Efectivos activos, retirados y familiares impulsan un petitorio que busca una actualización salarial mensual por inflación y mejoras en asistencia psicológica.
El documento fue entregado en la Legislatura y en organismos de control. Incluye pedidos de recomposición salarial, mejoras edilicias y revisión del sistema de asistencia en salud mental.
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Prensa Gobierno de Mendoza El conflicto policial en Santa Fe tuvo su efecto contagio y los reclamos salariales y por mejores condiciones laborales, especialmente en el área de salud mental, llegaron a Mendoza. Efectivos en actividad, retirados y familiares de policías y penitenciarios presentaron un petitorio ante la Legislatura y el Ministerio de Seguridad y Justicia en el que detallan una serie de demandas.
La iniciativa es encabezada por la oficial ayudante Alejandra Rey e involucra tanto a miembros de la Policía de Mendoza como del Servicio Penitenciario. Según explicaron, el primer documento fue presentado el 5 de enero ante la cartera que conduce Mercedes Rus para solicitar la apertura de una mesa de diálogo.
Al no obtener respuesta, reformularon el planteo y lo entregaron el 11 de febrero en la Legislatura, además de realizar presentaciones en Fiscalía de Estado y en la Oficina de Ética Pública.
El miércoles pasado, durante la sesión de la Cámara de Diputados, personal de la Policía de Mendoza como del Servicio Penitenciario y familiares de los mismos se hicieron presentaron para entregar un petitorio. Luego de un cuarto intermedio, el grupo fue recibido por los legisladores provinciales quienes recibieron el documento.
Rey explicó que la decisión de presentarse en la Legislatura tuvo como objetivo que el reclamo llegue a todos los espacios políticos y que se reactive la Bicameral de Seguridad, órgano encargado de controlar al Ministerio.
En ese contexto, la oficial remarcó que no buscan replicar escenarios de protesta que afecten el servicio. “No queremos llegar a lo que sucedió en Santa Fe, acá ya pasó. Tenemos el antecedente de los años 98 y 99, se tienen muy en claro las consecuencias que se pueden llegar a tener”, sostuvo.
También agregó: “Nosotros no queremos que pase lo de Santa Fe, a los agentes de seguridad les decimos que no dejen de cumplir sus funciones porque la sociedad no tiene la culpa de esto”. Sin embargo, anticipó que realizarán manifestaciones para visibilizar el reclamo y que la primera será frente a Casa de Gobierno.
Un día después de la presentación en la casa de las leyes, la comisión de Derechos y Garantías recibió a familiares de policías de Mendoza y personal retirado de la fuerza, quienes dieron precisiones del petitorio entregado.
Según pudo saber este medio, los miembros de la comisión se comprometieron a revisar el petitorio y a realizar pedidos de informes respecto al tema.
El punto central del petitorio es una recomposición salarial del 100% para personal activo, retirados, jubilados y pensionados, con actualización mensual según inflación y el blanqueo total de sumas no remunerativas para que impacten en el básico.
Rey afirmó que “en Mendoza estamos cobrando muy mal” y señaló que un oficial con 20 años de trayectoria percibe alrededor de $1.100.000 de bolsillo. En tanto, un auxiliar (una de las categorías más bajas) tiene un básico de entre $150.000 y $180.000 y cobra entre $800.000 y $900.000 en mano. Según indicó, los penitenciarios no superan los $900.000.
El documento también propone una reforma integral de la Ley Orgánica de la Policía (Ley 6722) y que la actividad policial y penitenciaria sea declarada insalubre por los riesgos físicos y psicológicos que, sostienen, implica la tarea.
Uno de los ejes más sensibles del reclamo es la situación de la salud mental dentro de las fuerzas. Los firmantes advierten sobre un incremento de suicidios e intentos en el último tiempo. A raíz de esto, este grupo presentó una denuncia ante Fiscalía de Estado con un listado de 21 policías que, según indicaron, se quitaron la vida desde mediados de 2025 hasta la fecha.
“Presentamos una denuncia a Fiscalía de Estado donde entregamos un listado de 21 policías que decidieron terminar con su vida para que se investigue qué prestación tuvieron de los servicios que debería brindar el ministerio”, afirmó Rey.
Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia informaron que en el último año y medio se registraron seis suicidios en la Policía de Mendoza y señalaron que se trabaja junto con la Dirección de Salud Mental de la Provincia para abordar la problemática.
Los firmantes del petitorio también cuestionan el funcionamiento de las áreas de Asistencia al Policía y Sanidad Policial, y denuncian que no se estarían cumpliendo los estudios psicofísicos trianuales previstos por la normativa vigente.
También denuncian que no se estarían cumpliendo los estudios psicofísicos trianuales previstos por la normativa vigente y que existen descuentos salariales a quienes solicitan asistencia por salud mental, lo que según el petitorio, actúa como una barrera para pedir ayuda.
En el plano laboral, plantean que no se pagan horas extras y que la carga semanal pasó de 48 a 60 horas, con recargas obligatorias sobre turnos de 24 horas.
Además, advierten sobre una “emergencia edilicia” en comisarías y unidades penales y solicitan provisión anual de uniformes y chalecos antibalas, pago de viáticos cuando la jornada supere las ocho horas continuas y la eliminación de la figura de consigna policial fija para optimizar el personal disponible.
La ministra Mercedes Rus sostuvo en una entrevista radial que durante el último año se realizó un “gran esfuerzo” para blanquear bonos y mejorar la estructura salarial, y remarcó que las demandas deben canalizarse de manera institucional.
“Quienes quieren colgarse de eso en distintas provincias están mal, están por fuera del orden público esencial, por fuera de las reglas y lo tienen bastante claro”, enfatizó la funcionaria en Radio Mitre.
Por ley, las fuerzas de seguridad de Mendoza no cuentan con paritarias, por lo que los aumentos salariales se otorgan mediante decretos del Poder Ejecutivo.
Durante 2025, el incremento del salario básico para policías y personal penitenciario fue del 23%. No obstante, si se consideran los adicionales y la incorporación de ítems que fueron blanqueados, la suba total de los haberes se ubicó en un rango de entre el 44% y el 46%, según datos oficiales.
De acuerdo con información de la cartera, el salario de un auxiliar ingresante supera actualmente los $1.200.000, mientras que un comisario general percibe alrededor de $2.850.000.
En ese marco, desde el Ministerio precisaron que durante el 2025 se realizaron modificaciones en la estructura salarial con el objetivo de consolidar determinados adicionales, entre ellos el blanqueo de conceptos que anteriormente se pagaban por fuera del sueldo básico.
Rus afirmó además que las “demandas reales del sistema” son canalizadas por la jefatura policial y advirtió que cualquier planteo debe desarrollarse dentro del orden institucional.
El reclamo en Mendoza se produce semanas después del conflicto policial en Santa Fe, que tuvo su punto más crítico a comienzos de febrero.
Tras las jornadas de protestas y acuartelamientos, el gobernador Maximiliano Pullaro anunció un nuevo esquema salarial que fijó un piso de $1.350.000 para los agentes, con montos superiores según jerarquía e ítems adicionales.
El conflicto incluyó manifestaciones frente a dependencias oficiales y fue dado por finalizado el 12 de febrero, luego de la oficialización del nuevo esquema mediante decreto.