Tras la reciente adjudicación de la remodelación del Acceso Este en el tramo que atraviesa Maipú, Los Andes realizó un relevamiento sobre cómo el gobierno de Alfredo Cornejo distribuyó las obras financiadas con el Fondo del Resarcimiento.
Ceosa y Cartellone manejarán U$S 239 millones por obras financiadas con el dinero que originalmente estaba destinado a la construcción de Portezuelo del Viento.
De los 339 millones de dólares que fueron destinados a obras que ya están en marcha o adjudicadas, la mayor parte quedó en manos de Ceosa y Cartellone.
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Tras la reciente adjudicación de la remodelación del Acceso Este en el tramo que atraviesa Maipú, Los Andes realizó un relevamiento sobre cómo el gobierno de Alfredo Cornejo distribuyó las obras financiadas con el Fondo del Resarcimiento.
El dato que resalta es que dos de las principales constructoras de la provincia concentran cerca del 60% de los fondos de los proyectos que ya están en ejecución o próximos a iniciarse con esos recursos.
Desde el inicio de la gestión, Cornejo fijó condiciones para la utilización de los fondos originalmente destinados a la construcción de la hidroeléctrica Portezuelo del Viento: que las obras contribuyeran a modificar la matriz productiva de la provincia y que contemplaran esquemas de repago.
Además, planteó que los proyectos divididos en tramos no quedaran en manos de una sola empresa y que las adjudicaciones se distribuyeran entre distintas constructoras o uniones transitorias de empresas (UTE), siempre que las ofertas se ubicaran, en primera instancia, por debajo del presupuesto oficial.
Del análisis de Los Andes surge que dos firmas de peso en el mercado local concentran la mayor parte de las obras ya adjudicadas o próximas a comenzar con financiamiento del Fondo del Resarcimiento.
La conclusión se desprende de detallados informes oficiales a los que tuvo acceso Los Andes. En el Poder Ejecutivo aclararon que todas las licitaciones se realizaron en moneda local, pero para facilitar la comprensión del lector, para esta nota se convirtieron los valores a dólares, de acuerdo con el momento de cada adjudicación y el tipo de cambio sugerido por el propio Gobierno. Por ejemplo, las adjudicaciones de esta semana se calcularon a un tipo de cambio de 1.440 pesos.
Tal como anunció Los Andes semanas atrás, hasta el momento son 48 los proyectos financiados con el Fondo del Resarcimiento, que representan unos 857.115.124 dólares, casi el 84% del total disponible.
En este informe se pone el foco en las obras que ya están en ejecución o próximas a iniciarse. Se trata de 31 proyectos que suman 399.758.113 dólares y que ya fueron adjudicados a distintas constructoras y UTE.
El desglose de esas adjudicaciones muestra una alta concentración en Ceosa y José Cartellone Construcciones Civiles SA, que en conjunto reúnen el 60% de las partidas analizadas. Ambas firmas cuadruplican y quintuplican a la tercera en el ranking, en este caso la UTE conformada por Brizuela y Villafañe – Ayfra – Construcciones San José SRL, que registra el 6,10%.
Ceosa, cuyo titular es Fernando Porreta, acumula contratos por 137.082.686 dólares, equivalentes al 34,29% del total considerado. Los proyectos corresponden principalmente a las áreas de Irrigación y Vialidad Provincial, con impacto en infraestructura hídrica y vial. Entre las obras adjudicadas figuran:
A este listado de Ceosa hay que sumar dos obras más, pero en ese caso están bajo una UTE conformada con Tolcon SRL Constructora.
Por su parte, José Cartellone Construcciones Civiles SA suma 101.871.623 dólares, el 25,49% del total. En este caso, las intervenciones abarcan infraestructura vial y obras de saneamiento vinculadas a Aysam. Las obras adjudicadas incluyen:
La histórica constructora mendocina se encuentra actualmente en juicio oral en el marco de la denominada “Causa Cuadernos”. Según la acusación leída ante el Tribunal Oral Federal N° 7, cinco directivos de Cartellone están imputados por diez presuntos hechos de cohecho activo (pago de sobornos).
