El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, procesó al exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio por el presunto delito de lavado de activos. En la misma resolución dispuso un embargo por $350 millones.
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, procesó al ex ministro bonaerense Jorge D’Onofrio por presunto lavado de activos y ordenó un embargo de $350 millones. La causa surge de maniobras vinculadas a fotomultas y la VTV en territorio bonaerense.
Jorge D'Onofrio: procesado y embargado por $350 millones.
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web El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, procesó al exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio por el presunto delito de lavado de activos. En la misma resolución dispuso un embargo por $350 millones.
La medida también alcanzó a Facundo Asensio, exdirector de Fiscalización y Control de la Dirección Provincial de Verificación Técnica Vehicular (VTV), quien recibió un embargo de $300 millones. Ambos continuarán en libertad y mantienen la inhibición general de bienes dictada en marzo de 2025.
La causa forma parte de la denominada “megacausa” surgida de maniobras vinculadas al cobro de fotomultas y presuntas irregularidades en el sistema de VTV. El caso tiene dos ramificaciones judiciales: una en el fuero federal, por lavado de activos, y otra en el ámbito penal provincial, donde se investigan asociación ilícita, defraudación al Estado y otras conductas.
La investigación se inició el 5 de septiembre de 2024 a partir de una denuncia que señalaba a D’Onofrio y a la concejal de Pilar, Claudia Pombo, como presuntos líderes de una estructura destinada a sustraer fondos provenientes de infracciones de tránsito y de la VTV. Según la acusación, los montos recaudados habrían sido canalizados hacia bienes muebles e inmuebles mediante prestanombres.
Uno de los hechos que resultaron centrales para la Justicia fue la compra de una Audi Q8, registrada a nombre de Asensio por $30 millones, pese a que el seguro del vehículo llegaba a $173,8 millones. Para el juez, D’Onofrio mantenía el dominio real del automóvil y utilizó a Asensio como testaferro, “configurando un típico esquema de disimulación patrimonial propio de maniobras de lavado”.
Pese a que fuentes cercanas al expediente señalaron que la evidencia es limitada, el magistrado sostuvo que existen “inconsistencias” en las declaraciones de los acusados que justifican el procesamiento.
Procesaron a Jorge D'Onofrio, exministro de Axel Kicillof.
En la causa provincial, tramitada en La Plata, se investiga el presunto funcionamiento de una red de gestores que ofrecían reducciones de hasta el 50% para hacer desaparecer infracciones. La maniobra habría comenzado en enero de 2022, cuando D’Onofrio asumió como ministro en el gabinete de Axel Kicillof.
Según informó Clarín, también se analiza la adjudicación de contratos vinculados con la VTV: las concesionarias estaban obligadas a contratar a la empresa “Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA”, cuyos socios incluían a personas con vínculos con D’Onofrio, el ministerio y el Frente Renovador.
La instrucción provincial está a cargo del fiscal Álvaro Garganta, mientras que el juez Juan Pablo Massi interviene en las decisiones procesales. En los últimos días ingresó un escrito de una socia de uno de los empresarios involucrados —vinculado a Secutrans, empresa que operaba fotomultas— solicitando que no se adopten medidas sin su consentimiento y denunciando un presunto “vaciamiento” de la firma.
Paralelamente, el juzgado federal de Campana acumula información patrimonial de D’Onofrio y de personas allegadas desde hace más de dos años, incluso con pedidos de datos a España a través de la Unidad de Información Financiera (UIF). Para González Charvay, las maniobras con las fotomultas constituyen el “delito precedente” necesario para la configuración del lavado.
El exfuncionario fue relevado de su cargo tras el escándalo. El 30 de diciembre de 2024, Kicillof aceptó su renuncia aducida como “motivos personales” y designó en su lugar a Martín Marinucci, dirigente vinculado al Frente Renovador.
En la provincia de Buenos Aires, una multa por exceso de velocidad puede alcanzar los $720.000. Hacia fines de 2024, más de 50 mil actas se encontraban listas para ser cobradas. Ese volumen anual de infracciones es el que la Justicia sospecha que habría sido objeto de descuentos irregulares, hoy bajo análisis en ambos fueros.