El Gobierno nacional apeló a la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso, solicitando que el recurso sea concedido con "efecto suspensivo".
El Ejecutivo recurrió la medida cautelar que ordenaba actualizar salarios y presupuestos. A la vez negocia una reforma con los rectores para frenar el conflicto.
El Gobierno apeló el fallo que lo obliga a financiar las universidades.
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El Gobierno nacional apeló a la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso, solicitando que el recurso sea concedido con "efecto suspensivo".
El año pasado, en el marco de un recurso de amparo promovido por el Consejero Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario, el juez federal Enrique Cormick dictó la cautela que ordenaba al Estado actualizar los salarios docentes y las partidas presupuestarias de las universidades.
Allí el magistrado consideró que el veto presidencial que suspendió la aplicación de la Ley 27.795 y estableció que solo se aplicaría cuando se determinen recursos específicos para solventarla, tenía rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.
El magistrado había advertido que la demora del Estado nacional implicaba luna "inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico, concreto y específico" que ponía en riesgo el funcionamiento de las casas de altos estudios.
Según informó Infobae, a través de la Procuración del Tesoro, el Ejecutivo nacional presentó el recurso ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, solicitando que la apelación sea concedida con "efecto suspensivo".
En el escrito calificaron la decisión judicial como "arbitraria" y argumentaron diciendo que la ley precisa definir previamente sus fuentes de financiamiento e incorporar las partidas correspondientes en el Presupuesto, a la vez que esta cuestión le compete al Congreso de la Nación y no al Gobierno nacional.
Además, objetaron imparcialidad del juez de primera instancia al sostener que se desempaña como docente universitario e integra el grupo de personas beneficiadas por la medida de recomposición salarial.
La Cámara rechazó la recusación al no encontrar pruebas de un interés personal y ahora deberá resolver si confirma o deja sin efecto a la medida cautelar.
Pese a la ofensiva en tribunales, el Ejecutivo comenzó a desplegar una estrategia paralela para desactivar la tensión social. Tras las masivas movilizaciones de 2024 y 2025 bajo el lema “Si hay veto, hay marcha”, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario Alejandro Álvarez, se reunieron con las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
El objetivo es elaborar una nueva ley de financiamiento que no derogue el esquema financiero actual, sino que lo modifique. Esta nueva propuesta busca saldar la deuda de "seguridad jurídica" que reclaman los rectores, pero bajo una "previsibilidad fiscal" que deje conforme al Ministerio de Economía.
"Nos vamos con expectativa de que podremos avanzar en la resolución de algunas de las demandas que tenemos", afirmó Carlos Greco, presidente del CIN, tras el encuentro. Por su parte, Franco Bartolacci (vicepresidente del CIN) destacó que si bien el diálogo es un "paso en la dirección correcta", aún persisten "muchos temas que quedan por resolver".