El empresario condenado por las causas de Vialidad y Ruta del Dinero K, habría facturado más de 240 millones en alquileres sin pagar impuestos.
Vuelven a investigar a Lázaro Báez: esta vez por una evasión fiscal millonaria.
Foto:
TN La Dirección General Impositiva (DGI), dependiente de ARCA, ex AFIP, abrió una investigación contra Lázaro Báez por una presunta evasión fiscal millonaria. El empresario, ligado a la corrupción de la obra pública kirchnerista, habría facturado más de 240 millones de pesos en alquileres de sus casas entre 2020 y 2025 sin declarar Ganancias ni Bienes Personales. El expediente asegura que se avanzará hacia una denuncia penal por la evasión del pago de impuestos.
Según información de Clarín, en los informes fiscales se habrían detectado más de 50 contratos de alquiler correspondientes a más de 20 propiedades, la mayoría ubicadas en Río Gallegos, capital de Santa Cruz. Las propiedades son solo una muestra que pertenecen a una red de inmobiliarias vinculadas al empresario pero no son las únicas. "Aún se está en proceso de cuantía de la evasión", sostienen las fuentes.
Báez fue uno de los principales beneficiados de la obra pública durante el kirchnerismo. Según los cálculos judiciales, el empresario llegó a acumular cerca de 600 mil hectáreas y más de 400 bienes inmuebles distribuidos entre Santa Cruz, Chubut, la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Otras fuentes judiciales le adjudicaron propiedades en Río Negro, Chaco, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.
Aunque sus propiedades están inhibidas judicialmente porque están en proceso de ser decomisadas por la Justicia por las condenas por corrupción, no hubo ningún impedimento legal para alquilarlas o facturar por ellas. Esto permitió que Báez y su entorno sigan generando ingresos desde prisión.
En la maniobra estarían involucrados sus hijos Martín y Leandro, su pareja Claudia Insaurralde, ex empleados de Austral Construcciones y funcionarios del actual gobierno de Santa Cruz, algunos como inquilinos.
La investigación también alcanza a dos inmobiliarias: Patagonia Propiedades y Master Gestoría Inmobiliaria (Albert), ambas vinculadas a Luis Alberto Orué. Estas firmas habrían reconocido administrar propiedades a nombre de Lázaro Báez y realizar las rendiciones correspondientes de ingresos y egresos derivados de los alquileres.
Según los investigadores, las empresas habrían actuado como “el nexo necesario para el cobro de los alquileres y su distribución entre terceras personas directamente relacionadas” con Báez. El caso se define como una “distracción de fondos”, es decir, un desvío de dinero destinado a eludir el embargo judicial que pesa sobre el empresario.
Como las cuentas bancarias de Báez se encuentran congeladas, las facturas emitidas desde su talonario personal revelan que los pagos de los alquileres se realizaron en efectivo, algunos de ellos en dólares.
Claudio Ángel Kirchner, sobrino lejano del expresidente y que trabajó para Báez en la constructora Gotti Hermanos y desde 2024 ocupa el cargo de director general de Infraestructura del Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz, figura entre los locatarios de propiedades de Lázaro Báez.
La investigación detectó que la operación pasó inadvertida en su lugar de origen, casi hasta la prescripción de los delitos. Esto trajo consecuencias internas en la DGI, con remociones de jefes de Agencia y Recaudación de Río Gallegos.
Se investiga la posible responsabilidad de funcionarias nacionales de la DGI designadas por Virginia García, ex cuñada de Máximo Kirchner.