Cambia Mendoza aprobó el proyecto con el apoyo de dos aliados. El PJ, La Unión Mendocina y el Partido Verde, rechazaron de plano la iniciativa.
Sesión de la Cámara de Diputados de Mendoza
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Prensa Diputados En una sesión caliente, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de regulación de los cuerpos de seguridad ciudadana que impulsó el Poder Ejecutivo. La iniciativa que habilita el uso de pistolas Taser para preventores, ahora pasará al Senado para su sanción definitiva.
El debate se extendió desde el mediodía hasta horas de la tarde, por el intenso cruce que hubo entre el oficialismo y la oposición. Finalmente la propuesta se votó a mano alzada y resultó aprobada por 28 votos afirmativos, 17 negativos y un ausente, la peronista Roxana Escudero.
El interbloque de Cambia Mendoza sumó los votos de Gustavo Cairo (La Libertad Avanza) y Mauro Giambastiani (Mejor Mendoza), que ya habían respaldado el proyecto en comisiones. Mientras que el PJ, La Unión Mendocina y el Partido Verde (Emmanuel Fugazzotto) votaron en contra.
La diputada Cecilia Rodríguez (UCR), referente del intendente Ulpiano Suárez en la cámara, fue la miembro informante de la norma que habilitaría a la Capital a sumar sus primeras 30 pistolas Taser en breve.
La legisladora señaló que "es una Ley que aclara, es de orden público, lo que hace es establecer bases, condiciones mínimas, objetivos de seguridad ciudadana que tienen los municipios que tienen o decidan tener estos cuerpos de preventores”.
En esa línea, agregó que “obliga a quienes decidan tenerlo pero no a quienes no quieran tenerlo. Hay muchos municipios que han avanzado en esto por eso desde el Ministerio se avanzó en una normativa sobre estas realidades, muy enfocado en lo que tiene que ver con la prevención”.
La diputada, sostuvo que “establece presupuestos mínimos, todo atado a la Ley 1079”, incorporando las capacitaciones para este personal. “Deja en claro el rol del Ministerio de Seguridad sobre todo en cuanto a la capacitación de los cuerpos de preventores”, expresó, manifestando que “es una discusión que tiene muchas aristas, pero es necesaria. Varios municipios tienen cuerpos de preventores, esto existe, es poner blanco sobre negro en esta situación”.
En relación al uso de las armas disuasivas, indicó que esta Ley de manera seria conceptualiza y enumera cuáles son, las limita, y “esto es muy importante porque dice expresamente que para su utilización se requerirá la autorización de Ministerio de Seguridad con un criterio restrictivo, bajo los protocolos del Ministerio, y capacitaciones en el Instituto de Seguridad Pública”.
Desde la oposición hubo fuertes críticas al proyecto, algunos referidos al traslado de responsabilidades sobre la seguridad y otros sobre los riesgos de las armas no letales en manos de preventores, puntualmente.
Emanuel Fugazzotto (PV) adelantó su voto negativo al proyecto. Manifestó que “no resuelve la problemática de seguridad de la provincia, que es responsabilidad primaria e irrenunciable del Estado provincial”.
Agregó que “el sistema de seguridad pública se piensa de manera integrada, y tenemos que lograr comprender que el delito va mutando a medida que la policía empieza a generar distintas estrategias de contención de los lugares donde hay mayores índices o donde le denominan las zonas calientes”, y en este contexto, “es una locura pensar que un personal civil con un arma disuasiva se va a ir a enfrentar; es imposible”.
De igual forma, Cintia Gómez (LUM), se opuso a la norma. Consideró que “a los municipios no le quedará otra que sumarse aunque en el proyecto diga que es opcional. No estoy en contra del uso de las Taser, pero si queremos que sean utilizadas por gente capacitada en la materia, no podemos darle a cualquier persona semejante responsabilidad y delegar esta responsabilidad al personal municipal, a los preventores”.
A su turno, el diputado Germán Gómez (PJ) adelantó el voto negativo de su bloque. Remarcó que en el proyecto “hay un tema de autonomías municipales, que yo creo que roza de alguna manera la inconstitucionalidad de lo que puede o no hacer un municipio”, lo que lo lleva a preguntarse si los intendentes van a aceptar esta propuesta porque “prácticamente no va a tener aplicabilidad".
"Ningún intendente va a aplicar esta Ley sin recursos económicos”, y cerró sus expresiones al manifestar que “la seguridad es un tema central en la provincia, creo que hay un problema de enfoque. El problema medular de la provincia de Mendoza se está encuadrando por otro lado”.