, halladas culpables en el megajuicio.
Tal como había adelantado Los Andes, el MPF recusó las prescripciones y absoluciones que dictó el tribunal el pasado 6 de febrero, pese a la histórica condena de 18 años de prisión que recibió el exmagistrado por delitos de corrupción.
La defensa del exjuez había presentado su propia casación la semana pasada contra la totalidad de la pena dictada en su contra. A ellos se sumaron, con sus respectivos escritos, el resto de los integrantes de la asociación ilícita, a excepción del narco Walter Bardinella Donoso, cuya defensa prefirió no avanzar en ese sentido.
En el documento elevado por el MPF, con la firma de los fiscales Dante Vega, María Gloria André y Diego Velasco, se cuestionó al TOF N°2, integrado por las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá Rivas y María Carolina Pereyra, por una “errónea aplicación de la ley sustantiva”, además de defectos de fundamentación que —según plantean— tornan nulas partes centrales del fallo.
Se trata de una estrategia judicial para ratificar la condena histórica contra el exmagistrado, ya que la prisión de 18 años que recibió fue exactamente la misma pena que solicitó la parte acusatoria. También se busca endurecer penas para otros acusados.
Tras la sentencia, el fiscal Vega explicó en una entrevista con Los Andes que “todo aquello en lo que el tribunal no coincidió con la acusación será llevado a Casación”.
Y señaló que no se trata de un trámite extraordinario, ya que “sucede generalmente ante sentencias contradictorias”. Entonces, advirtió que si la Fiscalía no recurre y los jueces solo reciben agravios de las defensas, “la Casación solo puede modificar una sentencia en favor del imputado”.
Uno de los principales agravios apunta a la decisión del tribunal de declarar prescripta la acción penal respecto de delitos atribuidos a Bento, particularmente los hechos de prevaricato y desobediencia a órdenes judiciales.
Para la fiscalía, el TOF 2 aplicó de manera equivocada los plazos de prescripción al tomar en cuenta la escala penal propia de esos delitos y no la correspondiente a delitos más graves con los que concursan idealmente, como el cohecho pasivo agravado, cuya pena máxima eleva el plazo prescriptivo a 12 años.
El recurso sostiene que esa interpretación contradice el artículo 54 del Código Penal y remarca que, de haberse aplicado correctamente la normativa, la acción penal contra Bento no estaría extinguida.
En ese marco, el Ministerio Público pidió a Casación que anule esos puntos del fallo, declare la responsabilidad penal del exmagistrado por esos hechos y ordene reabrir la etapa de determinación de pena.
Uno de los capítulos centrales del recurso apunta al denominado “Caso 13”, en el que el Tribunal Oral Federal N°2 absolvió al exjuez federal y a los acusados Carlos Federico Barón Knoll, Facundo Mariano Alzogaray Sánchez y Francisco Nicolás Castro Navarro por los delitos de cohecho pasivo agravado y cohecho activo agravado.
La absolución fue dispuesta luego de que el tribunal entendiera que existió una supuesta “falta de congruencia” entre la acusación formulada durante la instrucción y la sostenida luego por la fiscalía durante el juicio oral, lo que —según las juezas— habría colocado a los imputados en una situación de indefensión.
Sin embargo, los fiscales rechazaron de plano esa interpretación y calificaron el razonamiento como arbitrario. Según el recurso, nunca existió una modificación sustancial de la plataforma fáctica ni una alteración sorpresiva de la acusación.
Por el contrario, sostuvieron que desde el inicio del proceso quedó claramente delimitado que el expediente investigaba una maniobra por la cual Barón Knoll habría obtenido su excarcelación en una causa por contrabando agravado mediante el pago de un soborno al entonces juez Bento, a través de la estructura que integraban intermediarios ligados al magistrado.
La fiscalía recordó que esa hipótesis ya había sido convalidada por el juez instructor cuando rechazó los pedidos de sobreseimiento y elevó el expediente a juicio, al considerar acreditados elementos de convicción suficientes para sostener que existieron visitas, gestiones y contactos orientados a concretar esa maniobra ilícita.
En su presentación, los acusadores remarcaron que el TOF 2 omitió valorar prueba considerada clave y pidieron a la Cámara Federal de Casación que anule las absoluciones dictadas en los puntos 20, 31, 32 y 33 de la sentencia, revoque el fallo y declare la responsabilidad penal de Bento, Barón Knoll, Alzogaray y Castro.
El recurso también cuestiona el tratamiento otorgado al abogado Jaime Andrés Alba.
La fiscalía sostuvo que el tribunal omitió unificar su condena con una sentencia previa dictada en 2024 por amenazas, pese a que todos los hechos debían computarse bajo reglas de concurso real.
Por eso reclamó que se deje sin efecto la pena actual y se le imponga una pena única de ocho años de prisión, con 10 años de inhabilitación para ejercer la abogacía.
Otro de los cuestionamientos apunta al excomisario José Gabriel Moschetti. Aunque fue condenado como miembro de la asociación ilícita, la fiscalía advirtió que el tribunal omitió aplicar la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos durante 14 años, pese a que la propia sentencia reconoce que utilizó su jerarquía policial para aportar información y facilitar maniobras funcionales a la organización.
El recurso también atacó varias absoluciones, entre ellas la del abogado Javier Leónidas Angeletti, desvinculado por el tribunal de los cargos de asociación ilícita y cohecho activo agravado por beneficio de la duda.
Para el Ministerio Público, la valoración probatoria fue arbitraria y omitió ponderar correctamente elementos que acreditaban su vínculo operativo con integrantes centrales de la estructura, como Diego Aliaga y otros intermediarios de la organización.
Además, la esposa de Bento, Marta Boiza, ocupa un capítulo particular dentro del recurso porque no fue absuelta de manera total: el Tribunal Oral Federal N°2 la condenó por lavado de activos, aunque descartó otros episodios incluidos en la acusación fiscal al considerar que no existían pruebas suficientes para atribuirle responsabilidad penal en esos hechos.
Según el recurso, el tribunal realizó una valoración fragmentada y arbitraria de la prueba patrimonial, dejando fuera del análisis operaciones económicas, movimientos financieros y elementos documentales que —a criterio de la acusación— permitían reconstruir una intervención más amplia de Boiza dentro del circuito de administración y disposición de bienes presuntamente provenientes de los sobornos atribuidos a la estructura encabezada por Bento.
Por eso pidió a la Cámara Federal de Casación que revise esos tramos de la sentencia, revoque las absoluciones parciales y amplíe la responsabilidad penal ya declarada contra Boiza, lo que eventualmente podría impactar en la pena fijada por lavado de activos.