El Gobierno promulgó este viernes las reformas al Código Procesal de Familia y Violencia Familiar, que fueron proyectos aprobados por unanimidad en la Legislatura y que buscan acelerar tanto los proceso de adopción, así como además fortalecer la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y mejorar la respuesta ante situaciones de violencia familiar en Mendoza.
La ley es la 9609 y apareció publicada este viernes en el Boletín Oficial. En total, son casi 20 modificaciones a artículos la ley 9120 del Código Procesal mencionado.
Tal como ya contó Los Andes el 11 de febrero, entre los cambios más destacados está la agilización de los procesos de adopción para reducir los tiempos que niñas y niños en situación de adoptabilidad permanecen institucionalizados o en hogares de acogida.
La reforma del Artículo 19 del Código busca acelerar los juicios de adopción una vez cumplidas las etapas previas, como la declaración de adoptabilidad y la guarda con fines de adopción. También se propone eliminar la discordancia entre la documentación legal y la realidad social del menor durante la guarda preadoptiva, especialmente en lo que respecta al uso de apellidos.
Otra modificación relevante permite que los guardadores de niños mayores de 5 años o de grupos de hermanos puedan realizar el proceso de adopción sin la obligación de contar con patrocinio letrado, facilitando así la celeridad en estos trámites.
Mejorar el trabajo en casos de violencia intrafamiliar
La ley también introduce cambios significativos en los procedimientos relacionados con la violencia intrafamiliar. En casos de violencia de género, se establece que las audiencias de mediación serán optativas para las víctimas, permitiendo que los jueces adopten medidas para evitar que estas se vean expuestas a situaciones de desigualdad de poder durante el proceso.
Además, se crea un Registro de Mediadores Ad-Hoc para mejorar la atención en los procesos de mediación familiar y se incorporan nuevas herramientas para garantizar una respuesta más efectiva ante situaciones de violencia.
En línea con las políticas de modernización del Ejecutivo provincial, la reforma también incluye la digitalización de trámites, como las autorizaciones de viaje para menores, y la implementación de notificaciones judiciales mediante mensajería instantánea.
También se incorporó un inciso que permitirá a los denunciantes solicitar audiencias en casos de violencia.
Esta medida, que demostró su eficacia durante la pandemia, busca agilizar la comunicación de actos procesales, especialmente en casos urgentes de violencia familiar.
Con esta aprobación, la provincia de Mendoza da un paso importante en la mejora de su sistema judicial, garantizando una mayor protección a la infancia y una respuesta más ágil y efectiva ante situaciones de violencia familiar.
- Mayor rapidez en procesos de adopción, eliminando la obligatoriedad del patrocinio letrado en ciertos casos.
- Jueces de familia con mayor protagonismo en la gestión de los casos.
- Uso de herramientas tecnológicas para agilizar trámites (notificaciones electrónicas, audiencias virtuales).
- Simplificación y claridad en diversos procesos judiciales a fin de uniformar criterios y otorgar mayor celeridad.
Protección de los derechos de la infancia
- Prioridad en el derecho a crecer en familia, tiempos reduciendo de adopción para niños en situación de vulnerabilidad.
- Interés superior del niño como principio rector en cada instancia judicial.
- Capacitación obligatoria de jueces y operadores judiciales en derechos humanos, perspectiva de género, violencia familiar y derechos de la infancia.
Medidas en casos de violencia familiar
- Fortalecimiento de medidas cautelares para proteger a las víctimas de manera inmediata.
- Estrategias para evitar la revictimización y garantizar asistencia integral.
- Atención prioritaria a situaciones de riesgo y urgencia.
Otros aspectos clave
- Impulso a la mediación familiar como herramienta para resolver conflictos pacíficamente (excepto en casos de violencia).
- Creación de equipos interdisciplinarios para abordar los casos con un enfoque integral.
- Registro específico de situaciones de riesgo, permitiendo diseñar políticas públicas basadas en datos confiables.
La ley 9609
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