Con paritarias semestrales y aumentos por decreto, el Gobierno y los gremios mantienen posiciones enfrentadas sobre la evolución del poder adquisitivo.
Con una inflación acumulada hasta noviembre del 26,3%, el Ejecutivo sostiene que los sueldos le ganaron a los precios, mientras los sindicatos reclaman la reapertura de paritarias.
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En Mendoza, la inflación acumulada durante 2025 alcanza el 26,3%, a la espera del índice de diciembre, que se conocerá a mediados de enero de 2026. Este dato encendió los reclamos de los gremios estatales, que sostienen que los salarios de los empleados públicos quedaron por debajo del avance de los precios y exigen la reapertura de paritarias.
Desde el Gobierno de Alfredo Cornejo aseguran, en cambio, que los sueldos del sector público se ubicaron por encima de la inflación y que, durante 2025, la masa salarial de la Provincia se incrementó un 40%, pese a contar con unos 2.050 empleados menos que el año anterior.
En ese contexto, Los Andes consultó a los distintos gremios estatales sobre la evolución de los salarios en cada sector. De acuerdo con los datos aportados por los sindicatos, los aumentos anuales en los salarios básicos fueron del 15% en la administración central, según ATE; del 22,5% en Educación; del 28% en el sector de la Salud; y del 25% para los empleados judiciales.
El gobernador Alfredo Cornejo se refirió a estos planteos durante una entrevista con este medio, en la que defendió la política salarial de su gestión y cuestionó la postura de algunos gremios, a los que acusó de “atrasar” con sus reclamos.
“En el sector público no están por debajo de la inflación. Como promedio, algunos empleados públicos pueden estar por debajo, pero en general están por encima”, sostuvo el mandatario provincial.
En la misma línea, Cornejo remarcó que la desaceleración inflacionaria permitió una recuperación del poder adquisitivo en el sector público.
“Los promedios siempre son injustos, porque el que no se ve reflejado dice que está por debajo y que el gobernador está mintiendo. Pero como promedio están por encima de la inflación, en casi todos los escalafones”, afirmó.
La gestión provincial implementó en este 2025 una serie de medidas que impactaron de manera directa en los salarios estatales. Entre ellas, se estableció un nuevo esquema de paritarias semestrales, siendo la última instancia de negociación en junio de este año. Esta modalidad se adoptó, según explicaron desde el Ejecutivo, a partir de “la estabilización de la inflación”.
A estos cambios se sumaron distintos regímenes específicos para sectores de la administración provincial y la incorporación de ítems e incentivos salariales.
En ese marco, la semana pasada la Legislatura dio sanción definitiva a un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que crea un adicional especial para los abogados del Estado. El nuevo plus salarial rondará los 1.200.000 pesos y será percibido por los profesionales que se desempeñan en la Asesoría de Gobierno.
El beneficio también alcanzará a los empleados administrativos del área, aunque en ese caso el monto será equivalente a la mitad del adicional previsto para los abogados.
Por ley, las fuerzas de Seguridad de Mendoza no cuentan con paritarias, por lo que los aumentos salariales se otorgan mediante decretos del Poder Ejecutivo. Durante 2025, el incremento del salario básico para policías y personal penitenciario fue del 23%.
Sin embargo, si se consideran los adicionales y la incorporación de ítems que fueron blanqueados, la suba total de los haberes se ubicó en un rango de entre el 44% y el 46%, según datos oficiales.
De acuerdo con información del Ministerio de Seguridad y Justicia, el salario de un auxiliar ingresante supera actualmente los $1.200.000, mientras que un comisario general percibe alrededor de $2.850.000.
En ese marco, la ministra Mercedes Rus explicó que durante el año se realizaron modificaciones en la estructura salarial con el objetivo de consolidar determinados adicionales, entre ellos, blanquear conceptos que anteriormente se pagaban por fuera del sueldo básico.
“Blanqueamos varios puntos que estaban por fuera del bono para que todos los aumentos de los estatales repercutan en una base más inflada. La idea siempre es mejorarla, pero la sábana es corta”, señaló en una entrevista con Los Andes.
El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Roberto Macho, cuestionó con dureza la política salarial aplicada durante el año. El dirigente sostuvo que el incremento real acumulado en 2025 fue significativamente menor al informado oficialmente.
“A nivel provincial, los salarios realmente solo han crecido un 10%”, afirmó, y agregó que en el caso de la administración central el aumento alcanza “casi el 15%, pero únicamente por el fondo estímulo o adicional de metas institucionales”.
En la segunda paritaria realizada a mitad de año, ambas partes no llegaron a un acuerdo y el Ejecutivo provincial avanzó en agosto con aumentos otorgados por decreto para distintos regímenes de la administración pública.
