La empresa firmó un principio de entendimiento con sus principales acreedores para postergar hasta 2036 el pago de una deuda de 576 millones de dólares.
El importante acuerdo que lograron los nuevos dueños de IMPSA: de qué se trata
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Impsa dio un paso clave para ordenar sus finanzas al poder alcanzar un principio de acuerdo con sus principales acreedores para firmar un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE). Esta herramienta legal le permitirá postergar el pago de una deuda de 576 millones de dólares hasta el año 2036.
Los nuevos dueños de la firma, la estadounidense Industrial Acquisitions Fund LLC (IAF), subsidiaria del fondo ARC Energy, presentaron un entendimiento ante el Segundo Juzgado Concursal de Mendoza y establece que los vencimientos de deuda —que comenzaban este año— se trasladan al 31 de diciembre de 2036.
A partir de allí, los pagos se extenderán durante nueve años, hasta 2044. Según comunicó la Comisión Nacional de Valores (CNV), IAF “ha iniciado formalmente el proceso necesario para el reperfilamiento de su deuda, con el objetivo de fortalecer su posición financiera y continuar avanzando en su proceso de recuperación y crecimiento”.
El esquema de reestructuración no contempla quitas de capital, sino una extensión en los plazos de pago, con términos financieros que serán formalmente presentados al juzgado tras la realización de las asambleas de acreedores.
"Este reperfilamiento de la deuda permitirá a la empresa metalmecánica mejorar su perfil financiero, optimizar su flujo de caja operativo y consolidar su presencia en los mercados internacionales", expresa el comunicado emitido por IMPSA
Entre los principales acreedores figuran el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Nación —al que Impsa le debe más de 14.000 millones de pesos—, el BICE, el grupo Moneta.
También figuran el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el Banco Hipotecario, Export Development Canadá, la Corporación Andina de Fomento, el banco brasileño Bradesco y tenedores de Obligaciones Negociables.
Aunque la versión completa del APE será oficializada más adelante, el comunicado de Impsa adelantó los puntos centrales del acuerdo con los acreedores:
Canje de deuda: La deuda elegible será intercambiada por nuevos instrumentos denominados en dólares (préstamos bilaterales, obligaciones negociables públicas o privadas, y bonos internacionales). No habrá quita nominal de capital: cada acreedor recibirá nuevos títulos por el mismo monto adeudado, incluyendo intereses devengados hasta el cierre de la operación.
Amortización: El capital se devolverá en nueve cuotas anuales iguales del 11,1111%, desde el 31 de diciembre de 2036 hasta el 31 de diciembre de 2044.
Tasa de interés: Los nuevos títulos devengarán intereses del 1,5% nominal anual —considerada una tasa baja en el contexto actual—, sobre el saldo pendiente de capital.
Intereses capitalizados: Los intereses generados hasta fines de 2027 se capitalizarán y se sumarán al capital original. Entre 2028 y 2032, los pagos de interés serán semestrales: la mitad se pagará en efectivo y la otra mitad se capitalizará. A partir de 2033, el 100% de los intereses se cancelará en efectivo.
Impsa fue fundada en 1907 por la familia mendocina Pescarmona como un pequeño taller metalúrgico. Con el tiempo se transformó en una empresa tecnológica con proyección internacional, especializada en generación de energía y fabricación de grandes equipos industriales.
Su portafolio incluye proyectos hidroeléctricos, nucleares, eólicos y solares, así como soluciones para los sectores petrolero, de defensa e inteligencia artificial.
Sin embargo, la empresa enfrentó serias dificultades a partir de 2010, principalmente por la imposibilidad de cobrar grandes contratos en Brasil y Venezuela. La situación se agravó con el colapso de su filial brasileña Wind Power Energy (WPE), que sumó una deuda de 850 millones de dólares a los 250 millones que ya arrastraba la compañía.
Esto la llevó a iniciar un proceso de reestructuración en 2014. En 2018, tras años de negociaciones, el 65% de sus acciones pasó a manos de bonistas, bancos y organismos internacionales. En 2020, la empresa reestructuró su deuda con un período de gracia hasta 2025 y una tasa de interés reducida del 1,5%.
Ante la persistencia de la crisis, en 2021 el Estado nacional y la provincia de Mendoza decidieron inyectar fondos para evitar su colapso. La Nación aportó 15 millones de dólares y Mendoza, 5 millones. Así, la composición accionaria quedó repartida entre la Nación (63,7%), la Provincia (21,2%) y privados (15,1%).
La participación estatal fue impulsada como una estrategia para preservar una empresa con alto valor agregado y capacidad tecnológica. El entonces gobernador Rodolfo Suárez y el expresidente Alberto Fernández respaldaron el salvataje.
En 2023, la Legislatura provincial autorizó la venta de la participación de Mendoza en la empresa mediante la Ley 9576. El proceso licitatorio fue publicado a nivel nacional y provincial. De los once interesados que compraron los pliegos, solo se presentó una oferta: la del fondo Industrial Acquisitions Fund LLC.
La operación se formalizó el 11 de febrero de 2025, durante la gestión del presidente Javier Milei, siendo la primera privatización de su gobierno. En representación de la provincia firmó la vicegobernadora Hebe Casado, en ejercicio del Poder Ejecutivo.
Mendoza recibió 20.000 dólares por el 100% de sus acciones clase “C”, en las que había invertido originalmente 454 millones de pesos. El fondo ARC Energy también compró la participación del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), quedándose así con el control total de la firma.
Con presencia en más de 40 países, ARC Energy se especializa en el desarrollo de equipos para la industria energética —hidroeléctrica, nuclear, eólica, solar y de petróleo y gas—. Su desembarco en Impsa incluyó un compromiso de capital por 27 millones de dólares y la asunción del proceso de reestructuración de su deuda histórica.