Además, a fines de 2025, la firma concretó una reestructuración financiera que le permitió evitar la quiebra tras años de asfixia por una deuda superior a los 100 millones de dólares.
Durante la mañana del jueves, la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, a cargo de Marité Baduí, informó que las empresas que ejecutarán el primer tramo del Acceso Este serán José Cartellone Construcciones Civiles SA y Construcciones Electromecánicas del Oeste SA (Ceosa).
El proyecto fue dividido en dos secciones. La primera, de 8,76 kilómetros entre las intersecciones de Arturo González y Cervantes, quedó en manos de Cartellone. La segunda, de aproximadamente 10,4 kilómetros desde Cervantes hasta la Variante Palmira, fue adjudicada a Ceosa.
En términos presupuestarios, el Ejecutivo había previsto una inversión de algo más de 46 millones de dólares. Sin embargo, la adjudicación se realizó por una cifra cercana a los 34 millones de dólares. Esto es a raíz de que las ofertas de ambas constructoras estuvieron por debajo del presupuesto oficial.
Las adjudicaciones de las dos secciones se realizaron en diciembre de 2025, con un tipo de cambio de 1.440 pesos. Según los datos oficiales, Cartellone percibirá unos 13,7 millones de dólares por el primer tramo, mientras que Ceosa recibirá alrededor de 19,8 millones por el segundo.
Desde las entidades que nuclean a las constructoras y pymes del sector reconocen la decisión del Gobierno provincial de sostener la obra pública con fondos propios en un contexto de retracción nacional. Sin embargo, advierten sobre la creciente concentración de contratos en pocas firmas y el impacto que eso puede tener en el entramado empresarial local.
Gerardo Fernández, presidente de la Confederación de Pymes Constructoras (CPC), sostuvo que los procesos licitatorios “han sido altamente competitivos dentro del marco de la ley vigente y la norma”, y afirmó que “no son objetables técnica y jurídicamente, estamos frente a procesos transparentes”.
El dirigente contextualizó que las licitaciones se desarrollan en un escenario particular: la virtual desaparición de la obra pública nacional. Según explicó, eso generó que empresas de mayor escala y de otras provincias salgan a competir con mayor agresividad, reflejando la crisis general de la industria en el país.
En ese marco, Fernández señaló que “hay dos empresas importantes que se están llevando por encima del 50% de las obras”, situación que a su entender, “debería ser prudente y llamar la atención previo a las adjudicaciones”.
Si bien aclaró que muchas obras aún no están adjudicadas y evitó cuestionar la legalidad de los procesos, advirtió que cuando una oferta se ubica muy por debajo del resto puede generar dudas. “Las cosas valen lo que valen, no valen la mitad”, afirmó, aunque reconoció que también puede tratarse de una estrategia empresarial.
Su principal señal de alerta está vinculada a la concentración contractual. “Cuando vos concentrás muchos contratos en una o dos empresas, el poder lo pasan a tener las empresas”, indicó, al advertir que una eventual renegociación futura podría colocar al Estado en una posición de desventaja. “Una vez que ya está adjudicado, la vuelta atrás sale más cara que arreglar el contrato”, agregó.
En la misma línea, Dalmiro Barbeito, referente de la Cámara de Constructores Independientes de Mendoza (Cecim), valoró la política de sostener la obra pública provincial.
“La atomización de las obras públicas en toda la provincia fue una muy buena política pública tomada por el Gobierno y que desde la Cecim acompañamos”, afirmó.
No obstante, planteó reparos sobre el criterio de adjudicación cuando las ofertas se ubican muy por debajo del presupuesto oficial. “A veces lo barato puede terminar siendo caro en el futuro”, sostuvo.
Según explicó, una diferencia excesiva puede distorsionar el valor técnico del trabajo realizado en la etapa de formulación de los proyectos. Barbeito también manifestó preocupación por la concentración de obras en “las dos grandes constructoras que tiene la provincia”, y pidió que se garantice la participación de la red de empresas locales.
