La obra del Tramo II de Guaymallén tiene un presupuesto de U$S 50,3 millones y presenta diferencias de hasta 15% entre la propuesta más baja y la estimación oficial.
El 2026 de la gestión de Alfredo Cornejo estará marcado por la adjudicación de las principales obras financiadas con el Fondo del Resarcimiento. En medio de tensiones con el sector constructor, el Ejecutivo provincial se prepara para anunciar la adjudicación de la remodelación del Acceso Este (Tramo II de Guaymallén) y del Tren de Cercanías.
Según pudo saber Los Andes, ambos anuncios se realizarían a mediados de marzo. La primera en definirse sería la intervención del tramo urbano del Acceso Este, entre el Nudo Vial y calle Arturo González, con una inversión oficial prevista de 50,3 millones de dólares.
La apertura de sobres del Tren de Cercanía se realizó a principio de diciembre, allí se presentaron 18 ofertas realizadas por 10 empresas. La inversión estimada ronda entre los 130 y los 150 millones de dólares y el proyecto apunta a la construcción de 33 km de vías que conectará Maipú (Gutiérrez) con la zona Este (San Martín).
Las obras se adjudicarán en un contexto de diferencias entre el Gobierno y las cámaras empresariales, que vienen cuestionando la concentración de fondos en dos principales firmas y las reiteradas adjudicaciones que fueron “muy por debajo” de los presupuestos oficiales.
Un informe publicado por Los Andes, elaborado con datos oficiales, reveló que el 51% de las partidas del Fondo del Resarcimiento fueron consignadas a dos constructoras: CEOSA (30,33%) y José Cartellone Construcciones Civiles SA (20,65%), según cifras de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial que conduce Marité Badui.
El Tramo II del Acceso Este tiene un presupuesto oficial de U$S 50,3 millones. La intervención abarca 11,6 kilómetros de uno de los sectores más transitados del Gran Mendoza, con un tránsito medio diario anual de 120.000 vehículos, más otros 80.000 que se incorporan desde el Acceso Sur en la zona de la rotonda de la Virgen.
En total se presentaron siete ofertas, con diferencias significativas respecto del presupuesto oficial:
La oferta más baja fue la de Cartellone, con $59.738 millones: es decir, $10.771.594.889,19 menos que el presupuesto oficial.
La segunda más competitiva fue la UTE Ayfra-Green, que cotizó $63.899.264.377,14, unos 4.160 millones por encima de Cartellone pero también por debajo del cálculo oficial.
En términos relativos, tres de las siete ofertas quedaron por debajo del presupuesto oficial y cuatro lo superaron. La brecha entre la propuesta más baja y la más alta alcanza casi 18.822 millones, lo que refleja fuertes diferencias en la estructura de costos y en la evaluación de riesgos de las empresas.
El sistema de evaluación otorga el 80% del puntaje al precio, dado que se trata de fondos extraordinarios, provenientes del resarcimiento por la promoción industrial. El Ejecutivo también prevé un mecanismo de recupero de la inversión.
El proyecto contempla el reencarpetado desde calle Sarmiento hacia el oeste, la construcción de una tercera trocha desde la zona del shopping hasta Arturo González y el ensanchamiento de los puentes Ponce y Pescara.
También se prevé elevar la calzada desde el cruce Sarmiento–Estrada hasta carril Urquiza, construir tres nuevos cruces vehiculares superiores (Rosario–Houssay, Azcuénaga–Avellaneda y carril Urquiza), renovar señalética e iluminación y rediseñar el sistema de drenaje para evitar anegamientos. Además, se incorporarán ciclovías, paseos peatonales y mobiliario urbano.
Los tramos anteriores del Acceso Este ya fueron adjudicados a CEOSA y Cartellone, lo que alimenta el debate sobre la concentración de contratos. Respecto a la firma de Fernando Porreta percibió unos 20.367.535 de dólares por la sección que abarca Cervantes hasta la Variante Palmira.
Mientras que la histórica constructora mendocina se adjudicó la sección que va desde Arturo González hasta Cervantes por unos 14.041.414 de dólares.
Desde la Cámara de Constructores Independientes de Mendoza (Cecim), Dalmiro Barbeito expresó su preocupación por la concentración de obras en “las dos grandes constructoras que tiene la provincia” y pidió que se garantice la participación de la red de empresas locales.
“Que una oferta esté muy por debajo de lo presupuestado distorsiona y le quita valor al trabajo que el equipo comitente realizó al momento de su elaboración. Por eso le pedimos al Gobierno esa observación y que permita la participación de la amplia red de empresas que existe en Mendoza”, sostuvo.
En la misma línea, Santiago Laugero, presidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM), señaló que “no es lo mismo cuando las obras están repartidas entre más empresas y con más manos para ejecutarlas que cuando se concentran”, y advirtió que la acumulación de contratos en pocas firmas deja fuera de competencia a un amplio universo de empresas locales.
Gerardo Fernández, presidente de la Confederación de Pymes Constructoras (CPC), sostuvo ante Los Andes que los procesos licitatorios “han sido altamente competitivos dentro del marco de la ley vigente”, y afirmó que “no son objetables técnica ni jurídicamente; estamos frente a procesos transparentes”.
No obstante, señaló que, en un escenario de virtual desaparición de la obra pública nacional, empresas de mayor escala salieron de forma agresiva a competir por las licitaciones provinciales. En ese contexto, sostuvo que “hay dos empresas importantes que se están llevando por encima del 50% de las obras” en Mendoza, por lo que “debería actuarse con prudencia y llamar la atención antes de las adjudicaciones”.
El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, respondió a Los Andes que “si las empresas, en vez de hacer lobby, se dedican a sacar números, las obras se van a adjudicar a quienes trabajen bien y sean competitivos”.
“Nosotros hemos hecho el proceso más abierto y transparente posible: 45 días con los pliegos colgados en borrador. Todo el mundo puede acceder, sugerir modificaciones y pedir aclaraciones”, afirmó.
Y agregó: “O se ponen a hacer números finos y a acomodarse a la economía que tenemos, planificando bien las obras, o se van a quedar afuera. En definitiva, se quedan afuera porque son malas empresas, no por una cuestión nuestra”.
Según el funcionario, pese a las críticas, las adjudicaciones han sido “bastante diversificadas” y el proceso garantiza competencia abierta.