Se trata de una denuncia impulsada inicialmente por el abogado mendocino Carlos Varela Álvarez, a la que se sumaron firmas de peso como el exministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Alejandro Pérez Hualde; y la académica hispano-argentina Soledad García Muñoz (exrelatora de la CIDH), entre otros letrados, también de Uruguay y Perú.
Cómo es el trámite de la denuncia ante la CIDH
La CIDH habilitó de esta manera la "etapa de admisibilidad", envíandole la denuncia que presentaron los abogados al gobierno de Venezuela, para que presenten un descargo en un plazo de tres meses, prorrogable hasta un máximo de cuatro meses.
Una vez recibida la respuesta del Estado, esta será remitida a la parte peticionaria para su conocimiento, es decir, sin plazo y sin solicitud de observaciones. En ese momento la petición será considerada procesalmente lista para la elaboración de un informe en el que se adoptará una decisión sobre la admisibilidad de la petición, informan desde el organismo.
Esto significa que la CIDH podrá pronunciarse sobre la admisibilidad de la petición con base en la información disponible en el expediente.
En el caso de que Venezuela no elabore una respuesta, la Comisión enviará una reiteración de la solicitud al Estado y si en 6 meses no hay novedades, se declarará la admisibilidad con este episodio acumulado al archivo general, informaron desde el organismo.
Un caso urgente
El abogado Carlos Varela Álvarez explicó a Los Andes que este avance "no quiere decir que tengamos razón o no" pero resulta de absoluta relevancia, porque generalmente estos trámites "llevan años".
"Tenemos demandas del 2018 o del 2015 y todavía no han sido aceptadas. Que se le dé trámite tan rápido, implica que para la Comisión es un tema importante y urgente", remarcó el letrado.
Varela Álvarez señaló que Venezuela deberá ofrecer pruebas y "justificar por qué esta persona fue detenida y qué derechos tuvo, mostrar el proceso".
Nahuel Agustín Gallo, el argentino detenido por el régimen de Maduro en Venezuela (Gentileza)
Nahuel Gallo, el argentino detenido por el gobierno de Maduro en Venezuela. (Gentileza)
"La familia de Nahuel no puede hacerlo por sus medios y este tribunal puede obligar a Venezuela a mostrar las cartas que tenga contra esta persona o no", apuntó el abogado.
De todos modos, se trata de un proceso extenso y en cualquier momento, las partes podrían llegar a una "solución amistosa", que es un mecanismo de diálogo facilitado por la Comisión que tiene como objetivo que el Estado concernido y las presuntas víctimas y/o parte peticionaria alcancen un acuerdo, explican desde el organismo.
Vale decir que este procedimiento depende de la voluntad de las partes y si no hay acuerdo total, el trámite contencioso seguirá su curso normal.
La CIDH elaborará un informe de fondo, que es cuando define si el Estado es responsable o no de la acusación en su contra y si no cumple con la sentencia, la causa se dirige a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Las cautelares vigentes
En enero pasado, la CIDH otorgó medidas cautelares en favor de Nahuel Gallo. La Comisión entendió que el gendarme “se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Venezuela”.
El organismo le pidió a Venezuela que “adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de la persona beneficiaria” y, en particular, que informe si la persona beneficiaria se encuentra bajo custodia del Estado y las circunstancias de su detención; o bien, de las medidas tomadas a fin de determinar su paradero o destino”.
A su vez, solicitó precisiones si Gallo fue presentado “a un tribunal competente para revisar su detención de habérsele imputado delitos” e indique “de manera expresa el tribunal que conocería su causa penal” o “las razones por las que no ha sido puesta en libertad a la fecha”.
También que le permitan la “comunicación del beneficiario con su familia y representantes legales de confianza dándoles acceso pleno a su expediente penal” si existe.
Para finalizar, la CIDH le pidió al Ejecutivo venezolano para que “informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente medida cautelar y así evitar su repetición”.
A pesar del reclamo internacional, el gobierno de Nicolás Maduro se negó a responder estos requerimientos, pero mientras sigan vigentes "la persona está siendo protegida por el sistema interamericano", explicó Varela Álvarez.
Las acusaciones de Nicolás Maduro
Según denunció la familia de Gallo, el gendarme ingresó a Venezuela el 8 de diciembre a través de puente internacional de Táchira, procedente de Colombia, para visitar a su esposa e hijo en Caracas. Sin embargo, la Policía lo detuvo al entrar al país sin mayores explicaciones.
Desde ese momento no se sabe dónde está detenido y el gobierno venezolano ha insistido en acusarlo de "terrorista", sin permitirle ni siquiera el contacto con sus familiares. Solo difundieron imágenes de él, con uniforme de detenido, pero no se otorgaron más datos.
El propio Maduro lo señaló de haber sido parte de un plan criminal del gobierno de Javier Milei para atentar contra la vida de Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen, y destacó: “Se capturó a un terrorista“.
Nicolás Maduro justificó el secuestro del gendarme argentino en Venezuela. Foto: El Venezolano News
Nicolás Maduro justificó el secuestro del gendarme argentino en Venezuela. Foto: El Venezolano News
Asimismo, el líder chavista afirmó que otros detenidos habían adelantado la llegada de Gallo a la frontera venezolana el 8 de diciembre. “Uno habló del otro, y el otro habló del otro”, sostuvo. En esa línea, Nicolás Maduro negó las explicaciones de Cancillería y del Ministerio de Seguridad sobre la llegada de Gallo a Venezuela.
“Toda la narrativa que ellos pretenden imponer para manipular, que eran todos estos mercenarios, miren el relato, todos eran buenos chicos, enamorados de venezolanas”, cuestionó e ironizó: “Todos venían por razones familiares. A todos les dieron el mismo guión".