El Ministerio Público Fiscal solicitó que se lo condene a 18 años de prisión por liderar una asociación ilícita que se valía de coimas, además de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
El exjuez federal Walter Bento podría pasar casi 20 años en la cárcel.
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Ramiro Gómez / Los Andes El Ministerio Público Fiscal solicitó este jueves al Tribunal Oral Federal Nº 2, encabezado por la jueza Gretel Diamante, que lo condene al exjuez Walter Bento a 18 años de prisión por los delitos de corrupción por los que ya fue hallado culpable. Las juezas determinarán la aplicación de la condena en la sentencia final, que se desarrollará este viernes.
El martes pasado el TOF Nº 2 declaró "penalmente responsable" a Bento como líder de una asociación ilícita que operó en ocho hechos de cohecho; además de haber perpetrado lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica.
De este modo, se abrió el “juicio de cesura” para definir las penas que le corresponden a cada uno de los declarados culpables. La jornada del jueves comenzó con el rechazo del tribunal a cada uno de los planteos de nulidad presentados por las defensas y, luego, se dio paso a las últimas testimoniales de los acusados.
El exjuez Walter Bento tuvo la oportunidad de hablar por última vez y solicitó que le otorguen la prisión domiciliaria, aludiendo a la situación de salud de su hijo con discapacidad, Facundo Bento. También expusieron su esposa, Marta Boiza, y su hijo, Nahuel Bento, declarados culpables por el delito de lavado de activos, al igual que el exjuez.
En horas de la tarde, finalmente, el Ministerio Público Fiscal (MPF), a cargo de los doctores Dante Vega, María Gloria André y Diego Velasco (Procelac), expuso sus argumentos para solicitar las condenas. En ese sentido, la doctora André advirtió que se debe tener en cuenta el agravante de que la asociación ilícita operó nada más y nada menos que en el propio Poder Judicial.
"Claramente no encontramos forma de medir el daño a las instituciones, a la confianza pública y a la credibilidad del Poder Judicial de la Nación. Es extremo", planteó André.
La fiscal también destacó que "Walter Bento se trataba del único sujeto indispensable para la comisión de los delitos aquí juzgados. Su aporte es determinante para la existencia misma de la organización y la concreción de los acuerdos espurios". Por lo cual, la parte acusatoria iba a diferenciar, en el pedido de penas, el rol de cada integrante, con Bento como cabeza.
En cuanto a los delitos patrimoniales, el fiscal Velasco sostuvo que Bento "tenía ingresos acomodados" como juez federal, por lo cual no tenía una "necesidad" económica de incurrir en la delincuencia y simplemente estuvo "alentado por la codicia" como principal móvil.
El MPF también expuso el monto total de los cohechos perpetrados por Bento, los que arrojaron un resultado de USD 2.063.300, equivalentes a $104.439.650. En cuanto al enriquecimiento ilícito injustificado, Bento acumuló $6.892.686,04 y, por las operaciones de lavado, sumó otros $22.323.582.
Esto llevó al cálculo de una multa total de $752.326.756,04, que fue lo que solicitó finalmente la fiscalía al TOF Nº 2. También se solicitó la pena de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
"Este Ministerio Público entiende que corresponde aplicarle al doctor Walter Bento la pena de 18 años de prisión, la pena de multa equivalente a 752.326.756,04 pesos, suma que deberá ser actualizada al momento de la ejecución. Y la pena de inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena prevista por el Artículo 12 y la pena de inhabilitación absoluta perpetua, prevista en el Artículo 268, segundo párrafo del Código Penal, por el delito de enriquecimiento ilícito, la que resulta comprensiva de las penas de inhabilitación perpetua prevista en el Artículo 257 del Código Penal y la inhabilitación especial del Artículo 303", leyó la doctora André al TOF Nº 2 sobre el exjuez.
Luego el fiscal de la Procelac, Diego Velasco, leyó las condenas solicitadas para la esposa de Bento, Marta Boiza, declarada culpable por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica.
La presidenta del TOF2, Gretel Diamante, dijo el martes que tuvo un rol central en las maniobras de su esposo. "Desempeñó un rol activo y sostenido. Su figura fue un vehículo patrimonial primario, concentrando adquisiciones, efectuando donaciones posteriores y realizando cesiones estratégicas".
Para Boiza, el MPF solicitó concretamente una condena de 6 años de prisión, la pena de inhabilitación perpetua y la multa de $230.128.506, que deberá ser actualizada al momento de su ejecución.
En tanto que para Nahuel Bento, el hijo mayor del exjuez y exfuncionario judicial, el fiscal Velasco solicitó una pena de 5 años de prisión de "efectivo cumplimiento" por el delito de lavado de activos.
"Cumplió un rol relevante en esa dinámica de circulación intrafamiliar de bienes. Las transferencias sucesivas de vehículos y las operaciones cruzadas con su hermano (ndR: por Luciano) formaron parte de una estrategia orientada a fragmentar la trazabilidad del dinero y a intentar darle apariencia de legalidad a los fondos provenientes del delito", leyó la jueza Diamante el martes pasado.
Y agregó: "A la vez asumió un rol protagónico en algunos de los negocios, en los cuales se constataron tipologías propias del lavado, en donde hubo utilización de efectivo en grandes sumas, subvaluación y registración fraudulenta".
En la estructura de la asociación ilícita liderada por Bento, dedicada a la venta de beneficios judiciales a detenidos en causas federales, fueron declarados culpables como organizadores, los abogados Luciano Ortego y Jaime Alba.
Se trata de los letrados que operaban bajo las órdenes del fallecido Diego Aliaga, un agente aduanero sindicado como el nexo entre el juez y el resto de los integrantes, cuya desaparición y asesinato en 2020, destapó la megacausa de este juicio.
Un escalón por debajo se ubicaron como "miembros" los abogados Martín Ríos, Matías Aramayo, Francisco "Chato" Álvarez; el comisario Gabriel Moschetti y el narco Walter Bardinella Donoso.