La Unidad Fiscal de Delitos Económicos decidió archivar la denuncia que presentó la senadora contra el gobernador Alfredo Cornejo, por el convenio de Vialidad Nacional.
La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti lanzó dardos contra el gobernador Alfredo Cornejo
Foto:
Ramiro Gómez / Los Andes La Unidad Fiscal de Delitos Económicos decidió archivar la denuncia que impulsó la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti contra el gobernador Alfredo Cornejo por presunta malversación de fondos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles, por el convenio firmado entre la Provincia y Vialidad Nacional para el traspaso de obras en rutas nacionales.
La legisladora kirchnerista había presentado la denuncia ante la Justicia Federal el 21 de julio pasado, pero una semana después el Ministerio Público Fiscal de la Nación decidió remitirla a la justicia provincial al afirmar que no tenía competencia para investigarla.
Desde ese entonces, el expediente tramitó en el MPF mendocino y la fiscal de Instrucción de Delitos Económicos, Gabriela García Cobos, fue la encargada de llevar adelante la investigación.
Según pudo averiguar Los Andes, la fiscal concluyó que "los hechos objeto de investigación no configuran delito" al sostener que se trata de " cuestiones políticas no judiciales", que "escapan a la función interjurisdiccional de revisión". Es decir, la fiscal entendió que se dio en el ejercicio del poder político "conforme a criterios de oportunidad, mérito y conveniencia, en función de intereses del Estado".
La resolución fue confirmada por el jefe de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, Alejandro Iturbide, quién dictó finalmente el "archivo de las actuaciones". El fiscal argumentó que el convenio del traspaso de obras fue ratificado por ley, a través de la Legislatura provincial, y además contó con el aval de Fiscalía de Estado.
Ante esto, Fernández Sagasti reaccionó a través de las redes sociales. En su cuenta de X manifestó: "¿Sorpresa? El día que el Poder Judicial mendocino investigue una causa de corrupción de Cornejo, será justicia. Mientras tanto, es solo una chantada".
"Bonarrico, el robo en Vialidad Provincial, funcionarios millonarios que no declaran sus bienes... Ahora, la estafa al pueblo de Mendoza, que PAGARÁ TRES VECES una ruta que debería pagar Milei. Una (in)justicia con mayoría automática, paralizada ante el patrón. Vergonzoso", sentenció la legisladora.
Cuando presentó su denuncia ante la Justicia Federal, Fernández Sagasti explicó que el convenio cuestionado implica que la provincia se haga cargo del mantenimiento de rutas que son de competencia nacional, una decisión que, según señaló, “hace que los mendocinos paguemos tres veces por las rutas que debería costear el Estado Nacional”.
En esa línea, detalló: “Primero, los mendocinos ya pagamos estos arreglos a través de los impuestos como el IVA o el impuesto al combustible. Segundo, Cornejo pretende financiar las obras con los fondos de Portezuelo del Viento. Y tercero, anuncian que habrá peajes. No decimos que no se arreglen las rutas, pero pedimos al gobernador que le reclame a la Nación por la plata de los mendocinos”.
La fiscal federal Patricia Santoni fue quién recibió esta denuncia y días después emitió una resolución en la que descartaba que se haya producido un perjuicio al patrimonio nacional o que funcionarios federales hayan incurrido en delitos en el ejercicio de sus funciones.
Según el dictamen, los hechos denunciados debían ser analizados por la Justicia provincial, ya que no se observaba ninguna afectación al patrimonio del Estado nacional ni a sus instituciones.
El texto subrayó que la jurisdicción federal es “restrictiva y de excepción” y solo interviene en los casos que establece explícitamente la Constitución. “Los hechos deben ser investigados por la Justicia de Mendoza”, concluyó el Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Tras esa definición, la denuncia fue remitida a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos de los tribunales provinciales.
Al momento de archivar la denuncia, el jefe de la Unidad de Delitos Económicos citó la aprobación de la Legislatura y el dictamen favorable que el fiscal de Estado, Fernando Simón, realizó sobre el convenio referido.
“Los representantes de Mendoza (Gobernador y Legisladores provinciales) han decidido el mérito y la oportunidad necesaria para estas obras, y no compete a la jurisdicción juzgar la decisión política, salvo claro está palmaria arbitrariedad la que no se advierte para nada en el caso", sostuvo Iturbide en su dictamen.
Y agregó: "Baste recordar el dictamen del Fiscal de Estado, órgano constitucional de control del patrimonio provincial y la legalidad (art. 177 de la C.Mza) que enfatizó ‘la mejora sustancial de la infraestructura vial es impostergable por público y notorio conocimiento`”
"Por todo lo narrado, comparto el criterio sostenido con anterioridad, en el sentido que debe dictarse el Archivo de las actuaciones", afirmó Iturbide.