Un video mostró a un inspector exigiendo $23 mil a un camionero para ingresar a Formosa. La oposición pidió a la Nación frenar el cobro inconstitucional.
El video grabado por un camionero en la ruta nacional 11 reveló el cobro irregular de más de $23 mil para ingresar a la capital formoseña.
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Captura video La mañana de este martes, un video grabado en la ruta nacional 11, a la altura de Villa del Carmen, encendió la polémica en Formosa. Un chofer de camión registró el momento en que un inspector de tránsito le exigía el pago de más de 23 mil pesos para poder ingresar a la capital provincial. La escena, que se volvió viral en pocas horas, expuso una práctica irregular: el cobro de una “contribución” municipal a los vehículos pesados que no están radicados en la ciudad gobernada por Gildo Insfrán.
El video fue difundido por la diputada opositora Gabriela Neme, quien anticipó que presentará un reclamo ante el Gobierno nacional y Vialidad Nacional para exigir la suspensión inmediata del cobro. “Es inconstitucional. No pueden crear aduanas internas ni condicionar el libre tránsito de las personas o la circulación de bienes dentro del país”, señaló la legisladora a Infobae.
La medida afecta principalmente a los transportistas de carga y pasajeros que ingresan desde otras provincias. En el registro difundido, el inspector explica que el pago es obligatorio “para todo vehículo que no esté registrado en la ciudad de Formosa” y que “el no abono corresponde a una contravención municipal”. El camionero, sin otra opción, termina abonando $23.426, recibiendo un comprobante sin validez fiscal ni detalle de la suma cobrada.
El cobro se sustenta en una ordenanza impulsada por el intendente Jorge Jofré, alineado con el oficialismo provincial, que establece una “Contribución por servicios que inciden sobre los vehículos automotores y otros rodados”. Según el documento oficial, la medida comenzó a aplicarse el 10 de noviembre y se basa en tres ordenanzas previas (N° 7147/17, 7450/20 y 7465/20).
En un folleto distribuido por inspectores de la Subsecretaría de Transporte y Emergencia del municipio, se informa que el cobro varía según el peso del vehículo, con una escala de uno a tres módulos. Cada módulo tiene un valor de $7.305,14, lo que eleva el monto total a más de 21 mil pesos para los camiones más grandes. El argumento oficial sostiene que se trata de una “contribución por servicios”, pero en los hechos opera como una suerte de peaje urbano, aplicado de manera discrecional y sin respaldo legal nacional.
La práctica, sin embargo, choca de frente con los principios constitucionales. El artículo 9 de la Constitución Nacional establece que “en todo el territorio de la Nación no habrá más aduanas que las nacionales”. Y el artículo 10 aclara que “en el interior de la República es libre de derechos la circulación de los efectos de producción o fabricación nacional, así como la de los géneros y mercancías de todas clases”.
Juristas consultados por medios locales advirtieron que la medida viola estos artículos y podría ser considerada una forma encubierta de aduana interior, algo expresamente prohibido. “Es un atropello al principio de libre circulación. Ninguna municipalidad tiene facultades para restringir el paso de vehículos mediante cobros o permisos especiales”, sostuvo un abogado del fuero federal.
La diputada Gabriela Neme denunció la maniobra y anticipó que pedirá la intervención del Gobierno nacional y de Vialidad.
La difusión del video y las denuncias de los transportistas generaron un fuerte revuelo político. Desde la oposición formoseña, Neme anunció que presentará un escrito ante Vialidad Nacional y el Ministerio del Interior para que el Gobierno nacional intervenga. “No podemos permitir que se creen impuestos paralelos que vulneran la Constitución. Formosa no puede seguir actuando como un Estado dentro del Estado”, declaró.
Por su parte, los transportistas afectados comenzaron a organizarse para reclamar la devolución del dinero cobrado y la anulación de la medida. Algunos choferes relataron que se les ofrecía la posibilidad de pagar en efectivo o mediante un código QR, a cambio de un “certificado de libre tránsito” válido solo hasta la medianoche del mismo día. “Si no pagás, no entrás. Te amenazan con una multa y te hacen perder el viaje”, contó uno de ellos.
El intendente Jorge Jofré, en tanto, no realizó declaraciones públicas tras la difusión del caso. Sin embargo, fuentes del municipio señalaron extraoficialmente que “la medida busca ordenar el tránsito y compensar el uso de la infraestructura urbana por parte de camiones pesados”. Esa justificación no convenció a los sectores críticos, que consideran que se trata de una maniobra recaudatoria disfrazada.
El episodio reavivó el debate sobre el poder político de Gildo Insfrán, quien gobierna la provincia desde 1995 y enfrenta denuncias reiteradas por prácticas autoritarias. En redes sociales, numerosos usuarios compararon el cobro con “aduanas internas feudales” y exigieron la intervención de organismos nacionales.
Mientras tanto, desde el entorno de la diputada Neme adelantaron que también se evalúa una presentación judicial por violación a los derechos constitucionales de libre circulación y comercio. “No se puede permitir que un municipio se arrogue facultades que pertenecen al Congreso de la Nación. Si hoy pueden cobrar a un camión para entrar, mañana podrán hacerlo con cualquier ciudadano”, señaló la legisladora.
La ordenanza municipal que respalda el cobro contradice los artículos 9 y 10 de la Constitución Nacional sobre libre circulación.
El caso de Formosa reabre una discusión de fondo sobre los límites de la autonomía municipal frente a las leyes nacionales. Aunque las comunas pueden establecer tasas por servicios efectivamente prestados, la jurisprudencia es clara: no pueden cobrar derechos de tránsito ni impuestos que condicionen la circulación interjurisdiccional.
El hecho de que el cobro se aplique en una ruta nacional agrava aún más la situación, ya que ese tipo de vías está bajo jurisdicción federal. Por eso, Vialidad Nacional podría intervenir de oficio para frenar la práctica y exigir explicaciones a las autoridades locales.