La Libertad Avanza postergó por cuarta vez en el Senado el debate del proyecto de Propiedad Privada, ya que no tenía los votos para aprobar la eliminación de las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros.
Patricia Bullrich pidió aplazar el tratamiento del proyecto luego de que surgieran diferencias sobre los cambios al dictamen y el alcance de la reforma.
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Prensa Senado
La Libertad Avanza postergó por cuarta vez en el Senado el debate del proyecto de Propiedad Privada, ya que no tenía los votos para aprobar la eliminación de las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros.
La jefa del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, pidió demorar hasta la sesión del 6 de agosto el tratamiento de este proyecto, que abrió una grieta entre libertarios y aliados que no quieren votar la reforma de la ley de tierras, que establece que los empresarios extranjeros solo podrán adquirir unas 1.000 hectáreas.
Pero el oficialismo no solo tenía dificultades para reunir los votos para aprobar un punto central de la ley, sino que había diferencias con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que no aceptaba la versión número 15 del dictamen de mayoría, según señalaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.
En el nuevo texto del proyecto sobre propiedad privada se proponía que cada provincia pueda dictar su propia ley, con lo cual, si la ley nacional sacaba los topes para que los empresarios puedan comprar terrenos en la provincia, podían volver a restituirlos. Este punto era rechazado por el Gobierno nacional.
Fuentes parlamentarias señalaron que Bullrich estaría molesta ya que se enteró del rechazo de Sturzenegger a los últimos cambios al proyecto cuando ya los había comunicado en la última reunión de mesa política.
Del lado de los aliados, los radicales que se opusieron al proyecto fueron: Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger, Flavio Famia, José Carambia, Natalia Gadano y Edith Terenzi.
Ahora el Gobierno tendrá plazo hasta agosto para buscar acuerdos que le permitan votar esta iniciativa, que además contempla cambios en el régimen de alquileres, expropiaciones y la ley del Manejo del Fuego.
El oficialismo llegó a esta sesión con serias dificultades para juntar el quórum de legisladores y habilitar la deliberación del plenario del cuerpo. En cambio, solo pudo conseguir el piso de 37 legisladores.
La Libertad Avanza consiguió quórum con la presencia de 21 libertarios, 10 radicales, 2 macristas, 1 de Primero los Salteños, 2 de Encuentro Misionero, y 1 de La Neuquinidad.
En cambio, los bloques que no dieron quórum fueron: Convicción Federal (que preside la peronista Carolina Moises), Despierta Chubut, Movere Santa Cruz, Independencia y Provincias Unidas.
No solo los dialoguistas y los peronistas buscaban evitar el debate sobre propiedad privada, sino que la vicepresidenta Victoria Villarruel, también expresó su negativa en realizar la sesión, motivo por el que mantuvo una fuerte discusión con Patricia Bullrich, en un intercambio por mensajes de texto.
"¿Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el mundial?", le reprochó Villarruel a Bullrich, quien también la acusó de "chumamedias" de Karina Milei.
Ante sus dichos, Bullrich le respondió: "¡Chau! ¡Chau! comienzo y fin de una corta vida política".
Uno de los puntos centrales del proyecto es la eliminación de los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras y dispone que las provincias tendrán que autorizar las ventas a extranjeros.
Además, busca prohibir la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros y de empresas con participación estatal extranjera, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble.
Cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional. En los casos de zonas de frontera deberá haber una autorización de los gobiernos nacionales y provinciales.
En la versión numero 13 del dictamen se mantuvo la prohibición para que una empresa privada con capital de algún país extranjero pueda adquirir tierras, y el requisito para zonas fronterizas de tener aval de las provincias, el Gobierno y el Congreso Nacional.
