El jefe comunal de San Carlos, Alejandro Morillas, fue sancionado junto a otros dos funcionarios de su gabinete por la contratación directa de la Estudiantina.
El Tribunal de Cuentas sancionó al intendente de San Carlos, Alejandro Morillas y a dos funcionarios de su gabinete por irregularidades en una contratación directa.
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Prensa Cambia Mendoza El Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) aprobó la rendición correspondiente al ejercicio 2024 de la Municipalidad de San Carlos, aunque aplicó multas a tres funcionarios entre ellos al intendente y aliado a Cambia Mendoza, Alejandro Morillas, por irregularidades detectadas en la contratación directa del evento “ Estudiantina 2024”.
La decisión quedó formalizada en el Fallo18.353, fechado el 4 de febrero de 2026, en el marco del juicio de cuentas sobre la gestión administrativo-financiera y patrimonial del municipio.
No es la primer sanción que el organismo de extrapoder, que encabeza Néstor Parés, sanciona a un intendente durante la revisión del ejercicio 2024. A principio de este año, el HTC aplicó multas económicas al jefe comunal de Rivadavia, Ricardo Mansur y a cinco funcionarios de su gabinete por múltiples falencias en contrataciones, registraciones contables y controles internos.
Respecto de Morillas, el intendente del departamento del Valle de Uco formaba parte de Encuentro por San Carlos hasta que, previo a las elecciones legislativas de octubre de 2025, decidió incorporarse al oficialismo provincial. La decisión estuvo vinculada a diferencias políticas con el referente del espacio departamental y diputado provincial, Jorge Difonso.
En el análisis general de la cuenta 2024, el Tribunal concluyó que los estados contables del municipio presentan razonablemente su situación financiera, presupuestaria y patrimonial, motivo por el cual resolvió aprobar la rendición y liberar de cargo a los funcionarios intervinientes, en función de la documentación evaluada.
No obstante, el fallo detalla una serie de observaciones vinculadas a deficiencias en la registración contable y en los procedimientos administrativos.
Entre ellas se mencionan créditos por sueldos pagados en exceso, falencias en la registración de salarios caídos, ausencia de un sistema formal de control de stock en depósitos municipales y diferencias en la registración de recursos provenientes de la participación municipal y de retenciones salariales.
En estos casos, tanto la Auditoría como la Secretaría Relatora señalaron que las irregularidades fueron corregidas durante el ejercicio 2025, por lo que el Tribunal optó por no aplicar sanciones, aunque impartió instrucciones para mejorar los mecanismos de control interno y evitar la reiteración de las falencias detectadas.
La única observación que derivó en sanciones económicas está vinculada a la contratación directa de la empresa Music Mix S.A. para la organización de la “Estudiantina 2024”, realizada el 22 de septiembre de ese año.
El municipio autorizó la contratación directa mediante decreto, invocando la causal de exclusividad prevista en el artículo 144 inciso i) de la Ley 8706, por un monto total de $139.688.000. En esa ocasión, los artistas contratados por el municipio fueron los cantantes Emanero y el Negro Tecla.
El contrato incluyó la presentación de artistas nacionales y provinciales, además de servicios técnicos y logísticos como sonido, escenario, iluminación, pantallas LED, seguridad privada, entre otros.
Tras el análisis del expediente, el Tribunal concluyó que no se acreditó de manera suficiente la causal de exclusividad para la totalidad de los servicios contratados.
Si bien consideró que podría darse por acreditada la exclusividad respecto del artista principal, no se incorporó documentación que respaldara que los restantes servicios debían ser contratados necesariamente con la misma empresa ni que justificara el apartamiento del régimen general de licitación pública.
En ese sentido, el fallo remarca que la licitación pública es la regla general en materia de contratación administrativa y que las excepciones deben estar debidamente fundadas y acreditadas en el expediente, conforme a la Constitución provincial y la normativa vigente.
Como consecuencia de estas irregularidades, el Tribunal aplicó multas a los siguientes funcionarios, detallando el motivo específico de la sanción en cada caso:
Alejandro Morillas (Intendente): fue sancionado con una multa de $400.000 por haber suscripto el decreto que autorizó la contratación directa y el contrato con la empresa, avalando un procedimiento que, según el Tribunal, no acreditó debidamente la causal legal de excepción al régimen licitatorio.
Sebastián Garro Álvarez (Secretario de Gobierno): recibió una multa de $400.000 por haber intervenido en la suscripción del decreto de adjudicación. El fallo señala que, de acuerdo con el Manual de Funciones vigente, la Secretaría de Gobierno tiene entre sus responsabilidades verificar el cumplimiento de las normativas aplicables en materia de erogaciones, control que no se habría ejercido adecuadamente en este caso.
Vanina Moreno Stocco (Contadora Municipal): fue sancionada con una multa de $500.000. El Tribunal fundamentó la sanción en que su intervención implica certificar que el proceso del gasto se ajusta a las disposiciones legales vigentes. Además, el Manual de Funciones asigna a la Contaduría Municipal la tarea de verificar el cumplimiento de la normativa en materia de erogaciones, lo que, según el fallo, no se cumplió al convalidar la contratación directa sin respaldo suficiente.
El fallo establece un plazo de 30 días desde la notificación para que los funcionarios sancionados cancelen las multas, cuyos montos serán girados a la Administración Tributaria Mendoza (ATM).
Además de las sanciones, el Tribunal impartió una serie de instrucciones a las autoridades municipales para fortalecer el control interno, entre ellas la regularización del sistema de cargos y descargos, la revisión de la deuda con el Departamento General de Irrigación y la mejora de los controles en materia de personal y registración contable.
Finalmente, el organismo de control dejó constancia de que el juicio de cuentas se circunscribe a un control de legalidad y respaldo documental de los actos administrativos, y que la aprobación del ejercicio 2024 no exime a los responsables del cumplimiento de las instrucciones impartidas para los períodos siguientes.
