El Gobierno rechazará las normas de financiamiento educativo, emergencia pediátrica y reparto de ATN. Autoridades de la UNCuyo hablaron de una situación “crítica”.
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El Gobierno de Javier Milei ratificó su postura de vetar un paquete de leyes recientemente sancionadas por el Congreso. La medida será anunciada este jueves e incluye la norma que establece un nuevo esquema de financiamiento para las universidades públicas. En ese marco, desde la Universidad Nacional de Cuyo anticiparon que, en caso de concretarse el veto, habrá una nueva marcha universitaria. “Si se veta, se marcha”, afirmaron.
El Ejecutivo también rechazará la ley de emergencia pediátrica que refuerza los fondos para el Hospital Garrahan y la de reparto de Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), impulsada por gobernadores de todas las provincias.
Gabriel Fidel, vicerrector de la UNCuyo, señaló a Los Andes que la situación financiera de las universidades nacionales “es compleja” y confirmó que el último plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) resolvió avanzar con una nueva movilización en caso de que se vete la norma. Aún resta saber la fecha de la movilización.
“La situación de la UNCuyo y del resto de las universidades es muy compleja. Venimos de dos años con presupuestos reconducidos en los que las actualizaciones de partidas han estado por debajo de la inflación y ha habido una fuerte pérdida del poder adquisitivo del salario de docentes, investigadores y no docentes”, explicó.
En ese sentido, insistió en la necesidad de contar con un marco legal que garantice recursos suficientes y previsibilidad: “Al no haber presupuesto, el único camino es una ley de financiamiento de la educación superior”.
Fidel destacó que esperan un fuerte respaldo social ya que en las marchas realizadas en 2024, mayo y en septiembre, la sociedad mendocino "apoyó masivamente el reclamo".
“La gente nos apoyó en las diversas marchas y no tenemos dudas de que lo va a seguir haciendo. Una universidad pública es sostenida por la sociedad y tenemos que seguir dándole a Mendoza lo que necesita en formación, investigación, extensión y vinculación. El veto sería un gran error: la universidad es parte de la solución que nuestro país necesita”, subrayó.
En el plenario del CIN realizado a fines de agosto en Rosario, las rectoras y rectores aprobaron solicitar para 2026 un presupuesto de 7,32 billones de pesos.
El monto actualiza y anualiza las partidas de la Ley de Presupuesto 2023,el último aprobado por el Congreso y contempla gastos para: personal, funcionamiento y programas universitarios según a los criterios de la Ley de Financiamiento Universitario.
La reciente ley aprobada de manera definitiva en la Cámara de Senadores de la Nación establece la convocatoria a paritarias con actualización salarial por inflación, mecanismos de actualización automática para gastos operativos y la creación de fondos específicos para infraestructura, becas, carreras estratégicas y fortalecimiento académico.
También proyecta un aumento gradual del financiamiento estatal, del 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031.
Tras la derrota electoral en las legislativas de Buenos Aires, Milei reunió a una “mesa política” para definir su estrategia y en ese ámbito se resolvió avanzar con los vetos. En este contexto, el diputado radical Julio Cobos reclamó que el Gobierno dé un giro en su postura.
“De cara al futuro vamos a corregir todos nuestros errores, dijo el Presidente. Un buen principio es no vetar las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario. Tiene hasta el 11 de septiembre, Día del Maestro. Espero un cambio real en el oficialismo y que sean promulgadas”, expresó en su cuenta de X.
Cobos fue el único diputado de la UCR Mendoza que votó a favor del proyecto en la Cámara Baja, mientras que Lisandro Nieri y Pamela Verasay estuvieron ausentes en la sesión.
En diálogo con Los Andes, el exgobernador sostuvo que Milei debería “entender el mensaje” de las urnas. “Si verdaderamente hay vocación de autocrítica y de redireccionar el rumbo, más allá de que después dijo que el rumbo económico no se toca, sería un buen gesto”, planteó.
Además, advirtió sobre la situación crítica de las universidades: “La falta de presupuesto llevó a que el Congreso deba discutir partidas parciales para cada área”. Y sumó un pedido puntual: la promulgación de la Emergencia Pediátrica, conocida como “Ley Garrahan”.
El pasado 20 de agosto del corriente año el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo aprobó, por unanimidad, una declaración donde reafirmaba el compromiso de esta Universidad con la sociedad, con la defensa del derecho a la educación superior y con el desarrollo de una Argentina más justa, equitativa y soberana. Expresaba que, como institución pública, autónoma, gratuita e inclusiva, desarrolla cotidianamente funciones sustantivas de formación profesional, generación de conocimiento, extensión universitaria, transferencia tecnológica y promoción de la cultura en todo el territorio mendocino y en articulación permanente con la región y el país. Esa labor se realiza con el compromiso de miles de docentes, nodocentes, estudiantes, investigadores y egresados que sostienen con esfuerzo y vocación una universidad de calidad, abierta y plural. La mencionada Declaración celebraba la media sanción del proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, señalándola como un paso en la dirección correcta, agradeciendo a las legisladoras y legisladores que acompañaron esta iniciativa.
Habiendo sido aprobada por la cámara restante, y como sostiene el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en su declaración del 30/08, la ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente y No docente garantiza el funcionamiento mínimo del sistema universitario durante el 2025 y es errónea la afirmación que provoca desequilibrios a nivel fiscal. Por el contrario, asegura la continuidad de una política pública esencial para la educación superior y para la sociedad argentina en su conjunto.
En función de lo expuesto, este Consejo Superior se dirige al Presidente de la Nación Argentina, Dr. Javier Milei, para solicitarle NO vetar la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente y No docente, solicitando además que convoque a los distintos actores universitarios a consensuar los términos de su reglamentación a lso efectos de su efectiva e inmediata implementación. Así también, en el caso de que el Poder Ejecutivo Nacional resuelva su veto, solicitamos expresamente a los/as legisladores nacionales de ambas cámaras que insistan con la aprobación y sostengan en el Congreso la sanción de la ley.