En ese marco, se dispusieron subas del 4% en julio, 3% en septiembre y 3% en noviembre, lo que, según el Gobierno, permitió sostener el poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación.
Macho explicó que ese porcentaje no responde a una mejora estructural del salario, sino a mecanismos de cálculo que, según señaló, no son acumulativos.
“Lo hicieron con una base de cálculo de diciembre de 2024 y después con otra base en julio de este año. Por ende, ninguno es acumulable en sí mismo y por eso llegan al 15%”, indicó, al tiempo que remarcó que “no es lo mismo un 15% sobre dos o tres millones de pesos, que es lo que debería estar cobrando un trabajador”.
ATE también cuestionó la situación laboral en el sector de la salud, donde, según Macho, los salarios del Régimen 15 aumentaron alrededor de un 10%, pero “sobre una base de cálculo ínfima”.
En ese contexto, aseguró que “casi el 70% de los trabajadores está por debajo de la línea de la pobreza y un 30% por debajo de la línea de la indigencia, cobrando menos de $650.000”.
Sin rodeos, Cornejo fue crítico de la postura del gremio y sostuvo que ATE “atrasa” en sus planteos salariales. El mandatario afirmó que el Ejecutivo viene ofreciendo alternativas superadoras, especialmente en el área de salud.
“Le estamos ofreciendo un convenio colectivo de trabajo con índices de productividad que los pondrían por encima del promedio salarial, pero no quieren sentarse a negociar por cuestiones ideológicas”, señaló.
Además, el mandatario cuestionó las advertencias realizadas por ATE y recordó la postura que el gremio adoptó frente a cambios en el régimen de los médicos.
“Ampros dijo que queríamos bajarles el sueldo y hoy los médicos hacen fila para pasarse al Régimen 38”, afirmó, al destacar que ese esquema contempla otros incentivos y obligaciones. En ese sentido, consideró que ATE “debería mirarse en los errores que cometió Ampros”.
Desde la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS) señalaron que durante 2025 el incremento salarial para el sector fue del 28% en términos brutos, una cifra que, según el gremio, quedó por debajo de la inflación acumulada en la provincia.
En ese marco, la secretaria general de AMPROS, Claudia Iturbe, indicó que el salario promedio de un profesional de la salud ronda entre el millón y 1.200.000 pesos.
“Nos deben el 40% que el gobernador se aumentó en junio y que replicó a todos los funcionarios políticos, pero ese incremento no llegó a los trabajadores estatales”, afirmó.
Según explicó Iturbe, ese porcentaje está vinculado a dos factores: la devaluación registrada en diciembre de 2023, al inicio de la gestión de Javier Milei, y la falta de recomposición salarial durante 2020, bajo el gobierno de Rodolfo Suárez.
Respecto del Régimen 38, la titular de AMPROS reconoció que un grupo reducido de profesionales obtuvo mejoras salariales significativas.
“Es verdad que quienes ingresaron al Régimen 38 se han visto beneficiados, con un aumento de alrededor de 600.000 pesos, pero solo lo han cobrado unos 600 médicos en toda la provincia, a costa de renunciar a todos sus derechos”, señaló.
En ese sentido, advirtió que el esquema implica cambios estructurales en el sistema sanitario. “Con este régimen el Gobierno solo garantiza una salud pública básica, que contempla únicamente la atención. El resto de las especialidades queda afuera y debe pagarse. Nosotros no estamos en contra del régimen; lo que defendemos son los derechos de la salud pública”, remarcó.
Por último, desde AMPROS reclamaron la reapertura de paritarias. “Hemos pedido la apertura, pero no nos han respondido. Seguramente nos convoquen recién en febrero o marzo, ganando algunos meses más. Lo que exigimos es que se pague esa diferencia salarial”, concluyó.
Desde su implementación, en septiembre del año pasado, más de 600 profesionales sanitarios ya se incorporaron al Régimen 38 y existen unas 400 solicitudes en espera, según datos oficiales.
El régimen organiza los cargos y busca que los profesionales que deseen trabajar más horas puedan hacerlo, incrementando su remuneración variable y contribuyendo a reducir las listas de espera.
En paralelo, el Régimen Especial para Médicos (Ley 9539) apunta a fortalecer el sistema de salud pública mediante una estructura organizativa específica para profesionales del Ministerio de Salud y Deportes, tanto en organismos centralizados como descentralizados y autárquicos. La remuneración combina un componente horario con otro por objetivos, además de incentivos por productividad.
Por otra parte, el Gobierno provincial y la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) firmaron el Convenio Colectivo de Trabajo del Régimen 15, que actualiza el marco laboral de los trabajadores de la salud tras casi dos décadas sin modificaciones.
