Legisladores de Fuerza Patria impulsan un proyecto de ley paralelo a la ley de Ciberseguridad que impulsó la ministra Mercedes Rus
El senador Félix González y los diputados Lidia Quintana y Lucas Ilardo, pertenecientes a Fuerza Patria.
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Prensa Fuerza Patria
Mientras el proyecto de Ley de Ciberseguridad impulsado por el Poder Ejecutivo continúa en debate en las comisiones del Senado, el kirchnerismo mendocino presentó una iniciativa propia contra el ciberdelito enfocada en la protección de los datos personales de los ciudadanos.
Los legisladores de Fuerza Patria sostienen que su propuesta se aplica exclusivamente al sector público provincial y municipal y busca que los organismos estatales "dejen de tratar la información ciudadana con descuido o negligencia".
El proyecto fue presentado por los diputados Lucas Ilardo y Lidia Quintana, junto al senador Félix González, durante una conferencia de prensa realizada este jueves en la Legislatura.
La iniciativa se conoce una semana después de que la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, presentara la Ley de Ciberseguridad en la Cámara Alta y también, a días del hackeo al sitio web del Senado provincial.
Al respecto, el diputado Ilardo explicó: "Los datos hoy son la mercancía del futuro; hoy el que tiene datos tiene poder. Si el Estado tiene tus datos de salud, de transporte, a dónde te movés o tus datos fiscales, ese mosaico de datos es por lo que el mundo está pagando como oro y es un derecho de los ciudadanos que tiene que ser protegido".
En ese sentido, el senador González sostuvo: "El Gobierno debe adaptar su estructura para poner la información al servicio de los ciudadanos, que son los verdaderos dueños de los datos. Primero está la gente y a ellos hay que darles la respuesta, no enfocarse en burocracias ni divisiones entre ministerios".
Los legisladores explicaron que uno de los pilares de la propuesta es la privacidad desde el diseño, obligando a que cualquier nuevo sistema o plataforma estatal incorpore la seguridad ciudadana desde su creación inicial.
Además para evitar que las responsabilidades se diluyan dentro de la administración pública, la iniciativa establece que cada organismo estatal deberá designar, en un plazo máximo de 180 días, a un profesional responsable de la protección de datos.
Ilardo señaló que el proyecto no implica la creación de una nueva estructura administrativa, sino que propone que la autoridad de aplicación funcione dentro de la Oficina de Ética Pública, con un Director de Datos Personales que cuente con autonomía e independencia del Poder Ejecutivo.
Además, dispone que, en caso de una vulneración, filtración o hackeo, el Estado tendrá la obligación de informar el incidente en un plazo máximo de 72 horas y notificar de inmediato a los ciudadanos cuyos datos hayan sido comprometidos.
"Lo que implica esta ley es que, si hay un hackeo y alguien accedió a tus datos, el Estado tiene la obligación de avisarte inmediatamente, de reparar ese daño y de garantizar que vos sepas exactamente qué información tuya tiene", agregó Ilardo.
El diputado explicó que la iniciativa opositora establece un sistema de responsabilidades para determinar qué funcionarios responderán por el manejo de la información y cuáles serán los mecanismos de reparación para las personas afectadas ante una filtración de datos.
El bloque opositor propone que el 50% de las multas aplicadas por incumplimientos en materia de protección de datos se destine a un Fondo de Reparación, orientado a financiar asistencia jurídica gratuita y programas de educación digital para los ciudadanos.
Durante la presentación, los referentes de Fuerza Patria cuestionaron el proyecto elaborado por el Ejecutivo y aseguraron que, si bien consideran necesaria una ley de ciberseguridad, el texto impulsado por la ministra Mercedes Rus presenta sus deficiencias.
"Nosotros creemos que la ley de ciberseguridad es importante, que tiene que cuidarse la infraestructura digital, pero tiene falencias y no se puede avanzar sin protección de datos para los ciudadanos", afirmó Ilardo.
Por su parte, el senador Félix González adelantó que el bloque analiza presentar un despacho alternativo durante el tratamiento legislativo del proyecto oficial.
"Básicamente tiene, a nuestro juicio, tres grandes inconvenientes. En primer lugar, ante una situación de vulneración de datos de la Provincia no se notifica al ciudadano, sino que el problema se analiza entre distintos funcionarios. Hay que poner el énfasis en los ciudadanos, que son los dueños de los datos", sostuvo.
Además, recordó que hace un año la Legislatura aprobó una Ley de Modernización del Estado que creó un sistema de gobernanza de datos dentro del Ministerio de Gobierno y cuestionó que el proyecto oficial impulse una estructura paralela. "Esa ley de ciberseguridad debería ser un capítulo de la ley anterior. Esa es nuestra mirada", manifestó.
Por último, González también cuestionó el capítulo vinculado a las contrataciones previstas en la iniciativa oficial. "Están aprovechando esta ley para plantear que se puedan hacer por compra directa todas las inversiones vinculadas con ciberseguridad y con el sistema de seguridad en general. Es una justificación absurda, un caballo de Troya para poder comprar miles de millones", afirmó.
Finalmente, insistió en que el eje del debate debe estar puesto en los ciudadanos. González sostuvo que "la cuestión central es que los mendocinos tienen que estar en el centro porque son los dueños de los datos".
"El Gobierno tiene que adaptar su estructura a los mendocinos y no al revés. No es un problema si el Ministerio de Seguridad se puso en contacto con el Ministerio de Salud; ese es un problema de ellos. Cada ministerio hace sus propias aplicaciones", concluyó.
