Las medidas involucran a agentes con sumarios por abandono de trabajo, horas adeudadas y causas penales. También hubo pedidos de exclusión de tutela sindical.
Hubo cesantías en la DGE por ausencias reiteradas, en Salud por mal desempeño y en Seguridad por condenas penales. También avanzan pedidos para levantar tutelas sindicales.
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Archivo El Gobierno de Alfredo Cornejo publicó este miércoles una serie de decretos y resoluciones en el Boletín Oficial en los cuales aplicó diferentes tipos de sanciones disciplinarias y cesantías a una veintena de empleados estatales pertenecientes a distintos ministerios y organismos provinciales.
Las medidas fueron dispuestas por la Dirección General de Escuelas (DGE), el Ministerio de Salud y Deportes, el Ministerio de Seguridad y Justicia, el Ente de la Movilidad Provincial (EMOP) y la Dirección General de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (DGP).
A través del Decreto 2226, la cartera de Seguridad confirmó la sanción de cesantía aplicada a un exagente penitenciario, luego de rechazar su denuncia de ilegitimidad. La medida se basó en una condena penal por coacciones y amenazas, además de la extemporaneidad del recurso administrativo.
La cesantía se originó en un sumario que acreditó incumplimientos de deberes y una condena de dos años de prisión en suspenso dictada por un tribunal penal. Las autoridades determinaron que la denuncia no generaba un perjuicio actual, dado que la pena conlleva la pérdida del estado policial.
Mediante el Decreto 2330 se ratificó también la cesantía de un ex oficial inspector, sancionado tras escapar de una dependencia policial mientras permanecía detenido por causas vinculadas a violencia de género.
Según el expediente, durante un traslado empujó y lesionó a un efectivo antes de fugarse, siendo recapturado horas más tarde. El análisis jurídico acreditó que el proceso sancionatorio estuvo debidamente fundamentado.
La ministra Mercedes Rus al frente de nombramientos policiales. Archivo
En tanto, el Decreto 2332 dispuso la no confirmación y desafectación de un auxiliar policial en período de prueba, involucrado en una causa por violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada y lesiones agravadas en contexto de violencia de género. Un informe técnico indicó que su conducta afectaba la imagen institucional y contravenía la normativa vigente, por lo que recomendó su separación sin esperar los 12 meses de evaluación.
El Decreto 2420 estableció la desafectación de una auxiliar policial con poco más de un mes de servicio, involucrada en dos causas por amenazas en el sur provincial. Informes internos determinaron que la agente no había demostrado adaptación ni subordinación y contaba con un concepto funcional calificado como “regular”.
El Ministerio de Salud y Deportes dispuso el inicio de acciones judiciales para solicitar la exclusión de tutela sindical a cuatro agentes que cumplen con los requisitos para acceder a la jubilación, pero que mantienen protección gremial. El objetivo es avanzar en los trámites necesarios para su pase a la pasividad.
Mediante un Decreto 732, la cartera sanitaria solicitó retirar la tutela a un profesional médico que se desempeña en el Área Sanitaria de Las Heras. Según los antecedentes administrativos, este agente reúne todas las condiciones para iniciar el trámite jubilatorio, pero cuenta con protección sindical como delegado gremial, por lo que se requiere autorización judicial para intimarlo a gestionar su retiro.
El Decreto 861 alcanzó a un referente gremial de un sindicato de profesionales de la salud que actualmente cumple funciones de conducción dentro de la organización. En su caso, también se constató que reúne los requisitos para jubilarse.
Una tercera disposición, Decreto 2114, apuntó a una representante de trabajadores que actúa como delegada congresal en el ámbito del sistema de reconocimientos médicos. La autoridad administrativa pidió avanzar con el pedido de exclusión de tutela debido a que la agente se encuentra en condiciones de iniciar la jubilación.
Un cuarto decreto, el 2113, involucró a un delegado gremial del sector sanitario cuyo mandato continúa vigente. La cartera de Salud instruyó a la Asesoría de Gobierno para avanzar con las acciones correspondientes ante la Justicia laboral, en función de que el trabajador también reúne las condiciones legalmente establecidas para acceder a la pasividad.
Algunos de los agentes implicados a la quita de tutelas sindicales forman parte de AMPROS.
La Dirección General de Escuelas (DGE) aplicó sanciones de cesantía a docentes y personal no docente, entre ellos celadores, en diversos expedientes administrativos.
Mediante la Resolución 6016, el organismo aplicó la cesantía y la inhabilitación por tres años para una docente titular tras finalizar un sumario iniciado en 2023. La investigación abordó presuntas irregularidades vinculadas a la adquisición de equipamiento con sobreprecio, la falta de presupuestos previos y el incumplimiento de pagos en una obra particular. La sanción implica que la agente no podrá acceder a cargos públicos durante el período establecido.
En otra resolución, la 6006, se dispuso la cesantía de un docente titular debido a reiteradas inasistencias injustificadas desde mediados de 2020, consideradas como abandono de trabajo.
También se aplicó la cesantía, Resolución 5282, a una celadora titular que acumuló 1.428 de inasistencias injustificadas entre 2017 y 2023, uno de los casos más extensos registrados.
Otra resolución, 5667, alcanzó a un celador titular con 85 inasistencias injustificadas en un período de cuatro meses de 2023, mientras que otro agente del mismo escalafón fue cesanteado (Resolución 5908) por faltas injustificadas registradas durante 2022 y 2023, superando el límite legal.
Finalmente, la Resolución 6095, estableció que un celador titular reciba la cesantía tras constatarse 45 de ausencias injustificadas en un lapso de seis meses.
El Ente de la Movilidad Provincial (EMOP) estableció, a través de la Resolución 3536, la cesantía de un inspector que acumuló setenta y un días hábiles administrativos de inasistencias sin justificación entre mayo y agosto del último año. El organismo concluyó que la falta reiterada de presentación al trabajo configuraba causal de cesantía.
La Dirección General de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (DGP) también aplicó la cesantía a una agente auxiliar que acumuló faltas injustificadas durante varios meses de 2020, superando ampliamente el límite legal de seis inasistencias.
El sumario, establecido en la Resolución 415, identificó además una posible irregularidad en el manejo de su licencia médica, ya que la agente continuaba percibiendo días de débito laboral pese a registrar más de un año de licencia ininterrumpida.
La cartera sanitaria también resolvió diversas cesantías por incumplimientos disciplinarios y laborales. El Decreto 2123 dictó que un licenciado en enfermería sea cesanteado tras acreditarse presunto maltrato verbal y psicológico hacia una paciente, reiteradas inasistencias sin justificación, más de treinta y cinco horas adeudadas y antecedentes disciplinarios previos.
En otro decreto, 2291, señala a una profesional médica que fue sancionada con cesantía luego de que se verificara que no retomó sus tareas ni presentó nueva certificación médica tras finalizar su licencia psiquiátrica en noviembre de 2024, configurando abandono de trabajo.
Asimismo, el Decreto 2188, un profesional de la salud fue separado del cargo luego de acumular más de cuatrocientas horas adeudadas entre mayo y octubre de 2024, pese a continuar percibiendo un adicional por mayor dedicación.
Por último, el Decreto 2292 se dispuso la cesantía de un agente que había sido detenido y condenado por infracción a la Ley de Estupefacientes, al considerarse que su conducta configuraba una violación grave de los deberes propios del cargo.