La empresa anunció que abonará los aguinaldos en cuatro cuotas debido a las demoras en los pagos de los trabajos pedidos por el Estado nacional.
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La mesa directiva de IMPSA, que encabeza Jorge Salcedo, anunció que el aguinaldo de sus empleados será abonado en cuatro cuotas. La gerencia, sostuvo que esta decisión se debe a que el Gobierno de Javier Milei no ha cumplido con los compromisos de pago pactados con la empresa.
Actualmente, la firma metalmecánica, a cargo del fondo de inversión estadounidense Industrial Acquisitions Fund LLC (IAF), cuenta con una planta de alrededor de 700 operarios.
A mediados de mayo, los nuevos propietarios de IMPSA celebraron el primer balance financiero positivo, que arrojó una ganancia superior a los 12.800 millones de pesos.
Según lo informado por el directorio, los trabajadores recibirán la mitad del Sueldo Anual Complementario (SAC) a partir de julio, y recién terminarán de cobrarlo en octubre.
No es la primera vez que IMPSA aplica esta modalidad: en diciembre del año pasado, durante el acuerdo de la última paritaria, la empresa también abonó los retroactivos y aumentos salariales en cuatro cuotas. Esta situación ha generado malestar entre los trabajadores, quienes aseguran que los nuevos dueños “no están cumpliendo con su palabra”.
“¿Qué pasó con la plata de la venta, que era para invertir en la planta? El mes pasado sacaron una información diciendo que tuvieron superávit, y ahora no tienen plata para sueldos”, cuestionó un operario que prefirió no dar su nombre por temor a represalias por parte de la empresa.
Sin embargo, la primera cuota del aguinaldo recién se verá reflejada en la primera quincena de agosto. No obstante, los empleados reconocen que los sueldos mensuales se vienen abonando en tiempo y forma.
“En su momento lo permitimos porque los nuevos dueños acababan de asumir y confiamos en ellos. Pero ahora nos salen con esto del aguinaldo y, encima, seguimos trabajando con falta de insumos”, expresó otra fuente consultada por Los Andes.
En su comunicado, IMPSA afirma que se “ve obligada” a tomar esta medida e instruir al Comité Ejecutivo en ese sentido para preservar el funcionamiento normal de la compañía.
Además, señala que “no han recibido los pagos previstos” en varios proyectos que lleva adelante con distintas reparticiones u organismos dependientes del Estado Nacional.
“Lamentamos tomar esta medida, pero tiene como principal objetivo mantener el orden económico y financiero de la empresa”, concluye el anuncio.
Según trascendió, los pagos adeudados debían concretarse a fines de junio, lo cual no ocurrió. Los trabajos en cuestión estarían vinculados a la represa de Yacyretá, a YPF y al Ministerio de Defensa de la Nación, conducido por Luis Petri. Este medio consultó por el monto total de la deuda, pero no obtuvo respuesta de la empresa.
"Desde que ingresaron los nuevos accionistas a la empresa no se cumplió con nada de lo previsto previo a la venta. Los nuevos accionistas están cumpliendo con el cronograma de capitalización", remarcaron en IMPSA.
Desde que ARG Energy tomó el control de la exPescarmona, se produjeron una serie de despidos tanto en el área administrativa como en la planta fabril.
“Algunos despidos fueron por causas inexistentes. Encima te llaman, te ofrecen un arreglo menor al que corresponde y en 18 cuotas”, relataron trabajadores afectados.
A mediados de junio, la mesa directiva alcanzó un principio de acuerdo con sus principales acreedores para firmar un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE). Esta herramienta legal le permite postergar el pago de una deuda de 576 millones de dólares hasta el año 2036.
La presentación fue realizada ante el Segundo Juzgado Concursal de Mendoza. El nuevo esquema traslada los vencimientos, que comenzaban este año, al 31 de diciembre de 2036. A partir de entonces, los pagos se extenderán durante nueve años, hasta 2044.
Según informó la Comisión Nacional de Valores (CNV), IAF “ha iniciado formalmente el proceso necesario para el reperfilamiento de su deuda, con el objetivo de fortalecer su posición financiera y continuar avanzando en su proceso de recuperación y crecimiento”.
El esquema de reestructuración no contempla quitas de capital, sino una extensión de los plazos de pago, con términos financieros que serán presentados al juzgado tras la realización de las asambleas de acreedores.
Entre los principales acreedores figuran el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Nación (al que IMPSA le debe más de $14.000 millones), el BICE y el grupo Moneta.
También están el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el Banco Hipotecario, Export Development Canadá, la Corporación Andina de Fomento, el banco brasileño Bradesco y tenedores de Obligaciones Negociables.
Aunque la versión completa del APE será oficializada más adelante, el comunicado de IMPSA adelantó los principales puntos del acuerdo:
Canje de deuda: La deuda elegible será intercambiada por nuevos instrumentos denominados en dólares (préstamos bilaterales, obligaciones negociables públicas o privadas y bonos internacionales). No habrá quita nominal de capital: cada acreedor recibirá nuevos títulos por el mismo monto adeudado, incluyendo intereses devengados hasta el cierre de la operación.
Amortización: El capital se devolverá en nueve cuotas anuales iguales del 11,1111%, desde el 31 de diciembre de 2036 hasta el 31 de diciembre de 2044.
Tasa de interés: Los nuevos títulos devengarán una tasa del 1,5% nominal anual —considerada baja en el contexto actual— sobre el saldo pendiente de capital.
Intereses capitalizados: Los intereses generados hasta fines de 2027 se capitalizarán y se sumarán al capital original. Entre 2028 y 2032, los pagos de interés serán semestrales: la mitad se pagará en efectivo y la otra mitad se capitalizará. A partir de 2033, el 100% de los intereses se cancelará en efectivo.