El Ministerio de Seguridad y Justicia aprobó un mecanismo que permite el tapiar y cerramiento de propiedades abandonadas que generen riesgos para la convivencia ciudadana.
El procedimiento incluye informes policiales y municipales, notificaciones obligatorias a los propietarios y medidas proporcionales para resguardar la paz social y la integridad de los bienes
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El Gobierno de Alfredo Cornejo, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, ha puesto en marcha un nuevo protocolo de intervención administrativa sobre inmuebles que busca dar una respuesta rápida a la problemática de los edificios abandonados o en ruinas que afectan la seguridad pública.
La medida, oficializada mediante la Resolución 5425 y firmada por la ministra Mercedes Rus, surge tras detectar que numerosas propiedades en la provincia han perdido su función habitacional para convertirse en "aguantaderos" o espacios vinculados a actividades ilícitas.
Esta iniciativa responde a una preocupación creciente: los inmuebles vacantes o usurpados erosionan el entorno urbano y aumentan el riesgo de victimización para vecinos y transeúntes, generando un "ciclo de deterioro" que perjudica tanto al propietario como a la convivencia social.
Según los fundamentos de la norma, el Estado Provincial tiene la responsabilidad primaria e irrenunciable de mantener el orden y proteger la propiedad, basándose en facultades otorgadas por la Constitución Provincial y las leyes de Seguridad Pública.
El protocolo es claro al definir que estas intervenciones tienen una naturaleza preventiva, provisional y proporcional. Lejos de ser una medida sancionatoria, el objetivo es neutralizar el riesgo y proteger el inmueble a favor de su titular legal, sin interferir en el derecho de dominio conforme a lo establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación.
Entre las acciones concretas que el Estado podrá ejecutar se encuentran el tapeo o cerramiento de la propiedad, la clausura de accesos, el sellado de ventanas y, en casos extremos donde haya riesgo de colapso, la demolición parcial controlada.
No obstante, la normativa aclara que estas medidas administrativas no procederán si se constata una ocupación efectiva del lugar, situación que deberá resolverse por la vía judicial correspondiente.
Para evitar arbitrariedades, el Gobierno ha diseñado un procedimiento que incluye diversas etapas de control y notificación. Cualquier ciudadano, municipio o dependencia policial puede iniciar el pedido de intervención informando sobre la situación dominial y la afectación a la seguridad que genera el inmueble.
Una vez que el Ministerio de Seguridad y Justicia emite el acto administrativo inicial, se debe notificar y citar obligatoriamente al propietario o titular registral por un plazo de cinco días para que ejerza su derecho de defensa.
Si tras este periodo la situación persiste, el municipio involucrado determinará las medidas técnicas necesarias y el propietario contará con una segunda instancia de cinco días hábiles para formular una oposición fundada antes de que se ejecuten las obras.
Dado que el orden, la salubridad y el entorno urbano inciden directamente en la seguridad situacional, el Ministerio ha invitado formalmente a los municipios de Mendoza a celebrar convenios de cooperación.
La intención es articular la capacidad operativa de las comunas con las facultades legales de la Policía y el Ministerio, permitiendo una respuesta administrativa ágil que, según los considerandos de la resolución, ya ha dado resultados satisfactorios en intervenciones previas conjuntas.
De acuerdo con los documentos, los municipios, en ejercicio de sus facultades propias y tras la solicitud del Ministerio de Seguridad y Justicia, pueden implementar diversas medidas técnicas de carácter preventivo, provisional y proporcional sobre los inmuebles detectados como riesgosos.
Las acciones concretas que pueden ejecutar los municipios incluyen:
Para definir y ejecutar estas medidas, los municipios están facultados para solicitar asistencia técnica de la Dirección de Defensa Civil.
"Desde el 2024 tuvimos demoliciones de búnkers de expendio de droga en Las Heras, por ejemplo. También lo hicimos en Godoy Cruz, en marzo del 2025, y hemos tenido también demoliciones de algunas viviendas que eran usadas como aguantaderos en Guaymallén", repasó la ministra de Seguridad respecto de las acciones realizadas por el Gobierno en conjunto con los municipios.
Y agregó: "Con esto protegemos a quien es el titular real de ese inmueble, porque quizás hay un titular real que por alguna cuestión no puede estar ejerciendo cuidados respecto a ese inmueble que nosotros le notificamos de estas medidas y además ayudamos, de alguna forma, a proteger o a custodiar".
También aclaró Rus que, cuando hay personas viviendo en el búnker, "sólo la Justicia puede autorizar un desalojo, salvo que se trate de un delito que se está cometiendo, ahí sí podemos hacer un allanamiento sin autorización judicial".