Pese a las declaraciones de Milei sobre llevarlo a la Justicia, en Casa Rosada admiten que no existen elementos legales para denunciar al ex titular de la ANDIS.
Pese a la promesa presidencial, la denuncia judicial del escándalo de la ANDIS no avanza.
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Gentileza A pesar de las palabras del presidente Javier Milei, que aseguró en público que el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, sería denunciado judicialmente por presuntos pedidos de coimas, en el Gobierno reconocen que no hubo avances concretos y que la causa sigue trabada por falta de sustento legal.
Según Agencia Noticias Argentinas a través de fuentes oficiales, no existe hasta el momento una figura jurídica que permita impulsar una denuncia formal contra Spagnuolo, a partir de los audios filtrados que lo comprometen y que desataron la primera gran crisis política del oficialismo, al involucrar indirectamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo “Lule” Menem.
“Hasta el momento no tenemos los elementos necesarios para avanzar en la denuncia”, confió una fuente cercana al despacho presidencial.
Si bien la idea inicial era que Milei se mantuviera al margen del escándalo, el mandatario sorprendió en la caravana de campaña que realizó en Lomas de Zamora, donde afirmó: “Todo lo que dice es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”, en relación a su ex amigo y funcionario.
Las declaraciones públicas del Presidente complicaron la estrategia diseñada en Casa Rosada, donde se estudian alternativas para contener el daño político en medio de la causa impulsada por el abogado Gregorio Dalbón.
En Balcarce 50 aseguran que no habrá presentación judicial “hasta no tener la auditoría completa” a cargo de Alejandro Alberto Vilches, médico cercano al ministro de Salud, Mario Lugones. Además, insisten en que no se comprobó la existencia de sobreprecios en la compra de medicamentos de la agencia.
“No sé las cuentas que hacen, está todo agarrado de los pelos. No hay nada comprobado”, remarcaron voceros oficiales.
Mientras tanto, el Gobierno evalúa aportar documentación a la investigación que conduce el fiscal Franco Picardi, con el objetivo de colaborar en la revisión de compras, contrataciones y auditorías técnicas vinculadas al organismo.