La reforma fija nuevas obligaciones para municipios, establece planes de manejo y refuerza criterios técnicos en toda Mendoza.
Las comunas deberán presentar planes integrales y reportes anuales sobre el estado y mantenimiento del arbolado.
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El gobierno de Alfredo Cornejo promulgó la reforma de la Ley de Arbolado Público (N° 7874), una iniciativa sancionada por la Legislatura que introduce cambios en la distribución de competencias, establece nuevas obligaciones para los municipios y fija criterios técnicos para la preservación del arbolado en toda la provincia.
La norma fue publicada este lunes en el Boletín Oficial y modifica artículos clave vinculados a la gestión, mantenimiento y planificación del arbolado, además de incorporar ajustes en la Ley Orgánica de Municipalidades.
Uno de los ejes centrales de la reforma es la consolidación del rol de los municipios como autoridades exclusivas sobre el arbolado en su jurisdicción. En ese marco, cada comuna deberá elaborar un Plan de Manejo Integral del Arbolado cada cuatro años, ajustado a lineamientos técnicos definidos por la Provincia.
Además, se establece la obligación de presentar un informe anual antes del 31 de marzo, donde se detalle el grado de cumplimiento de los objetivos, las acciones ejecutadas y los resultados obtenidos.
La Subsecretaría de Ambiente, a través de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, será la autoridad de aplicación en jurisdicción provincial y nacional en materia de arbolado, incluyendo áreas bajo competencia de Vialidad e Irrigación.
Entre sus funciones, se destaca la definición de políticas integrales y la fijación de criterios técnicos mínimos para la preservación, mantenimiento y desarrollo del arbolado público.
La normativa también impulsa la elaboración de un listado de especies recomendadas según las características de cada zona, promoviendo un enfoque diferenciado entre calles, avenidas y espacios verdes.
Uno de los cambios más relevantes apunta a fomentar el policultivo, es decir, la utilización de distintas especies en lugar de monocultivos, con el objetivo de reducir el impacto de plagas y enfermedades.
En esa línea, se promueve:
Estas medidas buscan mejorar la sostenibilidad del arbolado y reducir costos de mantenimiento.
La reforma establece que cualquier intervención sobre el arbolado —como poda, tala o erradicación— deberá contar con autorización de la autoridad competente en cada jurisdicción.
En el caso de organismos públicos, se requerirá además la aprobación jerárquica del área correspondiente antes de avanzar con cualquier acción sobre los ejemplares.
El nuevo marco normativo también incorpora la promoción de programas de educación ambiental obligatorios en escuelas públicas, orientados a la valorización del arbolado y los sistemas de riego.
Asimismo, se busca fortalecer la participación ciudadana y de sectores productivos mediante campañas de concientización, programas de cuidado y herramientas de incentivo.
En paralelo, la ley modifica el artículo 78 de la Ley Orgánica de Municipalidades (N° 1079), estableciendo que las comunas podrán nombrar espacios públicos y erigir monumentos, pero no podrán rendir homenaje a personas vivas.
También se ratifica que los nombres de calles y lugares públicos establecidos por ley no podrán ser modificados sin una norma provincial específica.