"Que una oferta esté muy por debajo de lo que se presupuestó distorsiona y le quita el valor del trabajo que el equipo comitente realizó a la hora de su elaboración. Por eso le pedimos esa observación al Gobierno y que permita la participación de la gran red de empresas que existe en Mendoza", finalizó el titular de la Cecim.
Por su parte, Santiago Laugero, presidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM), consideró que el proceso licitatorio “está bien en lo formal y bastante ordenado”, aunque señaló que en algunos casos sería conveniente contar con más tiempo para analizar los pliegos, algo que —según reconoció— en ciertas licitaciones fue atendido con prórrogas.
Laugero coincidió en que los resultados reflejan la fuerte necesidad de trabajo en el sector. “Claramente los resultados de las licitaciones evidencian la gran necesidad, diría que hasta desesperación de las empresas por tener trabajo”, señaló, en referencia a la caída de la obra nacional y la merma en proyectos municipales.
En ese contexto, explicó que las empresas de mayor tamaño tienen mayor capacidad para presentar ofertas muy bajas. “No sorprende que haya una oferta por debajo de los costos”, indicó, aunque aclaró que no corresponde hacer “futurología” sobre eventuales problemas en la ejecución.
Desde la representación de las pymes, expresó preocupación por el fenómeno de concentración. “No es lo mismo cuando las obras están repartidas en más empresas y con más manos para ejecutarlas que cuando se concentra”, sostuvo, al remarcar que la acumulación de contratos en pocas firmas deja fuera de competencia a un amplio universo de empresas locales.
Al mismo tiempo, reconoció que el Gobierno ha mantenido apertura en los requisitos de participación y ha respetado el compre mendocino, lo que —según indicó— constituye un punto valorado por el sector empresario.
Ante la consulta de Los Andes, la subsecretaria Marité Baduí negó que haya recibido reclamos provenientes del sector de la construcción, y remarcó que actualmente hay adjudicaciones distribuidas entre distintas firmas.
Según explicó, el Gobierno publica los pliegos en borrador con al menos 15 días de anticipación, difunde las condiciones técnicas y económicas y deja en manos de cada oferente la decisión de presentarse de manera individual o asociada. “El juego está más abierto que en cualquier momento de la obra pública”, afirmó la funcionaria.
En relación con las ofertas por debajo del presupuesto oficial, Baduí indicó que se aplica un mecanismo de “doble promedio” para evitar propuestas temerarias, tanto excesivamente bajas como elevadas.
"Nosotros hoy tenemos obras que están adjudicadas a distintas empresas, y eso es lo que nos hace sentir bastante cómodos, cómo queda el mapeo configurado de las mismas", señaló.
También sostuvo que, hasta el momento, las obras en ejecución han registrado pocos adicionales y que, en general, respondieron a mejoras detectadas durante la marcha de los trabajos.
"Que vamos a tener problemas a futuro o no, me parece que son sobre hipótesis, hablar en el aire sin las evidencias concretas. Lo que podemos decir nosotros es que nuestros equipos hacen un análisis sobre los presupuestos oficiales. Nosotros no queremos perjudicar a nadie, queremos que todos ganemos", subrayó Baduí.
La funcionaria atribuyó parte de la agresividad en las ofertas al contexto nacional de caída de la obra pública y a la necesidad de las empresas de mantener operativa su estructura. En ese marco, consideró que algunas compañías “han decidido ganar menos de lo que ganaban antes”.
Finalmente, subrayó que los fondos están garantizados y que los pagos se realizan incluso antes de los plazos legales, lo que —según señaló— reduce la incertidumbre financiera y fomenta la competencia en las licitaciones.
Detrás de las dos principales firmas se ubican otras compañías con participaciones menores en el total de fondos adjudicados:
Una parte de las adjudicaciones fue otorgada a Uniones Transitorias de Empresas (UTE), las cuales no fueron tenidas en cuenta para el cálculo del presupuesto asignado a las empresas. Se trata principalmente de proyectos de riego, saneamiento y vialidad:
Además de los 399.758.113 dólares ya adjudicados, hay otros 457.057.011 millones en proceso de licitación, lo que completa el total asignado a obras dentro del Fondo del Resarcimiento.