La ministra de Ambiente y Energía, Jimena Latorre, estuvo en comisiones para dar detalles del proyecto que busca actualizar la normativa vigente desde 1992.
Residuos: el Senado comenzó a tratar la nueva ley que pretende el Gobierno
Foto:
El Gobierno de Alfredo Cornejo puso en marcha el debate legislativo sobre la ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). La ministra de Ambiente y Energía, Jimena Latorre, estuvo en la Legislatura en el que dio sobre la iniciativa que busca reemplazar la ley 5970, vigente desde 1992.
La exposición se realizó en una reunión conjunta de las comisiones de Ambiente y Hacienda de ambas cámaras, Diputados y Senadores. El objetivo del proyecto es establecer un nuevo paradigma en el tratamiento de los residuos domiciliarios, con una visión sustentable, moderna y alineada con los principios de la economía circular.
Entre los cambios institucionales propuestos, se anunció la creación de la Coordinación General de Sostenibilidad, encabezada por la ingeniera Carla Ortega, que reemplazará a la anterior Dirección de Transición Energética.
Este nuevo organismo tendrá la responsabilidad de planificar y monitorear políticas públicas vinculadas al ambiente, la energía, la economía, lo social y la gobernanza, con un enfoque integral.
“Queremos que esta coordinación sea el eje de las políticas de sostenibilidad del gobierno provincial”, explicó Latorre, quien remarcó que la reestructuración busca integrar áreas que anteriormente estaban desarticuladas.
El proyecto establece un esquema basado en la separación en origen, transporte diferenciado, tratamiento especializado y valorización energética y productiva de los residuos.
Además, plantea la incorporación de herramientas de trazabilidad mediante registros y sistemas que permitan seguir el recorrido de los residuos desde su generación hasta su disposición final.
Uno de los puntos destacados es el fortalecimiento del régimen sancionatorio, con penas más severas para infracciones tanto del sector público como del privado. Sin embargo, desde el ministerio aclararon que la lógica de la ley no será punitiva, sino preventiva y disuasiva, siempre dentro de una estrategia de planificación estructural.
Según los datos oficiales, actualmente se han identificado 56 basurales a cielo abierto en zonas densamente pobladas. La zona metropolitana concentra el 29% de estos sitios, seguida por la zona Este (25%), la zona Centro (24%) y el Sur provincial (22%).
En ese sentido, la funcionaria precisó que la propuesta es similar a los planes de ordenamiento territorial que se aplicaron en todos los departamentos. De este modo, la iniciativa busca que cada municipio elabore su propio plan de gestión de residuos, pero dentro de un esquema provincial.
Según datos aportados por la cartera ambiental, en Mendoza, cada habitante genera en promedio 1,5 kilogramos de residuos por día, una cifra que revela la magnitud del problema.
“La actual ley 5970, vigente desde 1992, no ha dado los resultados esperados. A más de tres décadas, necesitamos una solución interdisciplinaria y moderna”, señaló Latorre.
Por ese motivo, la extitular del EPRE apunta a lograr que solo entre un 3% y un 5% de los residuos llegue a disposición final. De lograrlo, la funcionaria agregó que "el resto deja de ser un pasivo y se convierte en un activo para sectores productivos que pueden resignificar eso que antes era considerado basura".
Por su parte, la subsecretaria de Ambiente, Nuria Ojeda, destacó el rol de los recicladores y recuperadores urbanos, a quienes se los incorpora como “agentes tecnificados de gestión”. El proyecto busca revalorizar su trabajo a través de asociaciones con municipios y consorcios que administran los centros de transferencia y disposición final.
Ojeda también explicó que el Gobierno trabaja con los municipios en el cierre progresivo de basurales y en proyectos de remediación ambiental para dejar de enviar materiales a esas zonas. Actualmente, los residuos urbanos son tratados en tres Centros de Disposición Final (CDF) habilitados:
El Borbollón (Área Metropolitana): Recibe entre 30.000 y 32.000 toneladas mensuales. El costo por tonelada es de $20.000 para municipios y $30.250 para privados. Con el cierre del basural de Puente de Hierro y el compromiso del municipio de Guaymallén de enviar la totalidad de sus residuos al CDF, se estima que el volumen mensual llegará a 41.000 toneladas en 2025.
COINCE (San Carlos): Atiende a los municipios de Tupungato, Tunuyán y San Carlos. Recibe unas 3.000 toneladas mensuales, con tarifas de $13.000 para municipios y $20.000 para privados.
COINES (Rivadavia): Recibe entre 3.500 y 4.200 toneladas al mes provenientes de Santa Rosa, La Paz, Junín, Rivadavia y San Martín. El costo es de $10.000 por tonelada para municipios y $22.000 para privados.
El proyecto de ley GIRSU se estructura en 12 títulos que abarcan aspectos técnicos, institucionales y operativos: desde la clasificación de residuos hasta mecanismos de control, fiscalización y financiamiento.
El tratamiento legislativo continuará en las próximas semanas con análisis en comisiones y eventuales modificaciones antes de su votación en la Cámara de Senadores.