Por DNU, el gobierno de Javier Milei estableció los nuevos criterios para extranjeros con residencia temporaria.
Salió el decreto de la reforma migratoria
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EFE Con modificaciones a la Ley de Migraciones N° 25.871, el Gobierno nacional oficializó este jueves la reforma migratoria, que endurece las condiciones para extranjeros temporarios establecida en Argentina. Los cambios van desde la obligatoriedad de un seguro médico, la habilitación a universidades públicas para sumar un arancel y el endurecimiento de la deportación de delincuentes.
Después del anuncio del vocero presidencial Manuel Adorni el 14 de mayo pasado, la novedad quedó plasmada en el decreto N° 366/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial. La intención de la administración libertaria es que "los pagadores de impuestos no sufran las consecuencias de los extranjeros que ingresan únicamente para hacer uso y abuso de recursos que no son suyos".
En materia de salud, la medida firmada por Javier Milei busca unificar en todo el país políticas que ya comenzaron a implementarse en provincias como Mendoza (2024), Salta, Jujuy y Santa Cruz. Los gobernadores venían advirtiendo hace tiempo sobre el fenómeno de los llamados “tours sanitarios”, impulsados por la diferencia cambiaria que convierte a las cirugías y tratamientos complejos en verdaderas “gangas” para pacientes extranjeros.
De acuerdo con cifras oficiales, el objetivo es reducir el gasto que generó la atención médica a personas no residentes, estimado en 114.000 millones de pesos.
Como les ocurre a los argentinos en otros países, pasará a ser una exigencia para los residentes temporales contar con un seguro de salud. De hecho, el no poseer un servicio de esta índole contratado también será considerado como un motivo para impedir el ingreso al país. Sin embargo, la restricción será a los tratamientos médicos y la atención sanitaria de consulta. Las emergencias seguirán siendo gratuitas.
Respecto a educación, siempre para el caso de los extranjeros con residencia temporaria, se determinó que podrán acceder a la educación inicial, primaria y secundaria, ya sea en una institución pública o privada, sin ningún inconveniente. Incluso, si la condición migratoria fuera catalogada como irregular.
Pero Milei habilitó a instituciones del nivel superior, como las universidades públicas, a cobrar cuota, siempre que así lo deseen. Se aclaró también que seguirá vigente la posibilidad de acceder a becas que fueran ofrecidas por casas de altos estudios nacionales, otros estados y organismos nacionales e internacionales.
¿A qué universo afecta esta medida? A uno pequeño. De ir a cifras oficiales, el informe “Síntesis de Información Estadísticas Universitarias 2022-2023”, publicado por el Departamento de Información Universitaria de la Secretaría de Educación de la Nación y el último disponible, indicó que un total de 2.720.531 personas cursaban carreras de pregrado, grado o posgrado en universidades nacionales de Argentina. De ese universo, 122.769 eran estudiantes extranjeros.
Esto equivale al 4,1% de los matriculados en pregrado y grado, y al 9,9% en el caso del posgrado. Un dato llamativo es que la proporción de alumnos del exterior resulta más alta en las instituciones privadas (5,5%) que en las públicas (4,3%).
De todos modos, el gobierno de Milei mencionó en el DNU solamente el caso de la Universidad de Buenos Aires (UBA): 38.185 alumnos extranjeros de un total de 326.421 y 25% de la matrícula para extranjeros en medicina.
Además del seguro médico y los motivos explicitados para ingresar a Argentina, se determinó la prohibición de ingreso a extranjeros que hubieran cometido un delito doloso contra la vida, la integridad sexual, los poderes públicos o el orden constitucional.
Las autoridades sumaron una cláusula para evitar que las personas que hayan sido condenadas en Argentina o el exterior a cumplir una pena de tres años, sin importar la modalidad de cumplimiento, por cualquier tipo de delito, puedan ingresar al país. De la misma forma, en aquellos que hubieran promovido o facilitado con fines de lucro el ingreso, permanencia o egreso de extranjeros ilegales en el territorio nacional.
Una vez que el acceso les fuera denegado, la Dirección Nacional de Migraciones tendrá la potestad de aplicar una prohibición de ingreso mínima de 5 años.
También se eliminará la residencia permanente a aquellos que hubieran cometido delitos que merezcan ser penados con la cárcel. El no contar con domicilios declarados, ingresar sin pasar el control migratorio, desnaturalización de los motivos de ingreso y excederse en el plazo de estadía permitida serán causales suficientes para que se ordene la expulsión del país.
El decreto de Milei sobre la reforma migratoria brindó nuevas condiciones para los extranjeros que desearan ser naturalizados argentinos.
Tal como sucede actualmente, las personas mayores de 18 años que hubieran permanecido en el país por un mínimo de dos años seguidos sean elegibles. Para esto, deberán acreditar su residencia y hacer manifiesta su voluntad ante la Dirección Nacional de Migraciones.
Incluso, los migrantes que hubieran realizado una inversión en el país también podrán acceder a la naturalización. Según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Ciudadanía N° 346, no se tendrá en cuenta el tiempo de residencia, pero la inversión será analizada por el Ministerio de Economía, organismo que tendrá la potestad de determinar si fue “relevante” para la economía nacional.
En un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, el gobierno de Javier Milei afirmó que “las facilidades extremas que hasta la fecha existían para ingresar a la Argentina hicieron que, en los últimos 20 años, inmigraran 1.700.000 extranjeros de forma irregular”. No obstante, ese número resulta engañoso si se lo compara con datos oficiales.
Según el Censo 2022, el último relevamiento nacional disponible, residen en viviendas particulares del país 1.933.463 personas nacidas en el extranjero, lo que equivale al 4,2% de la población total. La mayoría proviene de Paraguay (27%), Bolivia (17,5%) y Venezuela (8,4%).
De hacer memoria, no es la primera vez que se busca reformar los requisitos de inmigración. En 2017, el intento fallido de Mauricio Macri vía DNU fue frenado por la Justicia y, luego, rechazado por el gobierno de Alberto Fernández. Esta vez, los libertarios pulieron los puntos críticos del texto para evitar un nuevo revés, además de valerse del respaldo ciudadano y de un contexto favorable a la medida
Hasta fines de 2023, la población carcelaria en la Argentina alcanzó las 111.967 personas, según el Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (Sneep) en su último informe disponible.
El 6% de los detenidos eran extranjeros (6.644), y casi la totalidad de ellos provenía de países limítrofes y Perú. Paraguay lideraba el origen de los internos extranjeros con 1.923 personas, seguido por Bolivia (905) y Perú (857).
Por otro lado, el informe 2024 del Ministerio Público Fiscal detallaba que dentro del Sistema Penitenciario Federal había 1.884 extranjeros detenidos, un 16,1% de esa población.