Este jueves ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto del Gobierno nacional para el financiamiento universitario y la recomposición del salario docente.
Milei envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley sobre financiamiento universitario que se tratará cuando arranquen las sesiones ordinarias.
Los vetos de Milei a las leyes de la oposición sobre financiamiento universitario provocaron el año pasado marchas en Mendoza y el resto del país.
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Ramiro Gómez / Los Andes Este jueves ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto del Gobierno nacional para el financiamiento universitario y la recomposición del salario docente.
Se trata de la primera ley propia del Gobierno nacional sobre el tema, tras las impulsadas por la oposición en 2024 y 2025, que fueron vetadas por el Poder Ejecutivo. La segunda quedó en firme a pesar del veto de Javier Milei, ya que fue ratificada por las dos cámaras del Congreso nacional, pero igual el Gobierno no la implementó.
La nueva iniciativa busca modificar la ley 27.795 con el objetivo de “armonizar las necesidades de financiamiento de las universidades nacionales" con el Presupuesto nacional 2026.
En el mensaje adjunto se detalla que las partidas presupuestarias deberán ser destinadas a afianzar el ingreso, la permanencia y la terminalidad, garantizar las condiciones laborales y salariales, asegurar la provisión y el mantenimiento de la infraestructura y del equipamiento, e incrementar la inversión destinada a programas de becas estratégicas.
Según precisa el sitio Parlamentario.com, el proyecto se tratará al comienzo de las sesiones ordinarias, que arranca el 1 de marzo.
El artículo 3 del proyecto liga la actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades a que la inflación supere el 14,3%, o sea, el valor promedio anual utilizado para la confección del Presupuesto 2026.
En el caso de que la inflación del INDEC supere el 14,3%, se deberá adecuar a ello el crédito para el funcionamiento, los hospitales universitarios, ciencia y técnica y el Programa 26, que concentra la mayor parte de los recursos públicos para la educación superior.
En el artículo 4 aparece un refuerzo específico para el sistema de salud universitario de $80.072 millones.
Respecto de los salarios, el artículo 5 fija una recomposición para docentes y no docentes, con tres incrementos del 4,1% cada uno (marzo, julio y septiembre), calculados sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2026. O sea, en total, 12,3%.
Además, hay una novedad importante. El Ejecutivo deberá convocar a paritarias obligatorias para personal docente y no docente al mes de sancionada la ley, con periodicidad no mayor a tres meses.
Otro punto técnico relevante es que el mensaje oficial subraya que, a diferencia de la Ley 27.795, este proyecto cumple con la premisa de “prever expresamente las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.