El convenio firmado con la Nación permitirá unificar y actualizar los datos sobre antecedentes sancionatorios dentro de las fuerzas policiales y de seguridad.
La medida busca fortalecer la transparencia institucional mediante el intercambio de información entre la provincia y el Ministerio de Seguridad de la Nación.
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Prensa Gobierno de Mendoza El Gobierno de Alfredo Cornejo aprobó, mediante el Decreto 2059, la adhesión al “Convenio de Cooperación y Adhesión al Registro Nacional de Antecedentes de Conducta de las Fuerzas Policiales y de Seguridad (RE.NA.C.)”, firmado el pasado 17 de julio entre la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y la ministra de Seguridad y Justicia de la provincia, Mercedes Rus.
El acuerdo tiene como objetivo fortalecer la cooperación institucional entre ambas jurisdicciones y garantizar el intercambio de información sobre antecedentes sancionatorios de carácter expulsivo o medidas segregativas aplicadas al personal de las fuerzas policiales.
De esta forma, Mendoza incorporará al registro nacional los datos correspondientes a los últimos diez años y mantendrá actualizada la información sobre eventuales nuevas sanciones.
Según el decreto publicado en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad y Justicia designará personal autorizado para operar en el módulo de “Antecedentes de Conducta del Personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad” dentro del Sistema de Trámites a Distancia (TAD).
Este equipo será responsable de la carga de datos en el sistema y de la coordinación con las autoridades nacionales.
El convenio también establece la obligación de ambas partes de utilizar la información exclusivamente para fines vinculados a sus funciones, preservando la confidencialidad y el carácter de “datos personales” de acuerdo con la Ley Nacional 25.326 de Protección de Datos Personales.
Asimismo, ambas carteras deberán extremar las medidas de seguridad necesarias para resguardar la integridad de la información.
El acuerdo tendrá una vigencia inicial de dos años, con renovación automática por tiempo indefinido, salvo que alguna de las partes decida rescindirlo con una notificación previa de 90 días. No genera compromisos financieros extraordinarios para el Estado provincial.
La medida fue dictaminada favorablemente por la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y Justicia y refrendada por el gobernador y la ministra Mercedes Rus.
