El Municipio de Las Heras, conducido actualmente por el intendente Francisco Lo Presti, estableció mediante una ordenanza la realización obligatoria de una Auditoría de Gestión al cierre del mandato de cada jefe comunal.
La ordenanza establece que universidades o instituciones académicas deberán evaluar las cuentas, el patrimonio y la ejecución presupuestaria.
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El Municipio de Las Heras, conducido actualmente por el intendente Francisco Lo Presti, estableció mediante una ordenanza la realización obligatoria de una Auditoría de Gestión al cierre del mandato de cada jefe comunal.
La medida prevé que una universidad pública o una institución académica con acreditación oficial y antecedentes en auditorías públicas evalúe la situación financiera, presupuestaria y patrimonial de la administración municipal antes de cada cambio de gestión.
La iniciativa surgió a partir de un proyecto presentado por la presidenta del Concejo Deliberante, Noelia Delpir, y fue analizada por la comisión de Legislación. La norma tomó como referencia los principios de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas establecidos en la legislación provincial.
Según la ordenanza, la auditoría deberá ser realizada con independencia de que la finalización del mandato obedezca a una reelección, una renuncia, una remoción o cualquier otra causal prevista por la normativa vigente. El mecanismo se aplicará sin afectar las competencias del Tribunal de Cuentas de la Provincia ni los sistemas de control y rendición de cuentas ya existentes.
Tras la aprobación de la ordenanza, la presidenta del Concejo Deliberante de Las Heras, explicó que la iniciativa surgió con el objetivo de institucionalizar un mecanismo de control que permita informar a la ciudadanía sobre el estado de las cuentas municipales al finalizar cada gestión.
En diálogo con Los Andes, Delpir sostuvo que el proyecto también estuvo motivado por los antecedentes recientes del departamento. "Sabemos lo que ha significado para Las Heras tener un antecedente tan triste y tan malo. Desde un primer momento nos propusimos encarar una gestión lo más transparente posible", señaló, en referencia a la gestión del exintendente Daniel Orozco.
Durante la administración de Orozco, quien gobernó Las Heras entre 2015 y 2023, se abrieron distintas investigaciones judiciales. Entre ellas se encuentra la causa que investiga el presunto desvío de fondos públicos destinados a la cooperativa Manos a la Obra, por la que el exjefe comunal fue imputado por peculado junto a otros exfuncionarios de su gestión. La investigación también alcanzó a la exsecretaria de Gobierno Janina Ortiz y a otros integrantes de la administración municipal anterior.
Delpir aseguró que la intención es que la transparencia esté respaldada por información objetiva. "Pensamos que la transparencia tiene que venir acompañada de datos hacia los vecinos. Por eso se nos ocurrió esta idea que garantice y deseamos que sea para siempre, la necesidad de una auditoría que les cuente a los vecinos el estado real del municipio", afirmó.
Además, sostuvo que la medida busca fortalecer la confianza entre los contribuyentes y el Estado municipal. "Los vecinos abonan sus tasas confiando en que un Estado municipal les va a responder, los va a priorizar en obras y les va a solucionar sus reclamos en la cotidianidad", indicó.
En ese sentido, agregó que el objetivo es "honrar las tasas municipales, que representan la confianza de los vecinos en un municipio que funcione y que les dé la garantía de que el dinero que aportan a Las Heras esté bien distribuido, bien ejecutado y cuidado".
Finalmente, remarcó que la intención es que la auditoría obligatoria trascienda las distintas administraciones. "Queremos crear de ahora en adelante una regla que sea para siempre, que se convierta en un principio gubernamental basado en la rendición de cuentas y en honrar la confianza de los vecinos", concluyó.
La norma establece que la gestión saliente deberá solicitar la realización de la auditoría con una anticipación mínima de 120 días antes de la finalización del mandato.
En caso de que ese pedido no sea realizado, la gestión entrante o el propio Concejo Deliberante podrán requerir la auditoría dentro de los 30 días posteriores a la asunción de las nuevas autoridades.
El informe deberá tomar como base la documentación contable, presupuestaria, financiera, patrimonial y administrativa disponible al momento de cierre del mandato. Además, deberá incorporarse como antecedente complementario la Cuenta General del Ejercicio una vez que sea presentada ante el Tribunal de Cuentas.
La auditoría deberá contemplar tres ejes principales: financiero, presupuestario y patrimonial. Dentro del eje financiero, el informe deberá analizar la situación de la tesorería municipal, las cuentas bancarias, conciliaciones bancarias, cajas chicas, adelantos pendientes de rendición, arqueos de caja, otros valores en tesorería, deuda flotante y balance del tesoro.
En materia presupuestaria, la evaluación deberá incluir la ejecución del presupuesto de gastos, las modificaciones presupuestarias realizadas y las normas que las respaldan.
También deberá revisar las contrataciones pendientes de cumplimiento, los procesos de selección de proveedores, los bienes adquiridos y su incorporación a los inventarios municipales.
Además, se deberá analizar la planta de personal municipal, los ingresos y designaciones realizadas, los contratos de locación de servicios, sus vencimientos y el registro de proveedores.
En cuanto a los recursos municipales, la auditoría deberá contemplar la ejecución presupuestaria de ingresos, la ordenanza tarifaria, los niveles de recaudación, las cuentas por cobrar, la coparticipación municipal y el ingreso efectivo de los recursos al tesoro.
La ordenanza dispone que los resultados de la auditoría deberán ser enviados tanto al Departamento Ejecutivo como al Concejo Deliberante para su conocimiento. A su vez, el Ejecutivo municipal deberá publicar los informes en sus páginas institucionales dentro de los 30 días posteriores a su recepción.
La norma también establece que deberá garantizarse el acceso público a los documentos, en línea con la Ley Provincial N.º 9070 de Acceso a la Información Pública y la Ordenanza Municipal N.º 33/21.
En los considerandos de la ordenanza se señala que las auditorías de gestión permiten evaluar el uso de los recursos públicos, fortalecer los mecanismos de control y generar información independiente sobre el funcionamiento de las administraciones.
El texto también sostiene que la auditoría permitirá identificar posibles pérdidas, daños o irregularidades, además de detectar oportunidades de mejora en los procesos internos del municipio.
La medida fue aprobada luego de las observaciones realizadas mediante el Decreto Municipal DECM 2085/25, según consta en la norma sancionada por el Concejo Deliberante.
