Se realizó una nueva audiencia para tratar el requerimiento de elevación a juicio contra Janina Ortiz, exfuncionaria de Las Heras.
La diputada provincial suspendida Janina Ortiz. Archivo Los Andes
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La diputada provincial suspendida de La Unión Mendocina, Janina Ortiz, enfrenta dos causas que se desprenden de su gestión junto al exintendente Daniel Orozco en la Municipalidad de Las Heras. Una de ellas es por peculado, en la que también está imputado su esposo, y la otra es por coacciones y amenazas.
En el marco de la segunda causa, este jueves se desarrolló una audiencia de oposición a la citación a juicio, convocada por la jueza Dolores Ramón. Allí, la defensa de Ortiz, encabezada por el abogado Raúl Burela, manifestó su rechazo al requerimiento y solicitó el sobreseimiento de la acusada.
En contacto con Los Andes, Burela explicó que la convocatoria los sorprendió, ya que aseguró que ambas causas están unificadas y recordó que en junio pasado ya se habían opuesto a la elevación a juicio de la causa conocida como "cooperativa fantasma".
El letrado señaló que esperaban una decisión de la jueza sobre si correspondía elevar la causa a juicio o desestimar ese paso. Sin embargo, finalmente se dispuso un cuarto intermedio, sin una fecha definida para la reanudación de la audiencia.
Ortiz fue imputada el 19 de junio de 2024 por coacciones agravadas, luego de que la Suprema Corte de Justicia emitiera un fallo en su contra que allanó el camino para el avance de la investigación del fiscal Juan Tichelli.
La exfuncionaria de Las Heras está acusada de haber presionado a una empleada municipal para que grabara a un funcionario de la comuna, el entonces subsecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart (también imputado en la otra causa). Posteriormente, según sostiene el expediente judicial, la habría obligado a entregarle esa grabación "con un 38 sobre la mesa", en alusión a un arma de fuego.
El abogado de Ortiz sostuvo que "en la primera oposición a la elevación a juicio, entendiendo que están unificados los expedientes, nosotros dimos nuestros argumentos".
Y agregó: "El Ministerio Público Fiscal tiene este expediente de coacciones, que es la prueba madre para relacionar a mi clienta con el expediente de peculado, porque, si no, no tiene ninguna prueba objetiva para vincularla con ese hecho".
Además, afirmó: "La causa se eleva a juicio con un audio ilegal, por eso nosotros planteamos la nulidad. Estamos ante una gravedad institucional y jurídica en la provincia de Mendoza sin precedentes".
"No sabemos la veracidad del audio, porque no hay controles del Ministerio Público Fiscal para determinar si ese audio es verídico o no", planteó.
La diputada provincial suspendida también está imputada por el delito de peculado, a partir de presuntas irregularidades detectadas durante la gestión municipal de Las Heras.
El expediente gira en torno a la cooperativa "Manos a la Obra", que presuntamente recibía fondos municipales por servicios de limpieza y reciclaje que, según la acusación, nunca fueron efectivamente prestados.
De acuerdo con la investigación judicial, a través de esa estructura se habrían desviado alrededor de 200 mil dólares mediante contrataciones irregulares, utilización de planillas con firmas presuntamente falsificadas y trabajadores que ni siquiera integraban la cooperativa.
En el pedido de elevación a juicio también fueron incluidos el exsubsecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart; el contador Juan Pablo Pandolfi; el exconcejal Matías Mostaccio; Adrián "Moco" Pérez; y el excontador Daniel Germán Herrera.
La acusación se apoya en documentación administrativa, movimientos bancarios, testimonios y también en conversaciones halladas en el teléfono celular de Pandolfi, donde quedaron registrados intercambios vinculados al presunto desvío de fondos municipales.
