El Ministerio de Capital Humano planea crear una web de datos abiertos, una comisión para el reparto de recursos en hospitales y auditar el costo por egresado.
Marcha Federal Universitaria, jubilados y agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales.
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Maximiliano Luna / NA En las vísperas de la marcha federal universitaria, el Gobierno Nacional ha delineado su estrategia frente al reclamo presupuestario, asegurando que se reunirá con los rectores inmediatamente después de la movilización para discutir el financiamiento.
Desde la gestión de Javier Milei sostienen que existe una intencionalidad política detrás de la protesta y defienden la necesidad de mayor transparencia en el uso de los recursos públicos.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, junto al subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez, impulsan la creación de una página web específica donde la ciudadanía pueda consultar el destino final de los fondos.
Según los funcionarios, actualmente el acceso a estos datos es difícil porque la administración del Sistema de Información Universitaria está concentrada en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
El objetivo oficial es promover un gasto eficiente e inteligente. En este sentido, el Gobierno ha puesto la lupa sobre los indicadores de rendimiento: de los casi dos millones de alumnos en el país, menos de la mitad son considerados "regulares" (quienes aprueban dos o más materias por año).
Además, se cuestiona el alto costo por graduado en ciertas instituciones; por ejemplo, en la Universidad de las Artes este monto ascendería a más de 423 millones de pesos por carrera.
Uno de los puntos clave de la nueva gestión será la creación de una comisión de hospitales universitarios. El Gobierno busca terminar con los refuerzos presupuestarios que, según denuncian, se entregaban de forma arbitraria o por lobby político, beneficiando históricamente a la UBA con el 70% de esos fondos adicionales.
La intención es consensuar con los rectores un reparto basado en criterios objetivos para que el dinero llegue a todas las casas de estudio que cuentan con centros de salud.
Respecto a la ley de financiamiento universitario vetada por el Ejecutivo, el subsecretario Álvarez fue tajante al señalar que la norma es "abstracta" y quedó derogada implícitamente al aprobarse el Presupuesto, ya que no se pueden asignar gastos sin especificar su fuente de financiamiento.
El Gobierno argumenta que el aumento salarial del 50% pretendido por la ley generaría un gasto que el Estado no puede afrontar actualmente.
Finalmente, las autoridades también han señalado la irregularidad de que las universidades no cobren matrícula a estudiantes extranjeros no residentes, a pesar de estar habilitadas por decreto para hacerlo.
Para la ministra Pettovello, se trata de una "batalla cultural" para que la sociedad comprenda que la intención no es cerrar las universidades, sino explicar el trasfondo del uso de los impuestos de los ciudadanos.
