El gobernador Alfredo Cornejo decidirá qué obras se financiarán con los U$S 1.023 millones que tenían como destino principal, Portezuelo del Viento. Una vez que el presidente Javier Milei avale, en el Boletín Oficial, el decreto de Cornejo con la adenda para ampliar el uso de los fondos, se abren las posibilidades.
“Acabamos de firmar una adenda del acuerdo con el Gobierno Nacional que nos permitirá ampliar el destino de los 1.023 millones de dólares que pertenecen a Mendoza. Sin dudas, debemos usarlos para obras de agua y energía porque son prioritarias para el crecimiento de Mendoza, y repartirlos en toda la Provincia”, dijo Cornejo en el discurso brindado en la Legislatura el 1 de mayo.
Víctor Fayad, ministro de Hacienda y Finanzas, cuando expuso los detalles del decreto que debía ratificar la Legislatura, explicó que “dependiendo del tipo de proyecto, uno puede identificar de manera más o menos sencilla a los beneficiarios directos de esos proyectos. Y una vez identificados, hay distintas formas de recuperar parte de los costos”.
Ejemplificó con las distribuidoras de energía eléctrica y empresas de agua, las cuales le trasladan a las tarifas de usuarios los costos de los planes de obras. “En el caso de una obra vial, puede recaudarse por vía peaje o vía plusvalía por el valor de las propiedades que están alrededor”, agregó.
La Dirección de Inversión Pública es la que recibe los proyectos, los evalúa y emite un dictamen (no vinculante) sobre la conveniencia o no de la realización del mismo, que se presenta bajo criterios “objetivos y medibles”, según definen en Hacienda.
Entre las preguntas o datos que se piden contestar o informar, están cuál es la problemática a resolver con el proyecto, sus antecedentes, sus objetivos, cuáles son los servicios o productos que se brindarán, justificar por qué se ha seleccionado la alternativa elegida, cuál es su capacidad prestacional, si hay alternativas para resolver el problema planteado, si han dimensionado costos, su cobertura territorial y la prioridad del proyecto, entre otras.
Natalio Mema, ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial dijo, en su exposición a legisladores, que “el Banco de Inversión Pública está en el Ministerio de Hacienda”, y que “es el marco en el que queremos llevar adelante la priorización de los proyectos” teniendo en cuenta la posibilidad de repago, y el impacto social y económico.
Los ex gobernadores de Mendoza, entre los cuales algunos fueron actores principales en la historia del conflicto legal para que la provincia fuera resarcida económicamente por los daños que ocasionó la promoción industrial, también tienen opiniones con respecto al uso. Algunas de ellas ya han sido comentadas en privado con el propio Cornejo, incluso hay coincidencia en que las obras tengan repagos.
La visión peronista
José Octavio Bordón (1987-1991) tiene la experiencia en litigios por perjuicios al haber encarado la demanda provincial por las regalías petrolíferas mal liquidadas por parte de YPF. Esos U$S 617 millones de dólares los terminó recibiendo Rodolfo Gabrielli creando el “Fondo de Financiamiento de Inversiones Privadas para la Transformación y el Crecimiento Socioeconómico de la Provincia de Mendoza”.
El ex embajador de Argentina en Chile, entiende que una misión a mediano y largo plazo es importante. Considera que las obras que se hagan “no pueden suplantar esfuerzos nacionales” y ve con buenos ojos que Nación haya asegurado que terminará las obras pendientes de gestiones anteriores.
Es necesario “aumentar la competitividad de la economía mendocina” que debe partir del mejoramiento, la eficacia y la eficiencia, de su infraestructura. Es muy importante para Mendoza, el agua y la energía. Esta competitividad, que es competir mejor en el mercado interno y mejor hacia afuera, es fundamental para crear puestos de calidad”.
Para él, hay una muy buena oportunidad para “poner en marcha obras de infraestructura articuladas con la producción” y sugiere un análisis más por producto que por sector. “Qué productos, con que características, con que insumos de repago nos conviene”, se pregunta.
Tiene pendiente una reunión con Cornejo para pensar cómo aumentar el monto del fondo, apalancándose con organismos internacionales de financiamiento como puede ser el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros
Arturo Lafalla (1995-1999), a quienes los radicales le reconocen haber iniciado la demanda por los perjuicios que la promoción industrial le trajo a Mendoza, tiene entre ceja y ceja el Plan Hídrico. El ex gobernador fue parte del Consejo Económico, Ambiental y Social (Ceas) participando de la comisión que trataba temas hídricos.
Sin embargo, al ex gobernador no le cabe dudas que quien tiene que conducir el proceso decisorio es el propio Cornejo “que debe hacerlo con la muy difícil condición de obtener un resultado con amplio consenso de los mendocinos”.
Para Lafalla, la dirigencia política, toda, está muy devaluada. “Tenemos entonces la oportunidad y la obligación de lograr ese consenso”, asegura.
