El Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley impulsado por la vicegobernadora Hebe Casado.
La vicegobernadora Hebe Casado junto al secretario legislativo, Lucas Fauré, quién participó de la revisión de normas obsoletas.
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Prensa Cámara de Senadores El proyecto de "Ley Hojarasca" local que impulsó la vicegobernadora Hebe Casado dio su primer paso en la Legislatura. El Senado provincial aprobó por unanimidad la iniciativa que propone la derogación de 66 normas consideradas sin efecto o superadas por normativas posteriores. Ahora pasará a la Cámara de Diputados para su aprobación final.
Durante la sesión, el senador Walther Marcolini, presidente de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, destacó que esta medida constituye un paso inicial hacia la elaboración de un Digesto Jurídico Provincial. “Se busca eliminar leyes que han caído en desuso, evitar solapamientos normativos que dificultan la interpretación y la aplicación real, y reducir cargas administrativas innecesarias”, explicó.
El título de la ley hace referencia al proyecto homónimo que impulsa el ministro de Desregulación de la Nación, Federico Sturzenegger, y la vicegobernadora, al momento de presentar la iniciativa, reconoció que fueron asesorados por su equipo para esta tarea.
"Justamente consultamos con el equipo de Sturzenegger como lo habían llevado adelante y fueron ellos quienes sugirieron hacerlo por tramos y por vigencia o en la época que fueron hechas cada una de las leyes. Estuvimos en contacto todo el tiempo con su equipo", indicó.
El secretario legislativo del Senado provincial, Lucas Faure, encabezó el equipo de funcionarios legislativos que llevó adelante la tarea de identificar todas las leyes, analizarlas con detenimiento y luego, avanzar con iniciativas para la derogación o reforma en caso de considerarlo. El histórico exlegislador Juan Carlos Jaliff también participó del proceso.
El proyecto tiene como objetivo avanzar en el proceso de simplificación normativa que la provincia promueve desde 2016, eliminando leyes en desuso que dificultan la comprensión del marco legal vigente y afectan la seguridad jurídica de los ciudadanos. La iniciativa contempla, en esta primera etapa, el análisis de las leyes generales sancionadas hasta el año 1950 inclusive.
En total, se estudiaron 102 normas y se propuso la derogación de 66 de ellas. Según los fundamentos del proyecto, las leyes seleccionadas ya no resultan aplicables debido a transformaciones tecnológicas, sociales, institucionales y económicas, o bien por haber sido reemplazadas por otras disposiciones legales.
Entre las normas que se propone derogar se encuentra la Ley N° 1072 de 1933, referida a la industria vitivinícola, por establecer regulaciones que hoy resultan desactualizadas y restrictivas para los pequeños productores. También se plantea eliminar leyes que mencionan organismos que ya no existen o que regulan actividades que han perdido vigencia, como la Ley N° 1.310 sobre el ejercicio profesional de representantes de bodegas.
El proyecto también apunta a derogar leyes superadas por normativas más modernas, como la Ley N° 20, que creó la Dirección General de Rentas y que fue reemplazada por la ley de creación de la Administración Tributaria de Mendoza; o la Ley N° 37, que introducía currículas escolares discriminatorias por género, incompatibles con el actual marco constitucional y educativo.
Otros ejemplos de leyes que quedarían sin efecto incluyen normativas sobre planes de urbanización previas a la Ley 8051, disposiciones sobre fiscalización de semillas —hoy competencia del ISCAMEN—, y leyes vinculadas a subsidios artísticos, el presupuesto anual, normas laborales por rubro y hasta un impuesto al consumo del vino, incompatible con el IVA.
El proyecto también propone la creación de una comisión especial en la Legislatura que tendrá 180 días para continuar con el análisis normativo, abarcando en una segunda etapa el período comprendido entre 1951 y 1970. Además, se invita a los municipios a revisar su propia legislación en sintonía con este proceso de desburocratización.
Desde el oficialismo destacaron que esta iniciativa se enmarca en el plan de simplificación normativa que la provincia promueve desde 2016 y que busca, a mediano y largo plazo, construir un marco legal más claro, accesible y funcional para los ciudadanos.
La propuesta ahora será analizada en la Cámara de Diputados, como parte del proceso legislativo de revisión.