Se trata de la jefa comunal de Santa Rosa, Flor Destéfanis, las multas derivan por la contratación de artistas de los festejos patronales en 2024.
Los seis intendentes del PJ: Edgardo González (Lavalle), Celso Jaque (Malargüe), Emir Andraos (Tunuyán), Flor Destéfanis (Santa Rosa), Fernando Ubieta (La Paz) y Matias Stevanato (Maipú). Los acompaña el diputado nacional Martín Aveiro.
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Prensa Maipú El Tribunal de Cuentas de Mendoza aprobó la rendición correspondiente al ejercicio 2024 de la Municipalidad de Santa Rosa, aunque en el mismo fallo dispuso la aplicación de multas a la intendenta Flor Destéfanis y a otros dos funcionarios por irregularidades detectadas en procedimientos administrativos.
La resolución, fechada el 11 de marzo de 2026, valida en términos generales la gestión administrativo-financiera y patrimonial del municipio durante el período analizado.
En ese marco, el organismo de control concluyó que la cuenta se encuentra en condiciones de ser aprobada y dispuso liberar de cargo a los responsables en función de la documentación evaluada.
No obstante, el fallo también expone una serie de observaciones surgidas del proceso de auditoría, algunas de las cuales derivaron en sanciones económicas.
El principal cuestionamiento está vinculado a la contratación de artistas para los festejos patronales de Santa Rosa realizados en agosto de 2024. Según detalla el Tribunal, el municipio recurrió a una contratación directa por $23.800.000, para la Asociación Soñarte, sin acreditar de manera suficiente las causales excepcionales que permiten apartarse del régimen general de licitación pública.
En el expediente analizado, la auditoría detectó la existencia de dos presupuestos de proveedores distintos, lo que, a criterio del organismo, desvirtúa el argumento de exclusividad utilizado para justificar la contratación directa.
Además, se advirtieron falencias en el procedimiento, como la falta de publicación del proceso, requisito exigido por la normativa vigente.
El Tribunal remarcó que la licitación pública constituye la regla en materia de contrataciones estatales, conforme a la Constitución provincial y la Ley 8706, y que las excepciones deben ser interpretadas de manera restrictiva, debidamente fundadas y acreditadas en cada caso.
A partir de estas consideraciones, concluyó que se trató de un “procedimiento administrativo irregular” y resolvió aplicar multas en el marco de la Ley 9292.
En ese sentido, la intendenta del peronismo y la secretaria de Gobierno y Administración, Magdalena Ascurra, fueron sancionadas con $400.000 cada una, mientras que el contador municipal, Nelson Carabajal, deberá abonar $500.000.
En el análisis de responsabilidades, el organismo señaló que la jefa comunal intervino en la firma del decreto que autorizó la contratación directa, en tanto que la secretaria participó en ese acto administrativo.
Por su parte, al contador municipal se le atribuyó responsabilidad en el control y registración de las operaciones, así como en la verificación del cumplimiento de la normativa aplicable.
Más allá de esta situación puntual, el Tribunal incluyó en el fallo otras observaciones y recomendaciones orientadas a mejorar la gestión municipal.
Entre ellas, advirtió deficiencias en la base de datos de contribuyentes, donde se detectó un alto porcentaje de errores en la identificación de CUIT/CUIL. Si bien en este caso no se aplicaron sanciones, se instruyó a la comuna a corregir la información y adecuarla a los requisitos normativos.
Asimismo, el organismo instó a fortalecer la gestión de cobro de deudas municipales y a mejorar los mecanismos de control en la rendición de fondos vinculados a programas nacionales, como el Plan de Primera Infancia, especialmente en lo referido al cumplimiento de plazos.
En su resolución, el Tribunal recordó que el juicio de cuentas tiene como objetivo verificar la legalidad de los actos administrativos, la correcta registración de las operaciones y la existencia de respaldo documental, en el marco de un control técnico y formal.
Con la reciente multa aplicada a Destéfanis, el Tribunal de Cuentas ya lleva sancionado a tres intendentes por detectar falencias en la entrega del ejercicio 2024 de sus respectivos municipios. Los otros dos casos tratan de los intendentes Ricardo Mansur (Rivadavia) y Alejandro Morillas (San Carlos).
En el caso del dirigente de Sembrar, el organismo de control decidió sancionar en enero de este año, tanto a Mansur como cinco miembros de su gabinete por irregularidades administrativas detectadas en el ejercicio 2024 del municipio.
Los motivos de las multas económicas fueron por la ampliación de una licitación pública para la compra de luminarias LED realizada fuera del plazo previsto, irregularidades en la adquisición de cubiertas para vehículos municipales, como deficiencias en las contrataciones de artistas para el festival “Rivadavia Canta al País”, entre otras causales.
Por estas razones, el HTC aplicó las siguientes multas:
En el caso del departamento del Valle de Uco, se trata de un intendente aliado al gobernador Alfredo Cornejo. En esta ocasión, el organismo de control sancionó a Morillas y a dos de sus funcionarios.
La única observación que derivó en sanciones económicas está vinculada a la contratación directa de la empresa Music Mix S.A. para la organización de la “Estudiantina 2024”, realizada el 22 de septiembre de ese año.
El municipio autorizó la contratación directa mediante decreto, invocando la causal de exclusividad prevista en el artículo 144 inciso i) de la Ley 8706, por un monto total de $139.688.000. Las sanciones fueron de:
