Un concejal de la localidad bonaerense de San Isidro por la Libertad Avanza, deberá pagarle $12 millones a una empleada luego de tocarle la cola. El episodio quedó registrado en un video de una cámara de seguridad.
Alberto Montes llegó a un acuerdo económico con la víctima tras ser filmado tocándole la cola en una oficina municipal. La causa penal sigue abierta rumbo al juicio oral.
Un concejal de la localidad bonaerense de San Isidro por la Libertad Avanza, deberá pagarle $12 millones a una empleada luego de tocarle la cola. El episodio quedó registrado en un video de una cámara de seguridad.
El hecho ocurrió a fines de 2023, cuando Alberto Montes trabajaba como inspector antes de asumir como concejal en ese mismo año. Allí durante un día en la base de Dirección de Tránsito de Boulogne se observa cómo el hombre ingresa a la oficina, se acerca a una compañera y le da un cachetazo en la cola. Ante esto, la mujer reaccionó con un pequeño golpe hacia Montes, en forma de rechazo.
Según informaron, luego de la denuncia presentada por la mujer, durante el mes de mayo de este año llegaron a un acuerdo con el agresor por un monto de $12 millones. El monto se dividió en un plan de pagos: un primer pago de $3 millones, dos cuotas de $2 millones y cinco cuotas restantes de $1 millón cada una.
Pese a esto, la causa penal continúa abierta y se encuentra bajo la carátula de abuso sexual. Los abogados de Montes solicitaron que sea sobreseído, pero la justicia rechazó dicha presentación. De esta forma, el proceso continuará en marcha hacia un juicio oral que podría realizarse a fin de año.
En este marco, el bloque de Fuerza Patria busca remover de su cargo al concejal, pero aún no cuenta con los votos necesarios para avanzar. “Cuando una mujer denuncia haber sido víctima de abuso, de violencia, el Estado, el Intendente, no puede mirar para otro lado, y nosotros, como representantes del pueblo, tampoco. No podemos pedirles a las vecinas de San Isidro que confíen en las instituciones si se protegen entre sí”, sostuvo al respecto Estefanía Rivadulla, del Frente Renovador.
Mientras que algunos referentes de la oposición hicieron foco en los ingresos de Montes para afrontar la deuda con la víctima. La dieta que percibe el concejal es de unos 2 millones y por ley no puede realizar otra actividad en paralelo al ser funcionario público.