El Tribunal Oral Federal Nº 2 llevó adelante la primera audiencia del "juicio de cesura" pero no alcanzaron a discutirse las penas para los culpables. La Fiscalía dejó un anticipo clave.
Walter Bento fue hallado culpable como líder de una asociación ilícita que se valía del cobro de coimas.
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Ramiro Gómez / Los Andes Un día después de confirmarse la culpabilidad del exjuez Walter Bento como líder de una asociación ilícita que se valía del cobro de coimas a cambio de beneficios judiciales, el Tribunal Oral Federal Nº 2, encabezado por la jueza Gretel Diamante, dio inicio al juicio de cesura, la última etapa del proceso en la que se discutirán las penas para cada uno de los condenados.
Se esperaba que el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal María Gloria André y el titular de Procelac, Diego Velasco, expusiera este miércoles el pedido de penas. Sin embargo, la audiencia realizada durante la tarde se centró principalmente en la exposición de nulidades planteadas por las defensas.
El TOF Nº 2 resolvió rechazar cada uno de los planteos formulados por los abogados y la jueza Diamante anunció la postergación de las solicitudes de penas para este jueves. En esta etapa, las defensas pueden solicitar la presentación de testigos y la producción de pruebas con el objetivo de discutir puntualmente las penas que requiera el MPF para cada uno de los condenados, siempre sujetas a la admisión del Tribunal.
En ese marco, los abogados de la familia Bento solicitaron una decena de testigos, pericias de salud mental y diversa documentación, vinculadas tanto a la situación de detención del exjuez como a la de su esposa, Marta Boiza, y su hijo, Nahuel Bento, quienes se encuentran en libertad pero fueron hallados culpables por lavado de activos.
Los requerimientos deberán ser contestados por el MPF y luego el TOF resolverá. Si bien esto ocurrirá formalmente este jueves, el fiscal Velasco (Procelac) adelantó la postura de la parte acusatoria con un anticipo clave: no solicitarán modificar el estado de libertad de quienes actualmente se encuentran libres, ni la situación de las personas detenidas.
“Podemos adelantar que esta Fiscalía se va a oponer específicamente a la modalidad de cumplimiento, entendiendo que la modalidad que prevén es la prisión domiciliaria”, expresó Velasco al referirse a Bento, Boiza y Nahuel Bento.
En ese sentido, explicó que “la prisión domiciliaria se haría efectiva una vez que la condena esté firme, lo que podría ocurrir dentro de muchos años. Por lo tanto, cualquier elemento pericial o evaluación actual que se realice deberá repetirse al momento de la firmeza de la condena, a los efectos de establecerla”.
“Adelanto que no es intención de esta parte modificar ni solicitar la modificación del estatus de libertad de quienes se encuentran en libertad ni del estatus de las personas que están privadas de la libertad”, afirmó el fiscal de Procelac.
Es decir, en principio, no se solicitaría la prisión efectiva inmediata ni para Boiza ni para Nahuel Bento hasta tanto no quede firme su condena. Pero sí que Bento continúe en la cárcel, condenado por un cúmulo de delitos superior a ellos dos.
“Eso no se va a cambiar ni se va a solicitar; es un adelanto por parte de la Fiscalía”, ratificó Velasco. No obstante, la escala de condena para la esposa del exjuez oscila entre un mínimo de cuatro años y medio de prisión y un máximo de 25 años y cuatro meses.
En tanto, para Nahuel Bento, la pena prevista oscila entre un mínimo de cuatro años y medio y un máximo inferior al de su madre: 13 años y cuatro meses.
En ese contexto, Velasco sostuvo que “cualquier pericia” que la defensa de Bento pretenda presentar en esta instancia “a los efectos de establecer una prisión domiciliaria” resultaría inoficiosa, porque “no va a tener ningún sentido”.