Para que el convenio entre en vigencia, ATSA deberá acreditar mayor cantidad de afiliados que ATE: actualmente cuenta con unos 2.500 adherentes en el Régimen 15, frente a los 4.300 que tiene ATE.
Desde Casa de Gobierno explicaron que “la intención del acuerdo fue equiparar diferencias salariales” y señalaron que, con el impacto de los adicionales en el salario básico, los trabajadores del régimen tendrían un aumento promedio del 45%.
Desde el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), su secretario general, Gustavo Correa, aseguró que durante 2025 los incrementos salariales tuvieron un impacto desigual según la categoría y el acceso a ítems adicionales.
Desde el gremio precisaron que el promedio de aumento en 2025 fue del 23% y que, en diciembre, una docente que recién inicia y hasta con 11 años de antigüedad cobra $709.500, mientras que quienes tienen más de 29 años de ejercicio perciben un básico de $757.500.
Correa remarcó que solo una parte del sistema logró equiparar o superar la inflación. “El 58% de los docentes recibe esos ítems y le ha podido ganar a la inflación. El 42% restante no los tiene y, a nivel salarial, está casi un 4% por debajo”, afirmó.
En ese marco, el dirigente sindical cuestionó la forma en que se construyen los rankings salariales a nivel nacional.
“A mitad de año estábamos en el puesto 12, pero ahora retrocedimos al 18. Nosotros tomamos el salario básico, sin adicionales, porque con los ítems solo se puede contemplar al 52% de los docentes y un 42% queda afuera”, sostuvo.
Durante una entrevista en el programa televisivo Séptimo Día, el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, defendió la política salarial aplicada durante 2025 y destacó una mejora relativa en la comparación interprovincial.
El titular de la DGE afirmó que Mendoza “está en el puesto 10 o 12, dependiendo del ranking que se tome, porque hay algunos que tienen en cuenta los ítems, como el arraigo, y lo que se cobra de media salarial”.
En ese sentido, señaló que “este año tuvimos el mismo nivel de avance salarial que la inflación”. García Zalazar puso como ejemplo la incorporación de ítems como arraigo, dedicación y capacitación docente.
En cuanto al balance general, sostuvo que “se subieron varios lugares en la tabla nacional, aunque falta mucho por hacer”, y anticipó que la intención del Gobierno es sostener esa mejora en 2026, vinculándola al desempeño y a nuevos esquemas de incentivos.
Además, destacó la relación con el gremio docente: “Tenemos buen diálogo con el SUTE y hemos firmado todas las paritarias. Mendoza es una de las cuatro provincias que garantizó dos años seguidos los 180 días de clases por ley y los 190 que son por resolución”.
El Ministerio de Educación informó que el incremento acumulado anual del salario docente fue del 23% a diciembre, al que se sumó un bono extraordinario de $240.000, pagado en dos cuotas en enero y febrero, vinculado a los ítems útiles y vestimenta.
A esto se agregan los ítems de arraigo, que pueden alcanzar hasta un 40%, y de capacitación docente, de hasta un 50%, en función de títulos y capacitaciones acreditadas. Estos deberán renovarse cada cinco años, un requisito que no se exigía anteriormente y que comenzará a aplicarse a partir de 2026.
Finalmente, este miércoles la DGE anunció un nuevo acuerdo con el SUTE por el cual los docentes percibirán una suma total de $300.000, por única vez, en concepto de ayuda para útiles escolares correspondiente al ciclo lectivo 2026.
El pago se realizará en tres tramos: $100.000 el viernes 16 de enero de 2026, $170.000 el viernes 20 de febrero, y el monto restante junto con los haberes de abril de 2026.
Según indicó el secretario general del gremio de Judiciales, Ricardo Babillón, el incremento salarial acumulado para el sector durante 2025 fue del 25%.
En ese marco, el dirigente señaló que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay, se comprometió a convocar al gremio este viernes para retomar lo acordado en la última paritaria realizada a comienzos de año.
El eje del reclamo pasa por el cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo y una necesaria reestructuración salarial, aunque hasta el momento el sindicato no recibió ninguna notificación formal.
Babillón remarcó que los aumentos otorgados al sector impactaron únicamente sobre el salario básico y que los Judiciales no cuentan con ítems adicionales, a diferencia de otros regímenes estatales.
“Nosotros hemos tenido solo aumentos en el básico; no tenemos ítems como los otros sectores, que con eso hacen un poco la diferencia”, explicó.
En cuanto a los ingresos, precisó que actualmente un trabajador judicial que ingresa por concurso percibe un salario de $750.000.
“La intención de este gobierno es aplastar el salario de los Judiciales. Es muy notorio: a los otros sectores les ha establecido nuevos ítems o regímenes y a nosotros nada. Es una clara decisión política”, concluyó Babillón.