En ese sentido, considera que “hace falta un plan o planes que establezcan claramente los objetivos o propósitos de largo y mediano plazo y el camino concreto a recorrer para alcanzar los mismos. De largo plazo, pero que comiencen hoy, con ese importante refuerzo que son los 1023 millones. Eso implica determinar prioridades en función de alcanzar esos propósitos. Estimo que no sirve hacer de todo un poquito”.
“No puedo resistir la tentación de insistir en la opinión que comparto con otros comprovincianos de que una de esas prioridades es el plan hídrico que otorgue a Mendoza un nuevo sistema ingenieril/legal de recolección, distribución y uso del agua. Esto atento lo obsoleto e ineficiente de nuestro actual sistema frente a la tremenda escasez del recurso que el cambio climático nos impone”, resalta el ex mantadario.
Francisco Pérez (2007-2011) hizo un punteo de obras y acciones. “En principio una represa hidroeléctrica en Uspallata, otra Las Tunas y la construcción de un nuevo Hospital Notti”, dijo a este medio. También ampliaría los recorridos del Metrotranvía, construiría escuelas técnicas, impulsaría un Polo Tic II y apuntaría a la reconversión del riego.
“Es profunda la problemática productiva”, indicó. En ese sentido, potenciaría el asesoramiento y créditos con el Fondo para la Transformación destinados al riego tecnificado. “Hay muchas hectáreas abandonadas, tenemos que recuperarlas con producción con mucha demanda y futuro”, sostuvo Pérez.
Dentro de ese universo, destacó a la alfalfa, pistachos, almendras, nogales como fuera de lo tradicional que es la vitivinicultura y las hortalizas. También destinaría fondos al sector olivícola. “Este año no hubo aceitunas en Mendoza, hubo que comprar en San Juan”, se quejó Pérez. “Potenciaría Aysam y Vialidad provincial, y recuperaría el Fondo Anticíclico”, finalizó.
Radicales con temor a la municipalización
Roberto Iglesias (1999-2003), tiene la misma preocupación. Es decir que “esto de repartir entre los municipios, van a terminar siendo obras municipales que seguramente van a ser muy necesarias pero no van a rendir en el verdadero sentido que deberían tener esos fondos”.
“Yo hubiera hecho Portezuelo, me parece fantástica una obra así. Era una obra que era de interés para toda la provincia, generaría energía para toda la provincia, que la podíamos utilizar nosotros, la podíamos vender, podíamos atraer industrias. Con Portezuelo estoy totalmente de acuerdo”, aclaró.
Con la decisión de ampliar el uso de los fondos, y los problemas con la vecina provincia, Iglesias entiende que debe ir apuntado a “obras que tuvieran impacto en el desarrollo económico de la provincia y que sirviera para el futuro”.
“Para mí, al cambiar Portezuelo porque no se puede hacer por las trabas de La Pampa, hubiera tratado de buscar una obra que fuera similar a Portezuelo, que produjera un beneficio de desarrollo económico que tanta falta nos hace en Mendoza, ya sea energético o de otro tipo”, concluyó.
Julio Cobos (2003-2007) y quien firmara con el ex presidente Néstor Kirchner el primer acuerdo para que se hiciera una obra con el resarcimiento por los perjuicios que sufrió Mendoza en tiempos de la promoción industrial, no descarta a la mega obra: “Si se encara por sistema público-privado se podría materializar”.
“En definitiva, si esto no se va a hacer producto de todos los conflictos que hemos tenido con La Pampa, creo que lo que hay que ejecutar son proyectos regionales. Tenemos cuatro regiones: Gran Mendoza, Valle de Uco, Este y zona Sur y me paree que lo que hay que encarar, con consenso en todos los municipios que integran cada región, en hacer proyectos regionales y que generen recursos”, explicó.
En ese sentido, rescata el segundo convenio que es el que firma Alfredo Cornejo con el ex presidente Mauricio Macri en el que abre la puerta a otras obras de tipo energéticas como “puede ser hidroeléctrica, eólica, solar. Ha avanzado mucho la tecnología en ese aspecto”.
“Hay que evitar que caiga en proyectos municipales porque se va a perder la idea original de conformar un verdadero proyecto original que, si no se puede, que sean más chicos, pero regionales al fin”, cerró.
Rodolfo Suárez (2015-2019), quien recibiera el laudo a favor de un nuevo estudio de impacto ambiental regional que sepultó las posibilidades de hacer Portezuelo, aseguró que con esos fondos haría “obras que sirvan para hacer más productiva a Mendoza”, de tipo hídricas pero con impacto, como diques.
En cuanto a la selección de proyectos, manifestó que hubiese recibido iniciativas “de todos lados”, no solamente del banco de proyectos que impulsa la gestión actual y que fue creado durante su gestión.
La búsqueda de consensos y la visión estratégica es compartida por los ex mandatarios. Algunos, como el caso de Bordón, consideran que hay que ponerse a disposición para colaborar y no exigir ser llamados.
