Se trata de dos exempleados que desviaron fondos del programa Enlazados, entre fines de 2023 y principios de 2024.
Edificio del Ministerio Público Fiscal en el Polo Judicial.
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Poder Judicial de Mendoza. La Justicia provincial agravó la acusación contra los dos exempleados públicos investigados por estafar al Estado con el desvío de hasta $27 millones, a través de la manipulación del sistema del programa Enlazados, entre octubre del 2023 y abril del 2024.
La fiscal de Delitos Económicos, Gabriela García Cobos, acusó por “fraude a la Administración Pública en la modalidad de estafa genérica” a Valentina Clara Cáceres, quien se desempeñaba como personal técnico contratado por el Fideicomiso de Fomento y Sostenimiento al Empleo, y a su pareja Germán Exequiel Valdeomillos, exempleado del mismo sector. Con esta carátula arriesgan una pena de 2 a 6 años de prisión, de confirmarse su culpabilidad en los hechos.
La denuncia fue radicada por el Gobierno de Mendoza ante la Fiscalía de Delitos Económicos después de que el Ministerio de Producción descubriera las irregularidades y cesanteara a Cáceres de sus funciones, el 30 de abril del año pasado.
A la par de la imputación, la fiscal ordenó el “embargo preventivo sobre los bienes de Valentina Clara Cáceres Dimarco y Germán Exequiel Valdeomillos Tobares, en resguardo de los intereses patrimoniales del Estado Provincial”.
Además les prohibió la salida del país y de la provincia, “disponiéndose asimismo la retención de sus pasaportes y la prohibición de expedición de nuevos documentos de viaje”.
Y también se los obligó a “presentarse mensualmente el primer día hábil de cada mes, ante esta Unidad Fiscal a los fines de acreditar comparendo y sujeción al proceso, conforme art. 280 del C.P.P”
Con esta resolución, que data del 16 de octubre pasado, también la fiscal ordenó realizar una pericia informática y los acusados podrán proponer medidas de prueba para defenderse. Resta atravesar varias instancias para que la causa sea elevada a juicio, pero en el Gobierno destacan que "ha avanzado en todo momento", pudo saber Los Andes.
Según explicó la fiscal García Cobos en el avoque de imputación al que accedió este diario, entre octubre de 2023 y abril de 2024, en la sede de la Subsecretaría de Empleo y Capacitación del Ministerio de Producción de la Provincia de Mendoza, Valentina Clara Cáceres Dimarco -personal técnico contratado por el Fideicomiso de Fomento y Sostenimiento al Empleo y su pareja Germán Exequiel Valdeomillos Tobares, desplegaron una "maniobra fraudulenta sistemática destinada a apropiarse de fondos públicos mediante la simulación de relaciones laborales inexistentes en el marco del Programa Enlazados".
Así, a través del uso del usuario informático “VCACERES” correspondiente a Cáceres, esta con datos personales mayormente obtenidos por Valdeomillos, inscribió en el sistema a terceras personas como supuestos empleados de distintas empresas, en su mayoría apócrifas, afín de obtener los subsidios otorgados por el Programa Enlazados, sostuvo la fiscal.
"Para fecha 17 de octubre de 2023 Cáceres coordinó mediante la aplicación WhatsApp con su pareja Germán Exequiel Valdeomillos Tobares -ex empleado de la misma dependencia- la utilización de cuentas bancarias de terceros para recibir los subsidios sin generar alertas en las entidades financieras", agregó.
García Cobo asegura que la operatoria era "idéntica mes a mes" y aprovechando su conocimiento del circuito interno, Cáceres cargaba los datos tanto de la empresa inexistente como de sus supuestos beneficiarios, justo antes de la emisión de la liquidación mensual los últimos días hábiles del mes y, una vez procesadas las órdenes de pago, y acreditado el dinero los primeros días hábiles del mes siguiente, procedía a eliminar las inscripciones del sistema.
Los fondos eran transferidos directamente desde el fideideicomiso provincial a las cuentas bancarias de los beneficiarios ficticios. La maniobra se inició en octubre de 2023, bajo la razón social Ventury Shop S.A., cuyo CUIT fue luego constatado como inexistente y vinculado al DNI del propio Valdeomillos.
"Esta empresa fue utilizada como supuesta empleadora durante la primera etapa del fraude, lo que permitió canalizar los subsidios otorgados por el Programa Enlazados y obtener un total aproximado de $16.442.960,00", sostuvo la fiscal.
Según los registros del sistema del programa, a través de esta firma se incorporaron de manera progresiva beneficiarios ficticios: en octubre de 2023 se inscribieron 4, en noviembre 8, en diciembre 12, en enero de 2024 fueron 22, y finalmente en febrero se alcanzaron 31 beneficiarios activos.
A medida que avanzaron los controles internos, desde diciembre del 2023 hasta abril del 2024, los imputados diversificaron la operatoria utilizando nuevas empresas —también apócrifas o irregulares— tales como “SABOR MZA, SACRO S.A., METALÚRGICA ARGS S.A., GRUPO MM S.A., GREEN RED S.A., CONSERVA HNOS. S.A.”, y finalmente empresas a nombre de personas físicas como “Méndez Facundo Agustín” y “Signes Daniel”. "Esta segunda fase del fraude permitió inscribir 35 beneficiarios adicionales, incluyéndose también los imputados como beneficiarios, con pagos que totalizaron $10.779.440,00", aseguró la fiscal.
Durante toda la maniobra, Cáceres utilizó el acceso al sistema informático para borrar las cargas originales luego de emitida la orden de pago -tanto de supuestos trabajadores, como de empresas beneficiarias impidiendo así su verificación inmediata. "Los hechos fueron finalmente advertidos el 29 de abril de 2024, cuando el personal técnico de la Subsecretaría detectó que Ventury Shop S.A. no figuraba en los registros del sistema ARCA, ni en el Boletín Oficial y tenía supuestamente 31 personas asociadas al programa como supuestos trabajadores", sostuvo García Cobo.
Y señaló que esto fue posible "atento a que las altas en el sistema quedaron registradas sin poder ser alteradas en el back up del sistema informático del Ministerio al que los imputados no tenían acceso y desconocían su existencia, pese a que los mismos borraban los datos ingresados por ellos del sistema informático".
"De este modo, Valentina Clara Cáceres Dimarco y German Exequiel Valdeomillos Tobares, mediante las maniobras fraudulentas antes detalladas abusando de la condición de personal técnico -que desempeñaba al momento del hecho la primera- en la Subsecretaria de Empleo y Capacitación, así como el acceso al sistema informático y el conocimiento de ambos del funcionamiento del trámite de alta de trabajadores en el Programa Enlazados, ocasionaron al Estado Provincial un perjuicio patrimonial total de $27.222.400,00 ”, sostuvo.
"Surgiendo así, la presunta comisión de hechos imputables a VALENTINA CLARA CÁCERES DIMARCO y GERMAN EXEQUIEL VALDEOMILLOS TOBARES que constituyen “prima facie” el delito de FRAUDE A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE ESTAFA GENÉRICA en carácter de 3 COAUTORES injusto previsto y penado por los arts. 174 Inc. 5, en función del Art. 173 Inc. 7 del Código Penal", completó la fiscal.