miércoles 27 de enero de 2021

Vista aérea de la empresa agroexportadora Vicentin a orillas del río Paraná en San Lorenzo.
Política

Vicentin rechazó las acusaciones de la AFIP y las vinculó con una avanzada del Gobierno con “intencionalidad política”

La empresa desmintió al organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont. “Alguien del gobierno se esfuerza para transformar esto en una nube de humo”, plantearon.

Vista aérea de la empresa agroexportadora Vicentin a orillas del río Paraná en San Lorenzo.

Las autoridades del Grupo Vicentin rechazaron este sábado la denuncia penal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por presuntas maniobras fraudulentas con facturas apócrifas por $110 millones, y aseguraron que las acusaciones forman parte de una avanzada del Gobierno con “intencionalidad política”.

“No ha habido ningún tipo de factura apócrifa. Cada factura que se hizo estaba en regla. La mayoría formó parte de contratos que controlaron operadores de bolsa y que tuvieron que registrarse en la AFIP”, manifestaron en la empresa con sede en la localidad santafesina de Avellaneda.

Así desacreditaron la presentación que realizó el organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont, en la que se afirma que la empresa uso de facturas truchas para acceder a reintegros de IVA por exportaciones de granos, entre 2016 y 2019, es decir, durante el gobierno de Mauricio Macri.

“Llaman mucho la atención este tipo de medidas y de situaciones porque parece ser que existe mucha preocupación por priorizar la difusión mediática por encima de los canales correspondientes para presentar estas denuncias. Nosotros nos enteramos por la información que la AFIP distribuyó en los medios y acá nadie recibió una notificación oficial”, advirtieron las fuentes consultadas por Clarín. 

Al respecto, consideraron que “alguien del gobierno se esfuerza para transformar esto en una nube de humo” y alertaron que la movida de la AFIP coincidió con una serie de acontecimientos que afectan a la empresa y que comenzaron a tomar fuerza tras el frustrado intento de expropiación del Gobierno nacional. “Hay una intencionalidad política”, lamentaron.

La denuncia de la AFIP

El organismo oficial informó este sábado que denunció penalmente a la cerealera y a sus directivos por “utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas millonarias generadas por 54 presuntos proveedores”.

La AFIP indicó que realizó la presentación en el Juzgado Federal de Reconquista, en Santa Fe, con los datos que surgieron tras fiscalizar los reintegros de IVA que solicitó Vicentin.

"Se pudo determinar, entre otros elementos, que las sociedades utilizadas no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la mercadería", argumentaron. 

La cruzada política y el futuro de la quiebra

El caso de Vicentin se convirtió en un emblema de los tiempos políticos que corren. La firma, que transita un proceso de quiebra con deudas que superarían los $99.000 millones y enfrenta causas judiciales por los multimillonarios créditos que recibió del Banco Nación durante el gobierno de Macri, se transformó en un símbolo de resistencia de quienes rechazan las acciones del kirchnerismo más duro.

Esa categoría se la ganó durante los multitudinarios banderazos que se produjeron en el país contra su intervención y contra la intención del Gobierno nacional de estatizarla para evitar que la firma quede en manos de capitales extranjeros o que su eventual quiebra determine la desaparición de miles de pequeños productores agropecuarios.

Ante las movilizaciones, la Casa Rosada probó con un plan B que diseñó el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, para que la intervención estatal se defina en el marco de la convocatoria de acreedores, que llega adelante el juez Fabián Lorenzini, a cargo del Juzgado Civil y Comercial de la 2º Nominación de Reconquista.

Luego de dos audiencias con los representantes de la empresa, incluido su recientemente fallecido CEO Sergio Nardelli, la alternativa se cayó y poco después el presidente Fernández anuló el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó en medio de la cuarentena contra el coronavirus para avanzar sobre la cerealera.

Para la oposición, el caso Vicentin representó el primer "gran límite" para los sectores más extremos del kirchnerismo. Aparentemente, esa condición también hizo que la compañía se transforme en un blanco político, o por lo menos así lo consideran sus dueños.

Es que en Vicentin también asocian con maniobras del kirchnerismo el conflicto que tienen en Algodonera Avellaneda, donde los trabajadores afiliados al gremio textil bloquean los ingresos a la empresa para impulsar una serie de reclamos.

Se quejan además porque la protesta sindical logró aval del Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe, donde respaldaron los reclamos de los textiles para tener representación del Gremio de Aceiteros y Desmotadores. 

"Como hemos manifestado reiteradamente, se trata de un conflicto derivado de un problema de encuadramiento sindical ajeno a nosotros y que debe ser resuelto por las autoridades competentes del Ministerio de Trabajo de la Nación", dijeron a principios de agosto a través de un comunicado. Ahora, aguardan que en los próximos días haya un pronunciamiento de la cartera laboral que conduce Claudio Moroni e incluso de las autoridades de la CGT.

El próximo viernes también vence el plazo que estableció el juez Lorenzini para que los peritos determinen cuál es el monto real de la deuda de Vicentin, que según consta en el expediente, asciende a $99.345.263.086,50 e involucra a 2.638 acreedores.

Y en los primeros días de septiembre también se formalizarán los cambios en el directorio de Vicentin. El objetivo es desplazar a quienes fueron objeto de denuncias por las presuntas irregularidades en el manejo de la empresa y así mejorar el contexto para evitar la quiebra con un "ingreso de capital".

“Ahora el foco es buscar ingreso de capital, incluso con la transformación de las acreencias en acciones. Más allá de que el Estado no intervenga más, Vicentin no se va a quedar con el 100 por ciento de la compañía. Probablemente quede con un porcentaje menor o mínimo, porque tiene una deuda grande. Lo que se busca es que empresas de afuera, de la Argentina o incluso los proveedores transformen las deudas en acciones y se constituya una nueva matriz accionaria”, remarcaron fuentes con acceso a esas deliberaciones.