La Corte Suprema de Justicia dejó firme el avance hacia el juicio oral contra la legisladora porteña Vanina Biasi, en el marco de una causa por presuntas expresiones antisemitas difundidas en redes sociales.
La decisión de la Corte Suprema habilita el avance del juicio oral contra Vanina Biasi por publicaciones en redes sociales consideradas discriminatorias.
Legisladora porteña del Frente de Izquierda Vanina Biasi.
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Gentileza La Corte Suprema de Justicia dejó firme el avance hacia el juicio oral contra la legisladora porteña Vanina Biasi, en el marco de una causa por presuntas expresiones antisemitas difundidas en redes sociales.
El máximo tribunal, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó un recurso presentado por la defensa al considerarlo extemporáneo, lo que destrabó el proceso judicial y habilitó la instancia de debate oral.
La causa investiga a la dirigente del Partido Obrero por el delito de instigación a la violencia y actos discriminatorios, a partir de ocho publicaciones realizadas entre noviembre de 2023 y enero de 2024 desde su cuenta verificada.
El expediente fue impulsado por el fiscal Carlos Stornelli, con la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) como querellante.
En primera instancia, el juez federal Daniel Rafecas resolvió el procesamiento de Biasi al considerar que los mensajes podían incitar al odio contra la comunidad judía y que excedían los límites de la libertad de expresión. Esa decisión fue luego confirmada por la Cámara Federal porteña.
La defensa de la legisladora argumentó que se estaba vulnerando la libertad de expresión y planteó la existencia de gravedad institucional. Sin embargo, esos argumentos no fueron analizados en profundidad debido a que el recurso extraordinario fue presentado fuera de los plazos legales.
Con el rechazo de la Corte, quedó firme la resolución que había declarado inadmisible ese planteo, lo que permite avanzar con el juicio. Cabe recordar que el caso ya había sido elevado a juicio a fines de diciembre y quedó a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien deberá llevar adelante el proceso oral.
De acuerdo con la Ley 23.592, los delitos vinculados a la discriminación por motivos raciales o religiosos contemplan penas de hasta tres años de prisión.
