El Congreso Nacional comenzará este miércoles el período de sesiones extraordinarias, con una agenda cargada y un objetivo central para el Gobierno: sancionar el primer Presupuesto de la gestión de Javier Milei, luego de dos años de administrar el país con una ley prorrogada aprobada en 2022 durante el gobierno de Alberto Fernández.
Con una nueva composición parlamentaria más favorable al oficialismo, La Libertad Avanza (LLA) buscará aprobar la ley de gastos y recursos que regirá en 2026. Según fuentes parlamentarias consultadas por la Agencia Noticias Argentinas, la prioridad absoluta será lograr esa sanción durante los 20 días que durarán las extraordinarias, hasta fines de diciembre.
En la Cámara de Diputados, el oficialismo será la primera minoría con 95 legisladores, por lo que necesitará al menos 34 apoyos de bloques dialoguistas para aprobar las leyes clave. En tanto, en el Senado, contará con 20 senadores y requerirá 17 votos adicionales para convertir en ley los proyectos del Ejecutivo.
Además del Presupuesto, la agenda incluye iniciativas sensibles como la reforma laboral, el proyecto de Inocencia Fiscal – Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria, la reforma del Código Penal y cambios en la ley de Glaciares.
Comisiones y estrategia parlamentaria
El esquema diseñado por el oficialismo prevé que este martes el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, defina la conformación de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, con el objetivo de emitir dictamen entre jueves y viernes, tanto del Presupuesto como del proyecto de Inocencia Fiscal.
En ambas comisiones continuarán al frente Alberto “Bertie” Benegas Lynch (Presupuesto) y Laura Rodríguez Machado (Legislación Penal), recientemente incorporada a LLA tras su salida del PRO.
La comisión de Presupuesto estará integrada por 49 miembros, con una composición ajustada: 19 de LLA, 18 de Unión por la Patria, 4 del bloque PRO-UCR, 4 de Unidos y otros 4 de bloques provinciales y de izquierda. En Legislación Penal, habrá paridad entre LLA y UP, con 12 integrantes cada uno, lo que obligará a negociaciones para sumar representación de bancadas menores.
La intención del oficialismo es tratar el Presupuesto en el recinto el martes 16, enviarlo de inmediato al Senado y lograr su sanción definitiva antes del 30 de diciembre.
Negociaciones con gobernadores
La estrategia parlamentaria es coordinada por Menem, la jefa del bloque oficialista Patricia Bullrich y el ministro del Interior Diego Santilli, quien ya inició negociaciones con una veintena de gobernadores.
Las primeras conversaciones se concentran en los aliados del interbloque UCR-PRO, MID y Santa Cruz, que suman 22 diputados, y en otros espacios como Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo y Elijo Catamarca, que podrían aportar otros 15 votos.
El respaldo de los gobernadores estará atado a reclamos concretos: cajas previsionales, avales para tomar deuda destinada a obras de infraestructura y avances en rutas nacionales.
El rol del Senado
En la Cámara alta, el oficialismo buscará rearmar las comisiones de Presupuesto y de Trabajo y Previsión Social, que hasta ahora conducían Ezequiel Atauche y Carmen Álvarez Rivero. Mientras se debate el Presupuesto, el Senado comenzará a discutir la reforma laboral, otro de los proyectos clave del Ejecutivo.
Para lograr la sanción, LLA buscará acuerdos con radicales, senadores del PRO y bloques provinciales de Misiones, Santa Cruz, Chubut, Salta, Tucumán y Neuquén, que podrían aportar los votos decisivos.
Los números del Presupuesto 2026
El proyecto en debate prevé un crecimiento del 5% del PBI, una inflación del 10,1%, un dólar oficial de 1.423 pesos a diciembre de 2026 y aumentos del 10,6% en las exportaciones y del 11% en las importaciones.
Plantea gastos totales por 148 billones de pesos y recursos por 148,2 billones, lo que proyecta un superávit primario de 2,7 billones de pesos. El 85% del gasto estará destinado a áreas sociales, como salud, educación, planes sociales y jubilaciones.
En el detalle, se asignan 8 billones a la administración gubernamental, 7 billones a Defensa y Seguridad, 106 billones a gastos sociales y 14 billones al pago de la deuda pública.
Con este escenario, el Gobierno apuesta a cerrar acuerdos políticos contrarreloj para aprobar un Presupuesto propio y darle previsibilidad a la gestión antes de cerrar el año legislativo.