En medio del escándalo por la criptomoneda $LIBRA, el Gobierno nacional fracasó este jueves en su intento de instalar en el Senado el debate en el recinto del pliego que postula a Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia.
El oficialismo no logró el apoyo de la oposición para convocar al debate y ya piensa en un plan B para evitar el decreto.
El juez Ariel Lijo es el candidato para la Corte más controversial.
Foto:
En medio del escándalo por la criptomoneda $LIBRA, el Gobierno nacional fracasó este jueves en su intento de instalar en el Senado el debate en el recinto del pliego que postula a Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia.
El oficialismo buscaba conseguir los apoyos de la oposición para convocar a una sesión para mañana viernes, ya en el cierre del periodo de extraordinarias, para aprobar la nominación del juez federal para el máximo tribunal. Sin embargo, casi todo el arco opositor -tanto peronista como dialoguista- anticipó en la reunión de labor parlamentaria de esta mañana que no habilitaría el quórum frente al criptogate protagonizado por el presidente Javier Milei.
En el Poder Legislativo, el pliego necesitaría el aval de dos tercios para ser aprobado.
El de hoy es un fuerte golpe para el Gobierno, que arrastra una semana compleja tras la pérdida de credibilidad del líder de La Libertad Avanza por las explicaciones del escándalo con $LIBRA.
Ante este panorama, en la Casa Rosada ya exploran otras alternativas a los reemplazos de Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, ya que Lijo rechaza la opción de ser designado por decreto como se planteó desde la Casa Rosada.
El diario La Nación adelantó como posibles nombres los de los jueces Ricardo Rojas y Ricardo Ramírez Calvo (hombre muy cercano a Manuel García-Mansilla, el otro postulado); Carlos Laplacette, abogado del estudio Cassagne; y Alberto Bianchi, un prestigioso constitucionalista, socio de Santiago Castro Videla, el segundo Procurador General del Tesoro de la era libertaria. No se descarta una mujer, cuyo nombre no se dio a conocer “para no quemarla”, según fuentes oficiales.
Si fuera por decreto el pliego de Lijo y el de García-Mansilla, el Poder Ejecutivo tiene cinco días para tomar una decisión ya que la norma establece que sólo se pueden nombrar a jueces de la Corte en comisión siempre y cuando el Congreso de la Nación esté en receso, algo que sucederá desde el lunes 24 de febrero al 1 de marzo.