Sancionada hace un mes, la crisis del bosque urbano demanda acciones urgentes: los principales problemas. Mesas técnicas con municipios plantean estrategias.
Gestión del arbolado público en Mendoza: mesas técnicas buscan definir cómo aplicar la nueva ley en una crisis que demanda acciones urgentes
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La gestión del arbolado público, o su preocupante ausencia, requiere atención inmediata en Mendoza. Sobran los ejemplos, incluso tantos lamentables, sobre las graves consecuencias de una situación que se ha vuelto crítica: cada vez que hay tormentas y, sobre todo, cuando hay viento Zonda, las caídas de árboles son parte de las noticias.
Peor aún, estos hechos se han cobrado víctimas, lo que se suma a los daños materiales que provocan.
Se trata de un riesgo latente que preocupa a la población y por el que las autoridades buscan mejorar la empastada cuestión administrativa en torno al mantenimiento de los árboles de la vía pública de Mendoza. El paso del último viento Zonda, hace diez días, dejó un luctuoso saldo por esta causa en el departamento de Las Heras: un joven motociclista de 23 años perdió la vida de forma instantánea luego de que un árbol de gran tamaño se desplomara sobre él mientras circulaba por la intersección de las calles Dorrego y Azcuénaga. Antes, ha habido episodios similares.
El pasado 13 de abril se promulgó la reforma de la Ley de Arbolado Público (N° 7.874), modificada por la Ley 9.702, que busca agilizar la gestión al otorgar a los municipios la autoridad exclusiva sobre los árboles de su jurisdicción. Sin embargo, a un mes de su publicación, los cambios no se perciben en la práctica. La normativa se encuentra en etapa de instrumentación y reglamentación, algo suele extenderse hasta 180 días. Mientras tanto, el proceso está en instancia de reuniones de coordinación entre el gobierno provincial y las comunas.
En tanto, desde la Subsecretaría de Ambiente han aclarado que, ante riesgo inminente, los municipios siempre han tenido la potestad de actuar.
Los puntos clave de la reforma apuntan a tres ejes:
Entre tanto, el Gobierno provincial trabaja junto a municipios en la construcción de una normativa actual, consensuada y adaptada a las realidades territoriales. El Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza, a través de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque y su Departamento de Forestación, trabajan de ese modo en el proceso de reglamentación mediante una serie de mesas técnicas participativas que se desarrollan junto a municipios de toda la provincia.
En este marco, ya se realizaron dos encuentros regionales de trabajo. El primero convocó a equipos técnicos de municipios de las zonas Centro y Este -con excepción de Lavalle-, mientras que el segundo tuvo lugar en San Rafael, con la participación de representantes del Sur provincial y del Valle de Uco.
En se marco se plantearon diversas estrategias:
-implementación de planes integrales de manejo del arbolado
-la unificación de criterios técnicos para poda y erradicación
-la incorporación de mecanismos de auditoría y seguimiento
-el fortalecimiento de la plataforma digital “Mi Árbol”
-la planificación de estrategias de reforestación y mantenimiento
-se avanzó en herramientas de coordinación interjurisdiccional para garantizar una gestión sostenible del bosque urbano provincial
-se trabajó sobre aspectos vinculados al financiamiento, control, preservación y participación ciudadana, contemplando la creación de instrumentos como el Certificado de Gestión del Arbolado Público y nuevas instancias de articulación técnica entre Provincia y municipios.
Expertos consultados sobre el tema señalan las principales causas que inciden en el mal estado del arbolado y las dificultades para su mantenimiento:
Pérdida de ejemplares: hay más de 20.000 árboles muertos y falta de acciones básicas para su erradicación. Es el dato disponible a partir del censo que se realizó en 2022, aunque esto no ha sido actualizado.
Vericuetos burocráticos: la legislación vigente establece que el gobierno de la provincia debe autorizar erradicaciones solicitadas y ejecutadas por los municipios, salvo situaciones de riesgo inminente. Pero la burocracia en torno al tema dilata las respuestas, incluso ante denuncias de vecinos, y convierte la situación en un pasamanos entre diversas áreas.
Podas agresivas: intervenciones muy intensas que desestabilizan y deforman la estructura de los árboles.
Entorno urbano hostil: convivencia forzada con el hormigón, estacionamientos, cableado aéreo, servicios subterráneos y el avance del negocio inmobiliario.
Deficiencias en el riego y acequias: falta de recursos para el riego y construcción inadecuada de acequias de cemento que impiden la filtración del agua hacia las raíces.
Afectación de las raíces: modificación del formato natural y esperable de las raíces debido al confinamiento por el cemento, lo que compromete la estabilidad del árbol.
Falta de gestión: escasez de personal y recursos para el cuidado adecuado, sumado a la falta de actualizaciones en los censos oficiales.
El director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, destacó que la actualización de la normativa representa un paso fundamental para mejorar la gestión del bosque urbano mendocino, proteger los servicios ecosistémicos que brinda el arbolado y consolidar políticas públicas ambientales con mirada de largo plazo.
“Este proceso participativo es clave para construir una reglamentación sólida y aplicable en todo el territorio provincial. La articulación con los municipios nos permite integrar distintas realidades y avanzar hacia una gestión del arbolado más eficiente, transparente y sostenible”, señaló Haudet.
Por su parte, la jefa del Departamento de Forestación, Soledad Falcón, afirmó:”Esta reglamentación busca fortalecer herramientas técnicas, mejorar la coordinación con los municipios y garantizar una gestión sostenible y responsable del patrimonio forestal urbano”.