El 17 de febrero se realizará un sorteo oficial, en el cual 100 funcionarios deberán hacerse exámenes toxicológicos, conocidos como "narcotest". Si dan positivo, podrán ser echados de la función pública.
El Gobernador de San Luis, Claudio Poggi, se sometió de forma voluntaria a un narcotest.
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Prensa San Luis El 17 de febrero debutará en San Luis una medida que causó controversia dentro del sector político, que es el "narcotest", es decir, un exámen toxicológico al cual deberán estar sometidos cualquier tipo de funcionario público, ya sea del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial. Si el mismo da positivo, podrán ser echados por parte del Estado público.
Según la ley que aprobó la legislatura puntana en noviembre pasado, que fue promovida por el gobernador Claudio Poggi, cada uno de los 1.500 funcionarios estará representado con un número, y se realizarán sorteos en la Lotería de San Luis con la cual 100 de ellos, en una primera instancia, deberán hacerse un examen toxicológico, que estará a cargo de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis.
Luego de esta primera etapa, en las próximas semanas se sortearán otros 100, y así sucesivamente.
Además del gobernador y el vicegobernador, que ya hicieron un narcotest voluntario semanas atrás, en la ley están comprendidos los ministros del gabinete, secretarios de Estado, directores, subdirectores, jefes de áreas y los funcionarios de entes descentralizados.
También podrán ser sorteados diputados y senadores provinciales y cargos políticos de este Poder. En tanto, en el Judicial sumarán a jueces del Superior Tribunal de Justicia, camaristas, jueces de primera instancia y también a los fiscales y defensores. A eso se suman miembros del Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo y su adjunto.
Si bien también se informó que estarían incluidos los 5.800 efectivos policiales de San Luis, más personals del servicio penitenciario y el personal de Salud Pública, no estarán en una primera etapa en los sorteos.
Dicho examen toxicológico buscará restos de cocaína, marihuana, anfetaminas y otras drogas legales en cantidades excesivas. El costo del mismo, que ronda los $40.000, deberá ser abonado por el propio funcionario sorteado y será descontado de su bono de sueldo.
En caso de que se detecte la presencia de sustancias ilegales en un funcionario, las autoridades correspondientes deberán aplicar medidas de contención y asistencia, como el otorgamiento de licencias, la suspensión temporal de funciones, o incluso el cese en el cargo, dependiendo del caso y conforme a la legislación vigente y la Constitución provincial.
Según informó Clarín, estiman que harán un sorteo por mes, con la quita de los 100 primeros que ya participaron del sorteo. El segundo control sería en marzo, pero tendrá un total de 1400 funcionarios públicos, de los que también saldrán 100 para hacerse los estudios.
La ley, llamada "de Ejemplaridad y Coherencia por parte de los Poderes Públicos en la Lucha contra el Narcotráfico", establece la obligatoriedad y la aleatoriedad en el sorteo.
De hecho, en caso que un funcionario salga sorteado, tendrá 24 horas para presentarse a realizar el estudio". Si no lo hace, será notificado inmediatamente en una segunda instancia; y luego será cesanteado, si el mismo es del Poder Ejecutivo. En caso que sea del Judicial o Legislativo, será sometido a un juicio político.
En el análisis, se buscará deberá detectar "como mínimo la presencia de AMP anfetaminas, THC tetrahidrocannabinol (marihuana), COC cocaína, OPI opiáceos (heroína, morfina, metadona, etc), BAR barbitúricos, BZO benzodiazepinas, TCA antidepresivos tricíclicos, MDMA metilenedioximetanfetaminas (éxtasis), MOP morfina y PCP fenciclidina".
"Para garantizar la aleatoriedad, transparencia e igualdad, la Autoridad de Aplicación confeccionará un registro de funcionarios y empleados alcanzados por la Ley con identificación numérica y correlativa, resguardando la privacidad de los datos identificatorios de la persona. A través de la Caja Social y Financiera de la provincia de San Luis, se realizará el sorteo con constatación notarial y presencia de la Autoridad de Aplicación, de la cantidad de personas que serán sometidas a la toma de las muestras en el plazo determinado", marca la reglamentación de la ley.
Para los casos positivos, podrán pedir una segunda prueba, que se realizará en la Universidad Nacional de Córdoba y también deberán abonar el costo del examen ellos mismos.
Si se mantiene el resultado positivo, deberán someterse "a una valoración interdisciplinaria a cargo del Centro de Prevención y Asistencia a las Adicciones, o el organismo que en el futuro lo reemplace, para determinar diagnóstico y estrategias terapéuticas pertinentes".
El Centro de Prevención y Asistencia a las Adicciones "informará la valoración y periódicamente la evolución del tratamiento a la Autoridad de Aplicación, quien a su vez, informará a las autoridades correspondientes de cada Poder u organismo, a efecto de que determinen, si corresponde el otorgamiento de licencia del funcionario, suspensión del efectivo ejercicio en sus funciones hasta su recuperación o cese en la función pública".
En diálogo con la prensa cuando se aprobó la ley, Poggi dijo que “un funcionario público, un juez o un legislador no debería estar condicionado por una situación de adicción para tomar decisiones”.
Explicó que la ley "busca asegurar que quienes ocupen cargos públicos y tomen decisiones, no tengan problemas de adicción que afecten su juicio y puedan perjudicar a terceros".
Sostuvo que se sometió a un examen toxicológico en la Universidad Nacional de San Luis "y a partir de ahora, otros funcionarios de los diferentes poderes del Estado realizarán este examen, respetando las normativas internas de cada poder”.
Poggi puso énfasis en la importancia de esta medida en el contexto de un combate frontal a las drogas y quienes se enriquecen vendiendo: “Es una ley innovadora y parte de nuestra lucha contra el narcotráfico”, aseguró.
Además, confirmó que los demás funcionarios y secretarios de su gabinete también serán convocados para realizar estos análisis, estableciendo un ejemplo de transparencia y coherencia en el ejercicio de la función pública.