Diversas organizaciones civiles y periodistas expusieron ante la Comisión Interamericana casos de hostigamiento, agresiones y límites impuestos al trabajo de los medios.
Argentina advirtió a la CIDH sobre la libertad de expresión
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Representantes de Amnistía Internacional de Argentina; el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA); la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expusieron hoy datos sobre los ataques a la libertad de expresión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero el Gobierno minimizó esos cuestionamientos.
Los referentes de Derechos Humanos calificaron de “alarmante” el panorama para la prensa y ante las condiciones en las que trabajan los periodistas y los medios de comunicación, que sufren, señalaron, una situación de “hostigamiento y deslegitimación” desde la gestión del presidente Javier Milei que invita, de forma constante, a “odiar a los periodistas”.
El Gobierno estuvo representado en la audiencia virtual por el subsecretario de Derechos Humanos, Julio Baños, que negó la existencia de una política de desprestigio a pesar de que el propio presidente, desde sus redes sociales, manifieste que “la peor cloaca del universo está en los medios”, que son una “basura mentirosa” y que son “sicarios con credencial de supuestos periodistas”.
El monitoreo de libertad de expresión de FOPEA arrojó que en 2024 se registraron “179 casos de ataques al ejercicio periodístico y un aumento del 53%” respecto a 2023.
“El Presidente encabeza la mayor parte de los agravios. Es responsable de 113 de los 250 casos registrados hasta noviembre del 2025″, sostuvo Paula Moreno, presidenta de la asociación.
Por su parte, Hugo Alconada Mon, periodista de La Nación y miembro de FOPEA, detalló cómo fueron los intentos de hackeo a sus redes sociales, las amenazas en su teléfono celular y sus cuentas financieras, además de la registración de su identidad en páginas pornográficas luego de haber investigado el plan de inteligencia del Gobierno que habilitaba la posibilidad de espionaje ilegal sobre opositores y periodistas.
Amnistía señaló que durante 2024 y lo que va del 2025 alrededor de 300 trabajadores de prensa “resultaron heridos” con “lesiones oculares, heridas en el rostro e impactos de balas en el cuerpo”.
“Su trabajo en el contexto de las manifestaciones sociales es clave, ya que las imágenes, filmaciones y fotografías funcionan como un control externo del Estado. Pero el Gobierno no quiere que su accionar quede registrado, y lo resuelve apuntando a periodistas en la calle”, denunció Paola García Rey, directora adjunta de la ONG en nuestro país.
En representación del SiPreBA, secretario adjunto electo del gremio y el periodista de Clarín, Francisco Rabini, recordó las agresiones digitales y mediáticas a través de la confección de fake news realizadas con inteligencia artificial hacia la periodista y directora de la emisora Futurock, Julia Mengolini, quien estaba allí presente; los golpes que recibió por parte de un ciudadano el director de El Destape, Roberto Navarro, y el impacto del misil de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza del fotógrafo independiente Pablo Grillo, que aún continúa en tratamiento.
El fotoperiodista de ARGRA Tomás Cuesta relató las consecuencias de lo que implica hoy cubrir una manifestación en Argentina porque, dijo, “hace dos años” los trabajadores de prensa “normalizamos equiparnos como si fuéramos a una zona de guerra” con casco, máscara de gas y gafas protectoras.
“Nos mantenemos en contacto y atentos a ver si todos volvimos bien. No porque las manifestaciones sean más violentas, sino porque la Policía lo es, y porque en muchos casos la prensa se convirtió en un blanco”, remarcó.
Por último, el CELS recordó que el Protoclo Antipiquetes, impulsado y aplicado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue cuestionado no solo por la CIDH sino por otros “nueve relatores de la Organización de las Naciones Unidas” e hizo entrega a las autoridades de la comisión de una carta escrita por la mamá de Grillo.
La CIDH se solidarizó con Mengolini, quien también contó “la campaña de difamación y violencia digital sin precedentes” que el Estado Nacional montó en su contra. “Se usó inteligencia artificial para crear imágenes y videos falsos de contenido sexual sobre mí”, agregó.
La secretaria ejecutiva de la Comisión, Tania Reneaum Panzi, señaló que en nuestro país existe efectivamente “un contexto de amenazas y criminalización” a los periodistas y a activistas de derechos humanos, y prometió realizar una visita a la Argentina luego de la solicitud por parte de los miembros presentes.
El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, se sumó a las palabras de Panzi y manifestó que cuando un gobernante se dirige a la prensa “lo hace desde una posición de poder” y “puede tener impactos”.
“La voz de una autoridad no es una voz cualquiera. El sistema interamericano aspira a que la voz de toda autoridad no contribuya a la generación de riesgos para otras personas”, concluyó.