La iniciativa de Martín Rostand busca reforzar la seguridad penitenciaria y evitar que los internos se mezclen con la población en caso de fuga.
El senador Martín Rostand presentó una iniciativa que apunta a mejorar la identificación de internos y reducir las posibilidades de evasión.
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El senador provincial del bloque PRO, Martín Rostand, presentó un proyecto de ley en la Legislatura que propone establecer el uso obligatorio de uniformes para todas las personas privadas de la libertad alojadas en cárceles, alcaidías y centros de detención transitoria de la provincia.
La iniciativa apunta a reforzar las medidas de seguridad dentro del sistema penitenciario y reducir las posibilidades de evasión de los detenidos. La propuesta surge, según los fundamentos del proyecto, a partir de distintos episodios recientes de fuga registrados en la provincia.
Entre ellos se menciona el caso de dos detenidos que escaparon de la Alcaidía de Tunuyán y lograron mezclarse con la población civil durante varias horas tras abandonar el establecimiento.
También se recuerda otro hecho ocurrido en el pabellón penitenciario del Hospital Central, donde uno de los reclusos logró desplazarse por los pasillos del hospital simulando ser un familiar de un paciente internado.
En ese sentido, el legislador sostiene que la posibilidad de utilizar ropa civil dentro de los establecimientos penitenciarios dificulta la identificación inmediata de los internos en caso de fuga.
Por ese motivo, el proyecto plantea avanzar hacia un sistema de uniformes de alta visibilidad que permita reconocer rápidamente a una persona privada de libertad fuera del ámbito carcelario.
La iniciativa establece que los internos deberán utilizar un uniforme reglamentario compuesto por un mameluco de una sola pieza confeccionado en tela resistente y de color de alta visibilidad —anaranjado internacional o similar—, además de bandas reflectantes.
De acuerdo con el texto, este tipo de indumentaria permitiría que los detenidos puedan ser detectados con mayor facilidad tanto por las fuerzas de seguridad como por cámaras de vigilancia o incluso por la ciudadanía.
El proyecto también contempla el uso obligatorio de un calzado anatómico de una sola pieza, similar al tipo “crocs”, fabricado en caucho o polímero. La propuesta especifica que este calzado no deberá contar con cordones ni elementos metálicos, ni con suelas diseñadas para favorecer la tracción.
Según el legislador, el objetivo de esta medida es dificultar la carrera veloz o el escalamiento de muros y cercas durante un eventual intento de fuga.
Otro de los puntos centrales del proyecto establece que el costo de adquisición y reposición de los uniformes y del calzado deberá ser asumido por los propios internos o encausados. En ese sentido, la iniciativa señala que el sostenimiento del sistema penitenciario no debería recaer exclusivamente sobre los recursos públicos en lo que respecta a elementos de uso personal.
La autoridad de aplicación, que sería el Ministerio de Seguridad y Justicia, será la encargada de fijar los valores de venta de la indumentaria, tomando como referencia los costos de producción o de compra mayorista por parte del Estado.
Además, deberá determinar cuántos uniformes serán provistos por año y establecer los mecanismos para el cobro correspondiente.
El proyecto también establece la prohibición del uso de prendas civiles dentro de las zonas de alojamiento, circulación de los penales y durante los traslados fuera de los establecimientos penitenciarios.
De aprobarse la iniciativa, al momento de ingresar al sistema carcelario las prendas personales de los detenidos serán inventariadas, higienizadas y quedarán bajo custodia del Servicio Penitenciario en depósitos seguros.
Esas pertenencias, según se detalla en el texto, serán restituidas únicamente cuando la persona privada de libertad recupere su libertad efectiva.