El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, se refirió hoy al escándalo del concejal Miqueas Burgoa (Cambia Mendoza), que fue detenido en la madrugada del sábado por manejar alcoholizado en General Alvear, tal como informó Los Andes.
El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, se comunicó con la presidenta del Concejo Deliberante para impulsar la salida del edil Miqueas Burgoa.
El concejal de Guaymallén, Miqueas Burgoa (Cambia Mendoza)
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Gentileza El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, se refirió hoy al escándalo del concejal Miqueas Burgoa (Cambia Mendoza), que fue detenido en la madrugada del sábado por manejar alcoholizado en General Alvear, tal como informó Los Andes.
El edil de Guaymallén conducía con 1,25 gramos de alcohol en sangre (más del doble de lo permitido) a las 5 de la madrugada en Bowen y cruzó un semáforo en rojo. También se habría resistido a ser detenido por la policía, alegando que era funcionario público, pudo saber este diario.
Calvente no ocultó su malestar con el concejal oficialista, y si bien aclaró que no tiene potestad institucional para solicitarle la renuncia, señaló que se reunió con la presidenta del Concejo Deliberante, Verónica Cancela, para que se motorice su salida del cuerpo.
"Lamentamos profundamente y entendemos que es un hecho de gravedad. Debemos buscar y preservar la institucionalidad. No deja de ser un representante de los vecinos y tiene una responsabilidad y no deberíamos vulnerar ese voto que se obtuvo en elecciones", dijo Calvente esta mañana en conferencia de prensa.
"Si hubiera pasado en el ámbito del Ejecutivo, yo le hubiera pedido la renuncia. Pero es un tema que se resuelve en el ámbito del Concejo Deliberante y hay una investigación en curso", advirtió.
El intendente comentó que no se ha contactado con Burgoa, pero sí lo hizo con Cancela. Entonces, admitió que le interesa que deje su banca.
"Ya me reuní con la presidenta del HCD y le expliqué como resolvería la situación. Yo no tengo facultades, pero entendiendo la gravedad del asunto y para preservar la institucionalidad, tiene que ser un vecino honorable y correspondería la renuncia", sentenció.
El concejal del PJ, José Pozzoli, salió a pedir la renuncia inmediata de Burgoa este lunes. "Este comportamiento no es aceptable para un representante del pueblo. Los funcionarios públicos deben dar el ejemplo, no deshonrar la confianza que los vecinos han depositado en ellos", sostuvo a través de las redes sociales.
Y señaló que "es momento de poner a las personas adecuadas en los lugares de decisión. ¡Exigimos responsabilidad y transparencia en la política!".
El concejal peronista espera una respuesta concreta del oficialismo sobre este escándalo, más allá de lo dicho por Calvente. "Estamos esperando a que decisión va a tomar el radicalismo y si no se le ha pedido la renuncia, vamos a iniciar el procedimiento administrativo en el Concejo", le aclaró a Los Andes.
El hecho ocurrió cerca de las 5.20 de la mañana, cuando Burgoa salía de un local bailable ubicado en el distrito de Bowen. El concejal radical no estaba solo al momento del test: lo acompañaba Emiliano Gobbi, asesor legislativo del senador provincial y exintendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias. Previamente, habían participado de la tradicional Paella Radical que se realizó en la Ciudad de Alvear.
Una vez a bordo del vehículo, Burgoa cruzó un semáforo en rojo, lo que fue advertido por efectivos de la Policía de Mendoza, quienes le dieron la voz de alto.
Tras detener el vehículo, los uniformados realizaron el test de alcoholemia, que dio resultado positivo. Además, el concejal no contaba con su licencia de conducir física ni con batería en su celular, por lo que no pudo mostrar el carnet digital a través de la app Mi Argentina.
Dado que la infracción incluyó conducción con más de un gramo de alcohol en sangre y falta de documentación, se considera una falta grave. El caso quedó a cargo de un juez Contravencional.
Según testigos, cuando la policía intentó secuestrar el vehículo, tanto Burgoa como Gobbi reaccionaron de forma violenta y se negaron al procedimiento, por lo que los efectivos solicitaron refuerzos.
“Decían que no podían llevarlos a la comisaría porque eran funcionarios públicos del Gran Mendoza”, relató un testigo del hecho al diario Los Andes.
Una vez que llegaron más móviles policiales, ambos fueron detenidos y trasladados a la comisaría 46 de Bowen, donde permanecieron demorados hasta el mediodía del sábado. El vehículo, propiedad del concejal, quedó secuestrado.
Burgoa podría enfrentar una pena de hasta 90 días de arresto e inhabilitación para conducir por un año y medio. La Ley 9099, artículo 67 bis —modificada el año pasado mediante una reforma impulsada por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus— también contempla multas de hasta más de 4.500.000 pesos.