Robo en depósito de Guaymallén: los despidos están firmes y todo terminará en la Corte

La Municipalidad de Guaymallén cesanteó, definitivamente, a los tres empleados acusados de robo de materiales en un depósito municipal. Los despidos ya quedaron firmes, luego de rechazar un recurso revocatorio presentado por la defensa de al menos, dos de los despedidos.

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Adrián Riva, Lourdes Romero y Manuel Cachi Nieto están en condiciones de llevar el conflicto a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza para que revea la decisión del intendente Marcelino Iglesias. En los próximos días ingresarían las Acciones Procesales Administrativas (APA) .

Una serie de robos perpetrados en el depósito de la Municipalidad de Guaymallén terminaron en la Justicia, según contó Los Andes el 27 de diciembre del año pasado. El fiscal Gonzalo Marzal, fiscal de Robos y Hurtos abre una investigación e imputa a tres empleados por hurto agravado como son Lourdes Romero, Adrián Riva y Manuel Alejandro Cachi Nieto.

Los tres cumplían distintas funciones dentro de la Dirección de Obras por Administración (DOA) cuyo titular es Ramiro García y que a su vez, depende de la Secretaría de Obras Públicas, a cargo de Marcos Calvente.

Del expediente se desprenden acusaciones de los empleados a García, asegurando que cumplían órdenes y que no robaron. Además nombran al corralón Andacollo S.A como posible destino de los materiales de construcción denunciados como robados. Un informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) da cuenta de compras hechas por la Unión Cívica Radical (UCR) al corralón por cerca de $2,5 millones durante el 2021.

Algunas compras tuvieron como destino la remodelación del comité radical de Guaymallén. Para la defensa de los empleados, el municipio “los usó como chivo expiatorio”. Dentro de la comuna se abren sumarios administrativos mientras el frente judicial seguía su curso.

La comuna resolvió el 30 de diciembre del año pasado, previo a suspender durante 90 días a las personas involucradas, cesantear a los empleados. Es decir, despedirlos. Una vez notificadas las cesantías, que se efectivizaron a través de un decreto municipal firmado por el intendente Marcelino Iglesias, la defensa de los empleados presentó recursos de revocatoria.

“El recurrente no ha logrado desvirtuar los fundamentos invocados en el Dictamen de la DAL (NdR: Dirección de Asuntos Legales), donde se dispuso la sanción disciplinaria aquí atacada”, expresa la notificación, con fecha 19 de enero de este año, a la que tuvo acceso Los Andes.

Además, consideran que “no se ha incorporado ningún elemento de descargo, por lo tanto, la comuna entiende que “corresponde rechazar en lo sustancial el recurso interpuesto”. Y se aclara que la vía administrativa está agotada, por lo tanto están en condiciones de recurrir a la Suprema Corte de Justicia.

Aún están vigentes los plazos para presentar una Acción Procesal Administrativa (APA) y es algo que ocurrirá, según pudo saber Los Andes, en los próximos días. Será el máximo tribunal el que revea el procedimiento administrativo municipal mientras se espera por la causa en el Ministerio Público Fiscal.