Un informe del IARAF advierte que la baja en Ganancias podría restarle a Mendoza más de $45.000 millones y afectar recursos coparticipables.
Mendoza aparece séptima en el ranking de provincias más afectadas por la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.
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Infobae El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) publicó un informe en el que estima el impacto fiscal que tendría la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, particularmente a partir de la reducción de alícuotas del Impuesto a las Ganancias. Según el estudio, Mendoza se ubica entre las provincias más afectadas por la eventual merma de recursos coparticipables.
De acuerdo con las proyecciones del IARAF, la disminución de alícuotas implicaría para Mendoza una pérdida estimada de al menos $45.300 millones en 2027, año en el que comenzaría a sentirse de manera plena el efecto fiscal de la medida.
A nivel nacional, el costo fiscal total de la reforma alcanzaría los $1,9 billones, de los cuales $1,12 billones corresponderían a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que $789.000 millones impactarían sobre la recaudación nacional.
El informe detalla que el costo fiscal directo de la reforma representa el 0,22% del Producto Bruto Interno (PBI). Al tratarse de una modificación sobre el Impuesto a las Ganancias, un tributo de origen nacional, pero coparticipable, el mayor peso del recorte recae sobre las provincias, que dependen en gran medida de estos recursos para financiar sus presupuestos.
En ese contexto, Mendoza aparece en el séptimo lugar del ranking de jurisdicciones más perjudicadas. Encabezan la lista la provincia de Buenos Aires, con una pérdida estimada de $238.558 millones, seguida por Santa Fe ($97.087 millones), Córdoba ($96.459 millones), Chaco ($54.193 millones), Entre Ríos ($53.042 millones) y Tucumán ($51.682 millones).
El núcleo del impacto fiscal se explica por el artículo 191 del proyecto de reforma laboral, que propone una reducción de las alícuotas del Impuesto a las Ganancias. En concreto, las empresas que hoy tributan al 35% pasarían a pagar el 31,5%, mientras que aquellas alcanzadas por una alícuota del 30% bajarían al 27%.
Según el propio informe, se trata de una disminución “con un criterio razonable”, aunque con consecuencias fiscales significativas para las jurisdicciones subnacionales.
El IARAF aclara que, aun si la ley entrara en vigencia el 1 de enero de 2026, el impacto en la recaudación no sería inmediato.
El llamado “bache financiero” se reflejaría recién en mayo de 2027, cuando empresas y personas humanas presenten las declaraciones juradas correspondientes al ejercicio anterior y se liquiden los anticipos del impuesto.
Mientras tanto, el Gobierno nacional discute en este inicio de 2026 los detalles del proyecto de reforma laboral, que combina cambios en las condiciones de contratación y relaciones laborales con artículos que afectan de manera directa los ingresos fiscales de la Nación y las provincias.
Este último punto ha generado reparos entre varios gobernadores, que advierten sobre una nueva pérdida de recursos en un contexto de cuentas provinciales ajustadas y de fuerte impacto del ajuste fiscal nacional.
En el Congreso, la gestión libertaria necesita alcanzar 37 votos en el Senado para aprobar la reforma. Actualmente, cuenta con unas 20 adhesiones y apuesta a sumar respaldos del radicalismo y de gobernadores aliados.
En ese marco se inscribe la estrategia política del Ejecutivo, que combina negociaciones legislativas con gestos fiscales y financieros hacia algunas provincias clave.
En el plano político, el gobernador Alfredo Cornejo retomará esta semana la actividad oficial, con una agenda que incluye una reunión en Chile y, el jueves, un encuentro en Mendoza con el ministro del Interior, Diego Santilli.
El funcionario nacional se encuentra recorriendo distintas provincias con el objetivo de sumar apoyos para la aprobación del proyecto en el Senado. En los últimos días, Santilli estuvo en Chubut con el gobernador, Ignacio Torres, y en Chaco con Leandro Zdero.
Antes de finalizar el año pasado, Cornejo expresó a Los Andes su respaldo a la reforma laboral y manifestó su intención de extender la alianza con La Libertad Avanza hasta 2027, aunque sostuvo que la iniciativa “se quedó corta” en algunos aspectos.
“Creo que se concedió demasiado al sindicalismo y a la CGT. Yo hubiera avanzado más a fondo”, señaló en una entrevista, en la que también remarcó la necesidad de modernizar el sistema laboral y encontrar un equilibrio entre competitividad, protección de la industria y sostenibilidad fiscal.