La medida, que pone en aprietos a Claudio “Chiqui” Tapia, fue impulsada por la Inspección General de Justicia. Quiénes son los designados por el ministro Juan Bautista Mahiques.
Claudio "Chiqui" Tapia.
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El Gobierno nacional avanzó con una medida clave sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) al designar veedores que durante seis meses analizarán en detalle su funcionamiento administrativo y financiero. La decisión apunta a revisar balances, contratos y distintos movimientos financieros de la entidad envuelta en polémica.
La resolución fue impulsada tras reclamos por falta de información y abre una etapa de control formal sobre la conducción del fútbol argentino, en medio de un conflicto creciente entre el Ejecutivo y la dirigencia encabezada por Claudio "Chiqui" Tapia.
La medida fue adoptada por el Ministerio de Justicia luego de un pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ), que venía solicitando documentación contable y administrativa.
Los veedores designados son el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco, quienes tendrán acceso a libros contables, registros administrativos, soportes documentales y acuerdos comerciales de la AFA.
Su tarea incluirá la elaboración de un informe final, aunque también podrán presentar reportes parciales si detectan situaciones que consideren urgentes.
Entre los puntos que deberán analizar figuran:
La resolución se apoya en objeciones previas de la IGJ, que sostuvo que la AFA no entregó información requerida sobre el ejercicio 2025 y sobre la UNAFA. En ese hilo, cuestionó el intento de la entidad de fijar su domicilio en la provincia de Buenos Aires, ya que, según el organismo, esa mudanza fue “ficticia” .
El conflicto entre la Casa Rosada y la conducción de la AFA ya había escalado en las últimas semanas. De hecho, la entidad rechazó públicamente la medida, la calificó como una “veeduría ilegítima”, negó irregularidades en la presentación de balances y anticipó que buscaría frenar cualquier avance.
La veeduría, de todos modos, no equivale a una intervención plena ni altera el funcionamiento cotidiano de la AFA, pero sí abre una etapa de auditoría formal sobre uno de los núcleos más sensibles del negocio del fútbol argentino.
El resultado de ese proceso podría derivar en nuevos requerimientos, sanciones administrativas o una profundización del conflicto en sede judicial.
